Los muertos son la estela más visible de la violencia criminal que asola a Haití, con énfasis en el pasado 2024, cuando el país estuvo varios meses sin gobierno alguno. Sin embargo, el drama humano más numeroso y que pasa desapercibido es el desplazamiento interno. El año pasado en el país caribeño cerca del 10% de la población debió huir de la violencia.
El 7 de enero, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos confirmó que el saldo de víctimas mortales de la violencia superó los 5.600 durante el año pasado. Una semana después, otra agencia de la ONU, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), confirmó que algo más de un millón de personas fueron obligadas a dejar sus hogares, a convertirse en desplazados internos, tras una violencia generalizada que tiene como foco principal a la capital haitiana, Puerto Príncipe.
Con una población total de 11,7 millones, la cifra de 1.041.00 haitianos desplazados dentro de su empobrecido país, principalmente huyendo de Puerto Príncipe, triplicó en 2024 este mismo fenómeno ya registrado en 2023, cuando fueron 315.000 y deja en evidencia que se está ante una ola de violencia creciente, sin visos de que la menguada Policía local o una reducida presencia de uniformados extranjeros, como ya reseñó DIARIO DE CUBA, vaya a ponerle coto en el corto plazo.
Tal como advierte de forma alarmante la OIM, el desplazamiento de tantos haitianos en tan corto tiempo no solo es producto que hayan vivido la violencia de cerca, aunque esta luce extendida según todos los reportes de la prensa extranjera que aún sigue operando desde el territorio de Haití.
La ola de violencia ha generado, asimismo, problemas para la llegada de alimentos a la capital, el colapso de los servicios básicos (los grupos criminales suelen, por ejemplo, atacar al sistema eléctrico), así como la disfuncionalidad en el sistema de salud, que se puso en evidencia tras el ataque de una banda armada contra un hospital justamente el día de Navidad.
"En este momento Haití necesita asistencia humanitaria sostenida para salvar y proteger vidas", señaló la directora general de la OIM, Amy Pope. "Debemos trabajar conjuntamente en el abordaje de las causas de origen de la violencia y de la inestabilidad que han llevado a tanta muerte y destrucción", clamó al dar a conocer el reporte sobre el desplazamiento interno de la población.
En Haití, la mayor parte de las personas desplazadas en 2024 vivían en la zona metropolitana de Puerto Príncipe. Muchos salieron buscando refugio en provincias, y siendo un movimiento humano masivo y desordenado ha tenido un impacto severo en las comunidades de acogida.
De acuerdo con cifras de entidades especializadas, Haití es el país más pobre de América Latina y el Caribe y registra uno de los mayores índices de desigualdad de ingresos del mundo. Más de seis de cada diez personas vive en condiciones de pobreza.
La endémica precariedad socioeconómica e inestabilidad gubernamental se vieron agudizadas por dos hechos hace cuatro años. En julio de 2021 fue asesinado quien era presidente Jovenel Moïse, y unas semanas después se registró un violento terremoto de magnitud 7,2 que se cobró más de 2.200 vidas y ocasionó daños estimados en 2.000 millones de dólares. Ese telón de fondo potenció la irrupción con fuerza de bandas criminales, dedicadas al tráfico de drogas y armas.
De acuerdo con datos de la OIM, un 83% de los haitianos desplazados depende de las comunidades de acogida, que están asimismo sumidas en la pobreza. Los restantes luchan para poder acomodarse en sitios espontáneos.
La crisis generalizada, según la OIM se ha empeorado con una dinámica que tiene poca difusión: las deportaciones. Unos 200.000 haitianos fueron deportados el año pasado, un hecho que ha ejercido una mayor presión sobre los servicios sociales y la población que les recibe de vuelta en medio de la precariedad.
Para el think tank Crisis Group, la deriva criminal en Haití demandará respuestas en 2025. De hecho colocan al país caribeño en el top ten de conflictos, sin tener claridad aún qué papel tomará el nuevo Gobierno de Donald Trump a partir del 20 de enero.
La gestión de Joe Biden apostó a una misión internacional de uniformados, al mando de Kenia, sin ser una misión de cascos azules de la ONU (por el bloqueo de Rusia y China en el Consejo de Seguridad), pero se desconoce si EEUU seguirá siendo el principal soporte económico de esta iniciativa.
Para Crisis Group, "un mayor colapso de Haití podría desencadenar otra ola de migrantes que huirían al estado de Florida, un bastión de Trump. Las fuerzas de paz de la ONU traerían, como mínimo, más soldados, equipo, un disuasivo más fuerte y tal vez experiencia en la desmovilización de combatientes". Sin embargo, no existe consenso al respecto.
Advierte este think tank que, si bien la gran mayoría de los haitianos detestan a las pandillas y rechazan la idea de negociar con ellas, la reciente toma de la capital y de las principales avenidas por parte de estas indica que las autoridades nacionales tendrán dificultades para erradicarlas, y la misión internacional luce insuficiente.
