La deriva autoritaria que parece haberse cebado en Nicaragua tiene un nuevo capítulo. El régimen que encabeza Daniel Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, aprobó de forma exprés una ley que declara propiedad estatal una franja de 15 kilómetros a lo largo de todas las fronteras del país, poniéndola bajo el control exclusivo del Ejército de Nicaragua.
La Ley de Territorio Fronterizo, aprobada de manera expedita el pasado 5 de agosto por un Parlamento controlado por el Frente Sandinista, refuerza el control del régimen sobre áreas estratégicas, pero en este caso genera interrogantes sobre un eventual beneficio para China en medio del estrechamiento de relaciones entre Managua y Beijing.
La nueva legislación, que deroga la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras de 2010, establece que los 15 kilómetros desde los límites fronterizos con Honduras y Costa Rica, abarcando más de 12.000 kilómetros cuadrados, lo cual representa alrededor del 10% del total del territorio de Nicaragua, pasan a ser propiedad del Estado nicaragüense. Para productores agrícolas y ganaderos, la medida tiene un carácter confiscatorio.
El diputado sandinista Edwin Castro justificó la ley asegurando que no afectará a los nicaragüenses que habitan en estas zonas, sino que busca frenar actividades del crimen organizado
La franja de 15 kilómetros incluye tierras fértiles y áreas clave para la agricultura y la ganadería, sectores vitales para la economía nicaragüense. En regiones como Río San Juan, colindante con Costa Rica, y en la frontera con Honduras, miles de pequeños productores y ganaderos dependen de estas tierras para cultivos como maíz, frijoles, café y para la cría de ganado.
"No sabemos si podremos seguir trabajando nuestras tierras o si seremos desplazados por el Ejército", dijo un ganadero de la zona fronteriza con Costa Rica a la agencia estadounidense Asociated Press, pero bajo condición de anonimato. Entre los productores ha cundido el temor de represalias.
Manuel Orozco, analista del Diálogo Interamericano, señaló desde Washington que la ley responde a una estrategia de control territorial y económico, destinada a centralizar recursos estratégicos como el oro y facilitar negocios opacos con aliados como China.
En esa misma dirección, el politólogo costarricense Carlos Murillo sostiene que la medida tiene un trasfondo geopolítico, especialmente en el contexto de la creciente influencia china en Nicaragua. Según Murillo, la ley podría estar diseñada para garantizar el control estatal sobre rutas migratorias y áreas de explotación minera, facilitando proyectos de infraestructura que beneficien a Beijing, como puertos o canales alternativos.
Diversos observadores y críticos del sandinismo sostienen que uno de los motivos principales parece ser la explotación de recursos naturales. El oro, principal producto de exportación de Nicaragua, ha visto un crecimiento del 20% en ventas en 2024. La nueva ley podría blindar legalmente las concesiones mineras otorgadas a empresas chinas, como Thomas Metal, en áreas protegidas, despojando a comunidades indígenas y pequeños propietarios.
El régimen de Ortega y Murillo, ampliamente sancionado por Occidente y sin la presencia de Rusia como aliado, que fue determinante en el pasado pero que ahora enfrenta desafíos propios tras su invasión a Ucrania, ha apuntado hacia el Lejano Oriente y en particular dio un viraje clave hace tres años al romper relaciones con Taiwán y aceptar el discurso oficial de Beijing, una sola China.
No hay datos oficiales para el comercio bilateral total en 2024, pero las exportaciones nicaragüenses a China se proyectaron en 200 millones de dólares, un aumento significativo desde los 20,9 millones de 2023, gracias a la entrada en vigencia de un tratado de libre comercio entre ambos países. Las importaciones chinas que hace Managua están cuantificadas, pero incluyen bienes manufacturados y tecnología.
Por otro lado, China proporcionó al menos 567.17 millones de dólares en préstamos en 2024, enfocados en infraestructura (aeropuerto, carreteras y sistemas de emergencias). La inversión china en Nicaragua incluye también la minería.
Finalmente, esta nueva decisión de nacionalizar y militarizar la franja fronteriza representa un nuevo capítulo en la deriva autoritaria de Ortega y Murillo. Para productores agrícolas y ganaderos, la incertidumbre sobre sus tierras amenaza su sustento, así como la producción agropecuaria en las regiones fronterizas.
El abogado Eliseo Núñez subraya que la ley deja abierta la posibilidad de un cambio profundo en la tenencia de la tierra, sin reglas claras para los afectados. "No establece en ninguna parte de qué manera te van a compensar, de qué manera te van a pagar, si van a aplicar una ley de expropiaciones o un decomiso", denuncia este abogado.
Asimismo, la nueva ley tampoco define qué ocurrirá con las actividades productivas ya establecidas o proyectos binacionales que dependen del cruce de bienes y recursos por las fronteras con Costa Rica y Honduras.
