Al menos dos policías resultaron heridos por arma de fuego durante una operación de desbloqueo de vías el sábado 6 de junio en la región oriental de Santa Cruz, que permanece desde hace 24 días cerrada por los sectores que piden la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.
La acción conjunta entre la Policía y el Ejército comenzó a las 6:00AM, hora local, cerca de la población de San Julián, a 117 kilómetros al noreste de la ciudad de Santa Cruz, sobre una carretera alternativa que conecta esa región con Beni y el occidente del país.
"Los comunarios se organizaron y nos empezaron a agredir de manera brutal, con petardos, piedras y otros elementos (…) nosotros utilizamos agentes químicos para poder dispersar a esta multitud que se encontraba de manera agresiva", declaró a los medios el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, citado por la agencia de noticias EFE.
La acción logró inicialmente habilitar la vía, lo que permitió el paso de vehículos, pero minutos después los manifestantes se reagruparon y sostuvieron un enfrentamiento con la Policía, que se extendió por más de cuatro horas.
Fue entonces cuando se escucharon disparos, por lo que la Policía y el Ejército tuvieron que retroceder y replegarse.
Gómez precisó que un uniformado "recibió un disparo de proyectil de arma de fuego que acertó a la altura de la cabeza", mientras que otro sufrió "un impacto de bala en el muslo derecho". A seguidas, se dispuso la evacuación de ambos.
El sábado se cumple un mes de los bloqueos de caminos que lideran la Federación de Campesinos Túpac Katari y la Central Obrera Boliviana, a los que se sumaron los grupos leales al expresidente Evo Morales (2006-2019), quienes piden la renuncia de Paz como "única demanda".
Estos sectores acusan a Paz de haberlos marginado del Gobierno y de buscar privatizar y elevar las tarifas de los servicios básicos mediante un paquete de leyes que prevé enviar al Legislativo, algo que el Gobierno ha negado.
En las últimas semanas, los bloqueos de carreteras se extendieron a ocho de las nueve regiones de Bolivia, provocando escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y, especialmente, oxígeno medicinal para los centros de salud.
Durante el conflicto han muerto siete personas por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, y otras tres en el contexto de las protestas, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo, según datos de la Defensoría del Pueblo.
Esto sucede cuando está previsto que la Cámara de Diputados trate el proyecto de ley que reglamenta los estados de excepción y otorga mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas en casos de conmoción interna, que ya fue aprobado por el Senado.
La situación agrava la crisis económica que viven los bolivianos desde 2023, marcada por la escasez de divisas y la inflación, por lo que aumentan las voces que piden a Paz declarar un estado de excepción ante la negativa de los sectores movilizados a dialogar.
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) reportó que las pérdidas económicas por el conflicto ascienden a unos 2.100 millones de dólares, con afectaciones a los empresarios privados y los trabajadores independientes.
Por su parte, el sector turístico registra perjuicios por 1.230 millones de dólares, además de un deterioro de la "imagen-país", según datos del Ministerio de Turismo.
Reacción de EEUU y sus aliados regionales
Los Gobiernos que conforman el Escudo de Las Américas, promovido por EEUU, expresaron su respaldo a Paz y denunciaron un intento de "derrocar" al Gobierno boliviano por medio de protestas que, según aseguran, son financiadas con "dinero ilícito proveniente del narcotráfico".
Bolivia recibió apoyo humanitario de Estados Unidos, Perú y Chile, mientras que Argentina envió un par de aviones de carga con alimentos hacia La Paz y El Alto.
El Parlamento, la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y activistas de derechos humanos intentaron mediar en un proceso que no prosperó por la negativa al diálogo y los condicionamientos de los dirigentes de los sectores movilizados.
El viernes último, los campesinos aimaras del altiplano de La Paz dieron un ultimátum al presidente Paz para que presente su renuncia, aunque el mandatario reiteró su voluntad de dialogar.
La posibilidad de dictar un estado de excepción en Bolivia surgió después de que las primeras movilizaciones derivaran en enfrentamientos con la Policía y saqueos de oficinas estatales y privadas, principalmente en La Paz.
El Parlamento abrogó una ley vigente desde 2020 que restringía la labor de las Fuerzas Armadas en casos de conmoción interna, mientras que el Ejecutivo envió al Legislativo un proyecto para reforzar las atribuciones de las fuerzas de seguridad.
Paz dijo que utilizará todos los recursos que le permite la Constitución para superar el conflicto, aunque remarcó que apelará al diálogo como primera vía de solución.
