El Congreso de Perú aprueba ley que prescribe crímenes de lesa humanidad para favorecer a Fujimori

El escenario de que Alberto Fujimori, de 86 años, se presente nuevamente a la Presidencia va cobrando fuerza en Perú. Este 4 de julio la Comisión Permanente en el Congreso aprobó en segunda discusión una ley para prescribir los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, con lo cual la presidenta Dina Boluarte, ahora es quien deberá refrendarla o no.

Los votos aprobatorios, en esta segunda y definitiva votación legislativa, los encabezó el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori, hija del exmandatario y sobre quien pesan investigaciones de presunta corrupción. Este partido, al cual Alberto Fujimori se afilió en días recientes, encabezó una coalición conservadora que se impuso en el seno del Congreso. La Comisión Permanente del Congreso reemplaza al pleno cuando hay receso parlamentario.

La ley, tal como fue concebida por los legisladores, además de Alberto Fujimori beneficiará a unos 600 militares procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto interno o "guerra contra el terrorismo" —según las autoridades de entonces— que dejó más de 69.000 muertos y 21.000 desaparecidos entre 1980 y 2000.

El Legislativo peruano había aprobado el proyecto en una primera votación el 6 de junio. Desde ese momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo público su rechazo a esta ley que sus promotores llaman Ley de Amnistía, pero que para las organizaciones de derechos humanos en realidad debe considerarse como una Ley de Impunidad.

Esta semana, antes de que se aprobara la ley, la Corte Interamericana insistió en su solicitud de abstenerse de promulgar el "proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú".

Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros del Perú, y por tanto estrecho colaborador de Boluarte, rechazó el pronunciamiento del tribunal hemisférico y sostuvo que la entidad especializada en derechos humanos "busca impedir que los poderes del Estado peruano ejerzan sus funciones constitucionales".

Aunque Boluarte tendría la potestad de no firmar la ley, la declaración en este tenor de su jefe de Gabinete Adrianzén hace prever que la presidenta peruana avalará la ley, que para observadores forma parte de un pacto no público entre ella y Keiko Fujimori, para allanar la candidatura del octogenario y otrora hombre fuerte de Perú, quien gobernó entre 1990 y 2000.

El Gobierno de Boluarte acató rápidamente un dictamen del Tribunal Constitucional a fines de 2023, con lo cual Fujimori recibió casa por cárcel alegando problemas de salud. Sus críticos, sin embargo, cuestionan que una vez fuera de la prisión el exgobernante se muestra activo y nada decaído en sus videos en las redes sociales, en medio de una campaña que busca limpiar su imagen pública, especialmente entre las nuevas generaciones de peruanos.

Alberto Fujimori recibió una condena de 25 años de prisión por crímenes contra los derechos humanos, y de estos cumplió 16 hasta fines de 2023, cuando fue enviado a su casa por razones humanitarias. Sin embargo, el expresidente todavía tiene pendiente un juicio, por el caso Pativilca. En este caso es acusado por una masacre de seis agricultores en 1992. Al tratarse de un juicio distinto a los ya sentenciados, él podría volver a prisión, pero con la ley quedaría protegido.

"No es una ley con nombre propio", dijo durante la primera votación el presidente del Congreso, Alejandro Soto. El argumento de sus promotores es que los delitos de lesa humanidad solo pasaron a ser considerados internacionalmente como tales a partir de 2002, cuando entró en vigencia en el Perú el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional (CPI).

El tema de los delitos de lesa humanidad ha estado en el tapete público en el país andino. Este 25 de junio dos entidades no gubernamentales, una internacional y otra peruana, acudieron ante la Fiscalía de la CPI, en La Haya, para solicitar que establezca la responsabilidad de la presidenta Dina Boluarte por 49 muertes y 937 heridos, durante sus primeras semanas en el poder, en medio de protestas de calle.

"El Congreso acaba de aprobar una ley que dejaría en la impunidad cientos de casos de graves violaciones de derechos humanos. Se trata de un desacato abierto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como Nicaragua y Venezuela, Perú se aleja del sistema interamericano de DDHH", criticó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) del Perú también rechazó esta ley: "Nos oponemos firmemente a una ley de amnistía que permite la prescripción de delitos de lesa humanidad en el Perú. Representa un grave retroceso en la búsqueda de justicia y verdad contra las violaciones a los derechos humanos".

La prensa peruana ha alertado que, si bien es notable que se busca favorecer a Fujimori, la ley constituye un grave retroceso.

Por ejemplo, entre los beneficiados figuran los altos mandos de las Fuerzas Armadas como el grupo paramilitar Colina, que consumaron las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta aduciendo que las víctimas, estudiantes universitarios, profesores y civiles, eran terroristas. En ambas operaciones fueron asesinadas 25 personas.

Uno de los coautores de la ley, actuando ahora desde el Congreso es José Cueto, un almirante retirado, quien fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. "Lo único que se está tratando de hacer es que nuestros policías y militares que lucharon contra el terrorismo en esa época (entre los 80 y 2000) sean tratados como cualquier ciudadano", comentó el legislador del conservador Renovación Nacional.

Medios de prensa han advertido que por la ley se vería beneficiado el excomandante Telmo Hurtado, quien en 1985 perpetró la masacre de Accomarca, donde fueron aniquilados 69 ayacuchanos, entre ellos una veintena de niños, bajo la excusa de que eran parte del movimiento armado maoísta Sendero Luminoso.

"La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es una norma de ius cogens y de derecho internacional consuetudinario, de la cual no se admite derogación alguna y a la cual el Perú debe adherirse", reaccionó el jurista Bernard Duhaime, relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

La ONG Acceso a la Justicia precisa que la expresión en latín ius cogens se puede traducir como derecho que obliga, y sirve para identificar un principio de derecho internacional público según el cual existen determinadas normas de carácter universal que sencillamente no pueden ser evadidas por los estados.