Maduro busca reducir presión internacional excarcelando a presos políticos

En Navidad y año nuevo, en Caracas, el régimen de Nicolás Maduro anunció una serie de excarcelaciones de personas detenidas durante la ola represiva que siguió a las elecciones presidenciales de julio de 2024. Si bien el Gobierno dio una versión, organizaciones de derechos humanos verificaron cifras menores y cuestionaron que se hable de "liberaciones".

El chavismo presentó estas medidas como actos de "humanismo" y "preservación de la paz". Observadores las interpretaron como una estrategia de gestos calculados para aliviar la presión internacional en un momento de creciente aislamiento diplomático para el régimen de Maduro.

Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) que monitorean estos casos de detención política, coincidieron en señalar que las cifras verificadas son sensiblemente inferiores a las proclamadas por las autoridades, que las "liberaciones" son en realidad excarcelaciones bajo estrictas condiciones restrictivas y que, sobre todo, no incluyen a ninguna figura política de relevancia opositora.

Con más de 1.000 presos políticos aún recluidos, según registros independientes actualizados al cierre de 2025, estas acciones parecen insuficientes para alterar el panorama de represión que define al régimen venezolano.

El 25 de diciembre de 2025, el Ministerio para el Servicio Penitenciario anunció la excarcelación de 99 personas detenidas por supuestos delitos cometidos durante "acciones violentas de sectores extremistas" tras los comicios de 2024. No obstante, las verificaciones independientes redujeron drásticamente esa cifra. Foro Penal, una de las organizaciones más rigurosas en el seguimiento de estos casos, confirmó solo 61 excarcelaciones hasta el 29 de diciembre.

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), integrado por familiares, reportó 71 casos verificados. Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), otra entidad clave, estimó 63, y subrayó que estas medidas eran "claramente insuficientes" frente a los 1.085 presos políticos registrados en sus bases de datos a finales de diciembre.

El Gobierno no ofrece un listado propio, solo proporciona una cifra global, con lo cual los activistas y familiares hacen una labor de hormigas para verificar qué ocurrió exactamente. JEP, por su parte, dio cuenta de un hallazgo relevante. Entre los excarcelados para Navidad estaban 24 personas que no figuraban en las listas de presos políticos de las ONG.

Una semana después, el 1 de enero de 2026, el Gobierno proclamó la liberación de 88 individuos, nuevamente bajo el argumento de una "revisión integral" de casos. Sin embargo, las ONG volvieron a constatar discrepancias. JEP verificó inicialmente 33 casos, aunque estimaciones preliminares de familiares mostraban 47 confirmados en las primeras horas. Foro Penal, por su parte, se encontraba en proceso de verificación caso por caso, mientras que el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) destacó que los excarcelados no gozaban de libertad plena.

Estas diferencias numéricas no son nuevas en Venezuela. Las autoridades tienden a inflar las cifras para proyectar una imagen de clemencia, mientras que las ONG, basadas en testimonios directos de familiares y abogados, aplican criterios más estrictos de verificación.

Lo que distingue estas medidas de verdaderas liberaciones es su carácter condicional y restrictivo, un aspecto que las ONG denuncian sistemáticamente como una forma de control prolongado. Los excarcelados reciben medidas cautelares que incluyen prohibición de salida del país, veto a declaraciones públicas o en redes sociales sobre sus casos, y la obligación de presentarse ante un tribunal cada 30 días.

Como ha expresado el OVP, "la persecución judicial no cesa; el Estado solo está cambiando la forma de restringir la libertad".

JEP y Provea coinciden en que estas condiciones convierten la "libertad" en una vigilancia permanente, manteniendo a los individuos en un limbo jurídico que disuade cualquier forma de disidencia futura.

Un caso ilustrativo es el de Marggie Xiomara Orozco, una médica de 65 años excarcelada en la oleada navideña. Detenida en agosto de 2024 por un audio privado en WhatsApp criticando la escasez de alimentos y medicinas bajo el gobierno de Maduro, había sido condenada a 30 años por "traición a la patria", "incitación al odio" y "conspiración".

Su liberación, parte de los anuncios oficiales, ejemplifica cómo el régimen penaliza incluso expresiones privadas de descontento, reportadas por comités locales progubernamentales.

Otro ejemplo reciente es el de Jonathan Torres, artista plástico de 26 años liberado el primero de enero, cuyo caso ganó visibilidad por ser hijo de una conocida actriz televisiva.

La ausencia más notable en estas listas es la de figuras políticas relevantes. Ninguno de los excarcelados pertenece al liderazgo opositor de peso: no hay dirigentes de partidos como Vente Venezuela, comandado por María Corina Machado, ni activistas políticos y sociales de alto perfil público.

Estas excarcelaciones recientes se centran casi exclusivamente en ciudadanos comunes —jóvenes de barrios populares, manifestantes anónimos, incluso menores de edad— arrestados en las protestas masivas que cuestionaron la reelección de Maduro, proclamada sin presentación de actas electorales pese a demandas internacionales de países como Colombia y Brasil.

En un contexto de abierta presión de Estados Unidos, con sanciones renovadas, cierre del espacio aéreo e incautación de buques petroleros, estos gestos del chavismo buscan proyectar moderación sin ceder terreno político, tal como apunta un diplomático sudamericano consultado por DIARIO DE CUBA.

Tras las excarcelaciones se mantienen unas 1.000 personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela. Desde 2014, Foro Penal ha documentado más de 18.600 detenciones por motivos políticos, con miles aún bajo medidas restrictivas incluso tras ser "liberados".

Las condiciones de detención agravan la situación de violaciones a derechos básicos. Informes como "Prisión injusta, celdas inhumanas" del Clippve, publicado a finales de 2025, describen hacinamiento extremo, alimentación contaminada, aislamiento y torturas en centros como Tocorón y El Rodeo I. 

El OVP ha denunciado que los presos políticos son deliberadamente mezclados con población penal común para exponerlos a mayores riesgos, en un sistema penitenciario colapsado por el abandono estatal.

Según el OVP, en el Rodeo I, en las afueras de Caracas, custodios han advertido que los detenidos serían utilizados como "escudos humanos" en caso de intervención de Estados Unidos, generando temores de desaparición forzada y tortura. Esta grave denuncia fue amplificada por la líder opositora María Corina Machado, quien pidió una acción urgente de la comunidad internacional en favor de los presos políticos venezolanos.