Un caso de corrupción en INSS impacta políticamente a Lula da Silva

Un nuevo escándalo de corrupción ha sacudido a Brasil, poniendo en jaque la credibilidad del Gobierno del referente de la izquierda brasileña y latinoamericana, Luiz Inácio Lula da Silva.  El caso, centrado en el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), reavivó la imagen negativa gubernamental en un país donde la corrupción marcó profundamente su historia política reciente.

El caso del INSS, cuya trama de corrupción ha comprendido descuentos ilegales a jubilados y pensionados, golpea directamente a un Gobierno de izquierdas cuya bandera es la defensa de los más pobres, y también tiene como añadido que salpica al entorno cercano del septuagenario presidente, incluyendo a su hermano, José Ferreira da Silva, conocido como Frei Chico y con larga trayectoria en el mundo sindical.

Este escándalo provocó la renuncia de Carlos Lupi, ministro de Seguridad Social y miembro del Partido Democrático Laborista (PDT), aliado del Partido de los Trabajadores (PT) para conformar el Gabinete de Lula da Silva cuando este asumió el poder para un tercer periodo el 1 de enero de 2023.

Aunque Lupi no ha sido directamente implicado en el fraude, la magnitud del caso y las críticas por haber ignorado advertencias internas sobre las irregularidades hicieron insostenible su permanencia en el cargo. Además de Lupi, el presidente del INSS, Alessandro Stefanutto, fue destituido junto con otros cinco directivos.

El caso salió a la luz tras una investigación conjunta de la Policía Federal (PF) y la Contraloría General de la Unión (CGU), que destapó un esquema de deducciones no autorizadas en los recibos de jubilaciones y pensiones entre 2019 y 2024.

Según las autoridades, se estima que el fraude alcanzó los 6.300 millones de reales (aproximadamente 1.100 millones de dólares), afectando a unos seis de los 40 millones de beneficiarios del INSS. Las víctimas, en su mayoría jubilados y pensionados, sufrieron descuentos mensuales, disfrazados como cuotas de afiliación a sindicatos y asociaciones, sin haber autorizado dichas operaciones.

Entre las instancias implicadas en este esquema fraudulento contra adultos mayores figura un sindicato donde el hermano del presidente ocupa un cargo directivo. Se trata del Sindicato Nacional de Jubilados y Ancianos (SINDNAPI), cuyo vicepresidente es Frei Chico, hermano de Lula da Silva.

Aunque el propio Frei Chico ha negado cualquier irregularidad y ha afirmado que el sindicato está dispuesto a colaborar con las investigaciones, la implicación de su sindicato y el papel directivo que tiene en este añadió una dimensión política de alto nivel al caso del INSS.

El periodista Marcos Tosi señaló en Gazeta do Povo que el sindicato cuenta con más de 1.200 denuncias en la plataforma de consumidores Reclame Aquí por retiros indebidos, lo que sugiere que las irregularidades eran de conocimiento público desde hace años.

El escándalo llega en un momento delicado para Lula da Silva, quien acaricia la posibilidad de presentarse en las elecciones de 2026 para un cuarto periodo en la Presidencia. La popularidad del fundador del histórico PT ha estado en declive, dado el malestar ciudadano debido al alza de la inflación y críticas por la gestión económica.

Además, este es el segundo caso de corrupción que sacude a su Gabinete en pocas semanas, tras la renuncia en abril del ministro de Comunicación, Juscelino Filho, acusado de recibir sobornos en 2022 cuando era diputado.

En un discurso televisado, Lula da Silva intentó mitigar el daño, asegurando que su Gobierno había "desmontado" el esquema ilegal y prometiendo que los responsables serían procesados y los jubilados indemnizados.

Sin embargo, su ausencia en los actos del Primero de Mayo, una fecha emblemática para este dirigente izquierdista con raíces sindicales, fue interpretada como un signo de debilidad política. Además, la salida de Lupi debilita las alianzas del PT con el PDT, un socio clave en la coalición de gobierno, lo que podría complicar las negociaciones de cara a las elecciones de 2026.

En la percepción de los brasileños, el caso del INSS reaviva los fantasmas de los escándalos de corrupción que marcaron los gobiernos anteriores del PT, como el Mensalão y Lava Jato. Aunque Lula fue absuelto de las condenas relacionadas con Lava Jato en 2021 tras pasar 580 días en prisión, la decisión judicial se basó en irregularidades de forma sin decidir sobre el meollo, por lo que cualquier acusación de corrupción sigue siendo un lastre para su imagen.

La percepción pública de que el PT no ha logrado desmarcarse de prácticas corruptas podría erosionar aún más su base de apoyo, especialmente entre los sectores más vulnerables, como los jubilados y pensionados, un sector políticamente clave y afectados directamente por este fraude.

De acuerdo con el más reciente sondeo de Paraná Pesquisas, difundido en abril, la desaprobación de Lula da Silva llegó al punto más alto en este tercer mandato. Un 57,4% de los consultados dijo desaprobar su gestión de gobierno.

En esa misma dirección, en marzo la empresa internacional Ipsos mostró una desaprobación del 55% y señaló que tal tendencia venía en aumento desde diciembre de 2024. Esta encuestadora destacó una caída significativa en la aprobación, especialmente entre los sectores que históricamente apoyaban a Lula da Silva, como mujeres y jóvenes.

Estos estudios se hicieron antes de que se conociera el escándalo del INSS, un caso que le afecta por partida doble al presidente de izquierdas. No solo afecta negativamente la imagen de Lula da Silva, al ser un hecho de corrupción continuada, sino que también plantea preguntas sobre la capacidad del Gobierno para proteger a los sectores más vulnerables, como los jubilados, que fueron un pilar de sus políticas sociales en mandatos anteriores entre 2003 y 2011.