La Justicia brasileña va ahora tras el hijo de Bolsonaro, quien se encuentra en EEUU

La tormenta judicial, que desde varios frentes envuelve al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, tiene ahora un nuevo episodio, tras la decisión este 26 de mayo del Supremo Tribunal Federal (STF) de investigar a Eduardo Bolsonaro, diputado federal e hijo del líder conservador, a quien se le acusa de influir en la Administración Trump.

Eduardo Bolsonaro, de 40 años, y alineado completamente con la política de su padre, quien fue presidente de Brasil en el periodo 2019-2022, pidió una licencia como diputado y viajó a EEUU. De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), en territorio estadounidense el hijo del exmandatario trata de influir en el Gobierno de Trump para sancionar al magistrado Alexander de Moraes, una suerte de archirrival de su padre.

La solicitud de investigación contra Eduardo Bolsonaro fue solicitada por la PGR y autorizada este 26 de mayo por el propio Moraes, desde el STF.

Este nuevo capítulo de la tormenta judicial que envuelve a Jair Bolsonaro y ahora a su familia, se enmarca en un contexto de alta tensión política con ramificaciones en el terreno judicial. Al expresidente y sus colaboradores más cercanos se le acusa de haber orquestado un intento de golpe de Estado para evitar la toma de posesión del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que este venciera a Bolsonaro en los comicios de octubre de 2022.

En Brasilia, el fiscal general Paulo Gonet acusó al diputado conservador de incurrir en posibles delitos de coacción en el curso del proceso, obstrucción de investigaciones de carácter penal y tentativa de abolición violenta del Estado de derecho.

Según la PGR, Eduardo Bolsonaro, quien se encuentra en EEUU desde marzo de 2025 tras solicitar una licencia de cuatro meses de su mandato como diputado, ha llevado a cabo una campaña desde el exterior para presionar al Gobierno estadounidense y a congresistas republicanos para imponer sanciones contra el magistrado Alexandre de Moraes y otras autoridades brasileñas involucradas en los casos judiciales contra su padre y aliados políticos.

Entre las evidencias presentadas por la PGR se encuentran publicaciones en redes sociales y entrevistas concedidas por el joven diputado a medios de comunicación, en las que ha denunciado que Brasil vive bajo una "dictadura" judicial y ha defendido la imposición de sanciones internacionales contra Moraes, quien es el relator de los casos de las fake news y el intento de golpe de Estado, ambos relacionados con Bolsonaro padre.

Además, la PGR ha solicitado el monitoreo de las redes sociales de Eduardo Bolsonaro para preservar el contenido relacionado con estas acusaciones, así como la citación del expresidente Jair Bolsonaro para que declare ante la Policía Federal. Esto último debido a que el expresidente ha admitido públicamente que financia la estadía de su hijo en EEUU, lo que lo convierte en un posible beneficiario directo de las acciones del diputado, según lo que esgrime la PGR.

Desde su derrota en las elecciones de octubre de 2022, el expresidente ha sido objeto de investigaciones por su presunta participación en una trama golpista que tuvo un punto clímax con una serie de ataques el 8 de enero de 2023 a los edificios del STF, el Congreso y el Palacio del Planalto en Brasilia, buscando generar caos a una semana de que el septuagenario izquierdista Lula da Silva asumía la Presidencia por tercera vez.

En noviembre de 2024, la Policía Federal acusó formalmente a Bolsonaro y a otras 36 personas de delitos como intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho y organización criminal armada.

La Fiscalía presentó en febrero de 2025 una denuncia contra Bolsonaro y otros siete acusados, entre los que se encuentran militares de alto rango y exministros de su Gobierno.  Luego, el STF decidió por unanimidad abrir un proceso penal contra Bolsonaro el 26 de marzo de 2025, con Alexandre de Moraes como relator.

El papel de Moraes en estas investigaciones ha convertido al magistrado en una figura central y, a la vez, en un blanco de críticas por parte de los bolsonaristas, quienes lo acusan de persecución política y abuso de poder. Se le achacan nexos con Lula da Silva y también ganó notoriedad pública por su diatriba pública contra el propietario de la red social X, Elon Musk.

Entretanto, también se ha hecho público que, desde su llegada a EEUU en febrero de 2025, Eduardo Bolsonaro ha intensificado sus esfuerzos para internacionalizar el conflicto judicial que enfrenta su familia. Aprovechando las conexiones políticas de su padre, el diputado ha mantenido reuniones con congresistas republicanos y figuras cercanas a Donald Trump, incluyendo al secretario de Estado, Marco Rubio.

En sus redes sociales, el hijo del expresidente ha compartido publicaciones junto a legisladores que califican a Brasil como una "dictadura" y han abogado por sanciones contra Moraes bajo el amparo de la Ley Global Magnitsky, que permite a EEUU imponer medidas como el bloqueo de bienes, la cancelación de visas y la prohibición de entrada al país a autoridades extranjeras acusadas de violaciones de derechos humanos o corrupción.

Un momento clave ocurrió la semana pasada, cuando el congresista republicano Cory Mills preguntó al secretario de Estado, Marco Rubio, durante una audiencia en el Congreso estadounidense, si la Administración Trump consideraría sancionar a Moraes por supuestas violaciones de derechos humanos. Rubio respondió que había "una gran posibilidad" de que tales sanciones se apliquen por parte de la Casa Blanca.

Eduardo Bolsonaro ha negado que sus acciones constituyan una amenaza a la soberanía brasileña, argumentando que está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y denunciando lo que considera una persecución política contra su familia.

Hace tres meses, y teniendo como telón de fondo las declaraciones del teniente coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, asistente directo del expresidente conservador durante su mandato, salieron a relucir las diferencias en el seno de la familia Bolsonaro en relación a la estrategia a seguir tras las elecciones presidenciales de y la ajustada victoria de Luiz Inácio Lula da Silva (50,90%) sobre un Bolsonaro que buscaba la reelección y obtuvo 49,1% de los votos en la segunda vuelta, celebrada en octubre de 2022.

De acuerdo con Barbosa Cid, quien accedió a colaborar con la Justicia para conseguir una condena menor, el senador Flavio Bolsonaro, de 44 años, estuvo en contra de que se desconociera el triunfo de Lula da Silva, bajo el argumento de que su padre debía preservarse para seguir en la lucha política-electoral.

En cambio, Eduardo Bolsonaro, sí estuvo de acuerdo con seguir la estrategia del golpe de Estado, bajo el argumento de que habría ocurrido un fraude electoral en las elecciones.