Con su candidata ubicada en tercer lugar en las encuestas, el Partido Libertad y Refundación (Libre), coordinado por el expresidente Manuel Zelaya, ha consumado un diseño institucional para neutralizar una previsible derrota en las elecciones generales del 30 de noviembre al instalar una Comisión Permanente del Congreso, en medio del receso del Poder Legislativo de Honduras.
Analistas, juristas y líderes opositores alertan que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, instaló una Comisión Permanente de nueve miembros, ocho de ellos oficialistas, que asumirá funciones plenas hasta el 20 de enero de 2026, fecha de la nueva legislatura. Esto ocurrió el 31 de octubre e ignora la prórroga del periodo ordinario aprobada por 74 diputados opositores tres días antes.
El constitucionalista Juan Carlos Barrientos sentenció: "Cualquier acto de esta Comisión será inconstitucional y generará responsabilidad penal por usurpación de funciones".
Observadores políticos en Tegucigalpa estiman que esta acción obedece a que se espera una derrota de la candidata de Libre, en las elecciones presidenciales previstas para el 30 de noviembre. Sin posibilidad de legal de ir a reelección, la esposa del expresidente Zelaya, Xiomara Castro, deberá entregar el poder en enero de 2026 a quien resulte vencedor en las urnas, dentro de cuatro semanas.
El promedio de sondeos, excluyendo los no autorizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sitúa al presentador Salvador Nasralla (Partido Liberal) encabezando con un 27%, seguido por el exalcalde Nasry "Tito" Asfura (Partido Nacional) con un 25% y la ministra Rixi Moncada (Libre) con un 19%. Si esta tendencia no cambia, tendría lugar un balotaje entre los dos primeros, con lo cual la candidata de Zelaya quedaría fuera de la carrera presidencial.
El diputado liberal Jorge Cálix calificó la Comisión de "manotada de ahogado de un Gobierno que sabe que el 30 de noviembre se va" y anunció que 70 legisladores opositores se autoconvocarán para declarar nulos todos los actos de la Comisión.
Cálix advirtió que Redondo mantiene paralizado el hemiciclo desde hace 68 días para evitar votaciones. La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, fue tajante: "Con una Comisión Permanente monolítica, Libre oficializará resultados sin contralor".
Mena citó el precedente del Tribunal Supremo Electoral controlado por el Partido Nacional, que prolongó 36 días el escrutinio y declaró ganador a Juan Orlando Hernández pese a una ventaja inicial de cinco puntos para Salvador Nasralla, en 2017, quien nuevamente disputa la Presidencia de Honduras.
El candidato presidencial liberal Salvador Nasralla declaró: "El Gobierno está en cuarto lugar; entorpece el proceso uniendo Fuerzas Armadas, Ministerio Público, Congreso, Xiomara Castro, Rixi Moncada y Mel Zelaya para amedrentar a las consejeras del CNE. No lo permitiremos".
Nasralla convocó a las iglesias católica y evangélicas a "defender la democracia" y anunció movilizaciones de calle en protesta.
En tanto, el secretario del Congreso, Carlos Zelaya —hermano del expresidente—, evitó precisar si removerán autoridades electorales a escasas semanas de las elecciones, como ha advertido la oposición: "Eso lo decidirá la Comisión en su momento".
La controversia se agravó con un decreto presidencial del 31 de octubre, firmado por la mandataria Xiomara Castro, que pone a las Fuerzas Armadas bajo mando exclusivo del CNE durante las próximas semanas hasta la realización de las elecciones. Se trata de una medida inédita en el país centroamericano.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y Transparencia Internacional emitieron comunicado conjunto exigiendo "disolución inmediata de la Comisión ilegal" y advirtieron que cualquier alteración electoral "pondría en riesgo 1.200 millones de dólares en inversión extranjera programada para 2026".
"La presidenta Xiomara Castro prometió restaurar la institucionalidad y combatir la corrupción con una comisión anticorrupción de Naciones Unidas (cuando inició en 2022). Nada de eso ha sucedido. En cambio, Libre ha trabajado asiduamente para estrechar lazos con los autoritarios regionales y atacar a la empresa privada", sostiene Ryan Berg, director del Programa Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Washington.
Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la OEA, que desplegará 92 expertos desde el 10 de noviembre, solicitó "acceso irrestricto" a sesiones de la Comisión controlada por Libre y al centro de cómputo del CNE. Su jefa, Isabel de Saint Malo, declaró: "Cambiar autoridades electorales a 28 días de comicios viola el artículo 23 del Pacto de San José y compromete la credibilidad del proceso".
Medios de prensa de Honduras, como El Heraldo, han recordado como precedente cercano lo ocurrido en 2023: una Comisión Permanente idéntica designó como fiscales interinos a Johel Zelaya y Mario Morazán, ambos afines a Libre, paralizando el Congreso por meses, en medio de acalorados debates.
Morazán pasó luego al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), donde el 21 de octubre recusó al presidente Mario Flores, por decisiones de este en el actual proceso electoral, abriendo la puerta a impugnaciones masivas el 30 de noviembre. El TJE es el único órgano que puede anular mesas, inhabilitar candidatos o declarar fraude en las venideras elecciones presidenciales.
"El Gobierno de Xiomara Castro ha pasado de prometedor a problemático. La militarización del CNE, el allanamiento al TJE y la Comisión Permanente monolítica [controlada por Libre] no son continuidad administrativa [como afirma Castro], sino mecanismos para condicionar el 30N", precisa Berg , en un posteo en X.
Según La Prensa, en Tegucigalpa la noche de este sábado cerró con barricadas frente al Congreso y el grito de manifestantes: "¡No al fraude, sí a la democracia!". Con lo cual se prevén semanas agitadas en el país centroamericano durante este mes de noviembre.
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