Luego de los dos potentes sismos del 24 de junio, cuyas magnitudes de 7,2 y 7,5 los convierten en los más fuertes registrados en Venezuela en más de un siglo, el país podría enfrentar también un profundo impacto político. Apenas medio año después de la captura y extracción de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses, el desastre natural amenaza con alterar el rumbo de la transición que comenzaba a tomar forma.
Con proyecciones de la ONU que apuntan a miles de muertos y heridos, así como a millones de afectados —tanto por la pérdida total o parcial de sus viviendas como por la interrupción de servicios básicos como el agua, la electricidad y el gas doméstico—, este evento sísmico profundiza una crisis humanitaria preexistente y terminará teniendo consecuencias en el tablero político venezolano.
Una primera lectura es que la crisis derivada de los terremotos alejará, al menos en el corto plazo, cualquier horizonte de transición democrática ordenada.
El Departamento de Estado de EEUU, bajo la conducción del secretario Marco Rubio, diseñó un plan estructurado en tres fases: estabilización (evitar el caos institucional y humanitario), recuperación económica (con acceso progresivo a los mercados internacionales y una flexibilización controlada de las sanciones) y, solo en una tercera etapa, transición democrática propiamente dicha, que incluiría elecciones competitivas.
La estabilización económica era una condición indispensable para avanzar hacia esa tercera fase. Los terremotos golpean directamente ese primer objetivo. La destrucción de infraestructuras, viviendas y servicios básicos en zonas densamente pobladas obliga a desviar recursos y atención hacia la emergencia inmediata.
Tras los sismos del miércoles, la recuperación económica prevista —que ya avanzaba con lentitud— se postergará inevitablemente. Analistas y fuentes diplomáticas coinciden en que cualquier avance significativo hacia elecciones libres y competitivas queda ahora condicionado a que las fases de estabilización y recuperación produzcan resultados tangibles. Un desastre de esta magnitud introduce un factor de imprevisibilidad que complica los plazos y las condiciones que Washington había establecido hace apenas seis meses.
En este nuevo escenario, la líder opositora María Corina Machado —figura central de la resistencia democrática y con una elevada imagen positiva en las encuestas previas al desastre— tendrá un margen de actuación limitado mientras permanezca fuera del país. Su regreso, anunciado en varias ocasiones durante este 2026, dependerá también del visto bueno de Washington.
En contraste, Delcy Rodríguez no solo ejerce de facto como jefa de Estado, sino que ha asumido el papel de principal interlocutora internacional en medio de la emergencia. La crisis ha fortalecido los canales diplomáticos con EEUU y también le ha permitido retomar contactos con otros gobiernos, incluidos algunos con los que Venezuela había deteriorado o suspendido relaciones durante el mandato de Maduro.
Esta posición la fortalece políticamente, al representar al Gobierno interino ante la comunidad internacional en un momento de urgente necesidad de ayuda humanitaria. Desde la perspectiva del chavismo que permanece en el poder, la crisis provocada por los terremotos justificaría la postergación de cualquier proceso electoral relevante, al menos durante el resto de 2026. La reconstrucción, la atención a los damnificados y la recuperación de los servicios básicos desplazarán previsiblemente el debate sobre elecciones y reinstitucionalización.
Ese aplazamiento juega a favor de la continuidad del interinato, que gana tiempo para consolidar sus estructuras de poder y gestionar la emergencia sin la presión inmediata de una contienda electoral.
Sin embargo, ese margen de maniobra no es ilimitado. Encuestas realizadas antes de los sismos, como las de las firmas Delphos y Atlas Intel, reflejaban un rechazo significativo a la gestión de Delcy Rodríguez, con niveles de desaprobación de entre el 60% y el 70%, además de un deseo mayoritario de cambio político, superior al 80% en algunos sondeos.
Ese malestar acumulado tras años de Gobierno de Maduro —marcados por la crisis económica, la emigración masiva y el fraude electoral— no desaparece con los terremotos. De hecho, la caída de Maduro habría reforzado la expectativa de un cambio político real, incluso entre sectores tradicionalmente identificados con el chavismo, según un estudio de Delphos realizado a inicios de junio.
Aunque desde el poder se apueste ahora por prolongar el interinato sin elecciones, ese descontento latente podría intensificarse si la gestión de la emergencia se percibe como ineficiente, lenta o marcada por la corrupción en la distribución de la ayuda internacional.
Aunque las protestas abiertas contra el Gobierno interino han sido limitadas hasta ahora —en parte por el desgaste ciudadano y el temor al aparato represivo—, un manejo inadecuado de la emergencia, ya sea por falta de respuesta, desvío de recursos o incapacidad para canalizar la ayuda internacional con transparencia, podría actuar como catalizador del malestar social.
La estabilidad del Gobierno de Rodríguez sigue siendo frágil por diseño: depende de un delicado equilibrio entre el respaldo de Washington, la lealtad de sectores militares y del chavismo remanente, y una opinión pública que ya mostraba elevados niveles de rechazo antes del desastre.
El devenir político de Venezuela en los próximos meses dependerá, en buena medida, de la forma en que el Gobierno interino gestione esta crisis. Una respuesta eficaz —coordinada con la ayuda internacional, transparente en el uso de los recursos y capaz de atender las necesidades básicas de la población afectada— podría otorgarle a Delcy Rodríguez un capital político que le permita consolidarse y prolongar su permanencia en el poder.
Por el contrario, las demoras, los escándalos de corrupción o una percepción generalizada de abandono podrían agravar el descontento preexistente y empujar a amplios sectores de la población hacia protestas más abiertas y masivas. En un país con una infraestructura ya muy deteriorada y una economía que apenas comenzaba a mostrar signos de recuperación, el margen de error es mínimo.
Los terremotos del 24 de junio no solo han causado una enorme destrucción material; también han introducido una variable que altera los tiempos y las condiciones del proceso político venezolano.
Por ahora, la transición democrática no parece una prioridad inmediata. La urgencia pasa por atender la crisis humanitaria. Sin embargo, si esa respuesta resulta insuficiente, el Gobierno interino de Delcy Rodríguez podría enfrentarse a un resurgimiento del descontento social que ya existía antes del desastre y que los terremotos, lejos de disipar, podrían terminar amplificando.
