El chavismo castiga también a sus voces críticas

Dos casos recientes, la detención arbitraria de la activista de derechos humanos Martha Lía Grajales y el impedimento de salida a Colombia de la abogada María Alejandra Díaz, simbolizan el mensaje que el chavismo quiere dar después de las elecciones del 28 de julio de 2024: en la Venezuela gobernada por Nicolás Maduro, no hay espacio para la disidencia, ni siquiera dentro de las filas del chavismo crítico.

Martha Lía Grajales, activista de derechos humanos y militante del colectivo popular de izquierda Surgentes, fue detenida arbitrariamente el pasado 8 de agosto por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) tras participar en una manifestación pacífica frente a la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Caracas.

Esta protesta no violenta, organizada en solidaridad con el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, buscaba visibilizar las detenciones arbitrarias de jóvenes y opositores tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, marcadas por denuncias de fraude y una represión sin precedentes.

Grajales, nacida en Colombia, pero radicada en Venezuela, ha sido una figura destacada en la defensa de los derechos de las comunidades populares, siempre desde una perspectiva crítica pero alineada con los ideales de justicia social que alguna vez defendió el chavismo originario. La detención de Grajales fue cuestionada por entidades fuera del país, es el caso de Argentina como Madres de Plaza de Mayo que históricamente han estado cercanas al chavismo o del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una entidad que suele guardar silencio ante los desmanes del chavismo.

Esta presión, desde el activismo de izquierda, que incluyó un pronunciamiento igualmente duro de Pares Colombia, junto a diversas expresiones de rechazo como Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, terminó llevando a la excarcelación de Grajales la noche de este 12 de agosto.

Sin embargo, tras ser acusada de  delitos como "incitación al odio", "conspiración con Gobierno extranjero" y "asociación para delinquir", no gozará de libertad plena y tendrá restricciones para expresarse públicamente, con lo cual el chavismo anula una voz crítica.

Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal que se enfoca en la problemática de los presos políticos en Venezuela, sostiene que tras el 28J las detenciones tienen un propósito claro: "intimidar a la población y desmovilizar cualquier forma de resistencia, incluso la que proviene de sectores que alguna vez fueron aliados del régimen".

Para Romero, el caso de Grajales es emblemático porque muestra cómo el chavismo ha abandonado cualquier pretensión de tolerar el disenso interno. "El mensaje es que nadie está a salvo, ni siquiera aquellos que comparten una base ideológica con el régimen. La lealtad absoluta es la única opción", afirma este defensor de derechos humanos.

Por su parte, María Alejandra Díaz, abogada y exmilitante chavista, ha enfrentado una persecución que la obligó a buscar asilo en la Embajada de Colombia en Caracas, tras meses de silencio forzado y amenazas directas del régimen.

Díaz, conocida por su defensa de los derechos constitucionales y una voz crítica desde la izquierda tras las denuncias de fraude electoral del año pasado, simboliza la postura de militantes del chavismo que cuestionan a Maduro por haberse alejado de los postulados originarios de Hugo Chávez e irrespetar la Constitución que este hizo aprobar en 1999.

Díaz permanece en la Embajada de Colombia en Caracas. Pese a tener formalmente asilo otorgado por el Gobierno de Gustavo Petro, no ha recibido el respectivo salvoconducto de la Cancillería venezolana para poder viajar a territorio colombiano.

El impedimento de salida de Díaz no es un caso aislado, sino parte de una estrategia más amplia para neutralizar a figuras que, desde el conocimiento jurídico o la trayectoria política de izquierda representan una amenaza para la legitimidad del régimen. Justamente Díaz tras alejarse del chavismo se alineó con el histórico Partido Comunista de Venezuela (PCV), que fue ilegalizado el año pasado y detenidos varios de sus militantes de base tras haber sido otrora aliado del poder especialmente en tiempos de Chávez.

Francisco Cox, miembro de la Misión de Verificación de los Hechos, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, advierte que el poder político actual en Venezuela utiliza estas medidas para "aplastar toda oposición pacífica, incluso la que proviene de sectores que en algún momento apoyaron al chavismo".

Cox subraya que la negativa a otorgar un salvoconducto a Díaz no solo viola su derecho a la libre movilidad, sino que también envía un mensaje de aislamiento: "El régimen quiere evitar que estas voces lleguen a la comunidad internacional, donde pueden denunciar las violaciones sistemáticas de derechos humanos".

Para observadores, los casos de Grajales y Díaz, aunque distintos en sus detalles, comparten un propósito común: consolidar el control absoluto de Nicolás Maduro. Al reprimir a antiguos aliados o simpatizantes, el chavismo envía un mensaje inequívoco: cualquier forma de crítica, por mínima que sea, será castigada con dureza, sin importar el historial de lealtad al proyecto bolivariano.

Esta estrategia busca no solo silenciar a los disidentes, sino también desalentar a otros dentro del movimiento a cuestionar la línea oficial, apuntan analistas.

El régimen de Maduro enfrenta una crisis de legitimidad tras las elecciones de julio de 2024, ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional y organismos como el Centro Carter, que no reconocieron la narrativa oficial de que Maduro había sido reelecto.

Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, sostiene que el chavismo ha perdido el respaldo popular que alguna vez tuvo y recurre a la represión para mantenerse en el poder.

"Lo que ocurrió el 28 de julio rompió el argumento de que el chavismo cuenta con el apoyo electoral de la población. Esto ha derivado en una persecución más agresiva para desactivar cualquier tipo de movilización ciudadana, incluso la de aquellos que alguna vez fueron parte de su base", explica Rodríguez desde Bogotá.