El poder político en Honduras parece estar captado por el narcotráfico

Honduras vive un nuevo escándalo sobre las conexiones entre la clase política y el narcotráfico. Con el recuerdo aún fresco de la condena que recibió en EEUU el exmandatario Juan Orlando Hernández, la población fue sorprendida por un nuevo escándalo que envuelve a la familia Zelaya, actualmente en el poder con la presidencia de Xiomara Castro de Zelaya.

La sociedad ha presenciado una suerte de telenovela, que incluyó la renuncia intempestiva de dos miembros de la familia Zelaya a altos cargos en el Gobierno, la tensión diplomática con Washington al punto de romper el tratado de extradición con ese país para ciudadanos hondureños, y el recurso oficial de echar mano de su figura mejor posicionada en las encuestas, todo esto a pocos días de que comience la carrera presidencial de 2025, con el llamado a inscripción de candidaturas, proceso previsto para iniciar este 8 de septiembre.

Tal como comenta el periodista Carlos Girón, de El Heraldo de Tegucigalpa a DIARIO DE CUBA, la crisis política que envuelve al país centroamericano tuvo un primer punto clímax el 28 de agosto. Ese día, la embajadora de EEUU en Honduras, Laura Dogu, criticó la reunión de los ministros de Defensa de Honduras y Venezuela, José Manuel Zelaya Rosales y Vladimir Padrino López.

Padrino López, un militar activo y quien ha manifestado una postura obsecuente con la dictadura castrista de Cuba, ha sido reprendido duramente por Washington al incluirle en una lista de sancionados, tanto por presuntamente favorecer el narcotráfico como por su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos.

La diplomática estadounidense dijo que "fue sorprendente para mí, ver al ministro de Defensa (de Honduras) y al jefe del Estado Mayor Conjunto (el General Roosevelt Hernández) sentado al lado de un narcotraficante en Venezuela". El vídeo de dicha reunión se difundió el 19 de agosto por las redes sociales de Padrino López, desde Caracas.

La respuesta del Gobierno de Xiomara Castro de Zelaya, quien asumió el poder en 2021 con un discurso en contra del narcotráfico y la corrupción, fue tajante. La mandataria dejó sin efecto el tratado de extradición con EEUU, que permitió encarcelar a unos 50 hondureños ligados al tráfico de droga, entre ellos poderosos políticos. Tal decisión alimentó sospechas de que había miembros del Gobierno izquierdista relacionados con el tráfico de drogas.

Pero el escándalo político aún no había llegado a su momento cumbre. Eso tuvo lugar tres días después. El 31 de agosto, el secretario del Congreso, Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya, padre del ahora exministro de Defensa José Manuel Zelaya y cuñado de Xiomara Castro, renunció también de manera sorpresiva como congresista.

Ese mismo día, horas después, el titular de Defensa también renunció a su alto cargo en el Gobierno de la mandataria. Su padre admitió ese día que en 2013 se reunió con narcotraficantes, pero aclaró que no había recibido ningún soborno. En una suerte de vendetta, ese mismo día, Carlos Zelaya señaló a Rafael Sarmiento, jefe de la bancada del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) en el Congreso, por haber organizado esta reunión con narcotraficantes en 2013. Sarmiento rechazó la acusación, pero en materia de opinión pública el escándalo parecía ya indetenible.

En tanto, el 1 de septiembre la presidenta Xiomara Castro trató de calmar las aguas al nombrar a Rixi Moncada como sucesora de su sobrino Manuel Zelaya Rosales en la Secretaría de Defensa.

Moncada tiene aspiraciones presidenciales y participará en las primarias del partido gubernamental Libre, previstas para el 9 de marzo de 2025. De acuerdo con el periodista Girón, es la figura oficial que tiene mejor valoración, según muestran las encuestas de opinión pública en Honduras.

Toda esta trama se conecta, además, con el caso que reveló las relaciones entre las máximas instancias de poder político en Honduras y el narcotráfico. Carlos Zelaya fue mencionado en marzo de este año en el juicio, en Nueva York, en el que fue condenado a 45 años de cárcel, por narcotráfico, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

Hernández, quien aún espera una decisión de un juez federal que podría condenarlo a cadena perpetua, fue (aunque suene paradójico) un estrecho colaborador de EEUU para luchar contra el narcotráfico.

El exmandatario, quien dirigió Honduras de 2014 a 2022, recibió de EEUU más de 50 millones de dólares para luchar contra el narcotráfico, además de decenas de millones de dólares en ayuda militar y de seguridad. El Departamento de Justicia concluyó en marzo de este año que abusó de su poder para dirigir Honduras como un "narcoestado", aceptando millones de dólares en sobornos de traficantes para proteger sus cargamentos de cocaína con destino a EEUU.

"En Honduras antes, durante y después del proceso que se le ha seguido en EEUU al expresidente Hernández, se le ha señalado al sistema político hondureño de estar coludido con el narcotráfico, de manera directa e indirecta", apunta Carlos Girón.

Entre los hondureños, que usaron redes sociales para manifestar su hartazgo, el actual escándalo devela que las redes del narcotráfico tienen penetradas las altas esferas del poder político.

Para el periodista Carlos Girón, a poco de iniciarse la campaña electoral de cara a las presidenciales de 2025, todos estos sucesos dejan en entredicho al discurso oficialista, de la actual mandataria Xiomara Castro de Zelaya, quien durante su gestión ha atacado "y, con razón, al Gobierno de Hernández, por sus vínculos con el narcotráfico. Pero el narcotráfico parece estar enraizado sin distinción política" en el país centroamericano.

Para Girón la gran interrogante es si efectivamente para su país se aplica la categoría de narcoestado que salió a relucir durante el proceso judicial que se llevó a cabo contra Hernández en Nueva York.

El fallo de marzo simbolizó la caída en desgracia de una figura que tuvo mucho poder en Honduras, pero que ya estaba largamente en la mirilla de Washington. Hace tres años, su hermano Juan Antonio Hernández fue condenado también en Nueva York a prisión de por vida, por la misma causa. Dos años antes, la Fiscalía de Manhattan acusó al entonces mandatario de recibir un millón de dólares del tristemente célebre narco mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán.