Mientras la Organización de Naciones Unidas (ONU) coloca a Haití en el top de los países más violentos de América Latina y el Caribe, junto con Ecuador, se ha desdibujado la propuesta aprobada por la propia ONU de enviar una fuerza multinacional al país caribeño, con Kenia a la cabeza, debido a un contrapunto entre el Gobierno y los tribunales en Nairobi.
La decisión tomada el 26 de enero por el máximo tribunal de Kenia, que declaró inconstitucional el envío de uniformados de ese país para apoyar la seguridad ciudadana dentro de Haití, ha dejado en suerte de limbo el plan que estuvo construyendo los últimos meses el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que logró el apoyo del Consejo de Seguridad el pasado octubre, como reseñó DIARIO DE CUBA.
El juez Enock Chacha Mwita dijo que Kenia solo podría desplegar agentes en el extranjero si tenía un "acuerdo recíproco" con el Gobierno anfitrión. También dictaminó que solo se podrían desplegar fuerzas de defensa, no servicios de seguridad. Tres peticionarios, incluido el político de oposición y abogado constitucionalista Ekuru Aukot, presentaron el caso y aseguraron a medios internacionales de prensa que el despliegue propuesto era inconstitucional, argumento aceptado por el tribunal.
El Ejecutivo keniano reaccionó rápidamente diciendo que recurrirá "de inmediato" la decisión judicial, según el portavoz presidencial Isaac Maigua Mwaura.
El 2 de octubre de 2023, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el envío de una nueva fuerza internacional al país caribeño con el objetivo de fortalecer a la Policía local y frenar a las bandas criminales que operan impunemente. Un aspecto relevante, en lo que puso su empeño Guterres, fue la de no incluir a los cascos azules de la ONU.
Con esto se ha tratado de aplacar las críticas que aún resuenan entre los haitianos por los excesos de la misión internacional que tuvo a la cabeza ese cuerpo durante una década, y que concluyó en medio de escándalos en 2017. Se aprobó, de esa manera, una fuerza internacional ad hoc liderada por Kenia y que se formaría con uniformados de países que voluntariamente se sumen a la iniciativa, que tendrá financiamiento de EEUU, para comenzar a operar.
El portal Democracy Now reprodujo opiniones de haitianos desde Puerto Príncipe, la capital de Haití y cuyo territorio está en uno 80% en manos de bandas criminales.
"Recuerdo cuando, entre 2005 y 2006, llegó la Misión de las Naciones Unidas en Haití al país. Los soldados dejaron hijos abandonados y propagaron enfermedades como el cólera. Muchos niños y niñas quedaron huérfanos de padre", rememoró Psycka Lemaire.
Entretanto, la misión aprobada por la ONU en octubre bajo la conducción de Kenia debía enviar 1.000 policías a Haití. El Parlamento del país africano aprobó esta decisión, que ahora está en suspenso por la decisión judicial. Los policías foráneos formarán a sus homólogos haitianos y ayudarán a asegurar los puntos clave. El Consejo de Seguridad les ha autorizado a utilizar "medidas de urgencia", entre ellas "efectuar detenciones".
Otros países africanos, incluidos Chad, Senegal y Burundi, también han dicho que sumarán tropas a la fuerza multinacional.
Haití concluyó 2023 con un índice de casi 41 homicidios por cada 100.000 habitantes y se vive una situación fuera de control de los cuerpos policiales y militares, como lo dejó en evidencia lo vivido en un hospital de Puerto Príncipe la semana pasada, cuando el centro de salud fue tomado por bandas delictivas. Finalmente, en este caso, la Policía local logró rescatar a los pacientes que habían sido tomados como rehenes.
El 25 de enero, un día antes de conocerse la decisión judicial en Kenia, el ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Jean Victor Geneus, dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la violencia de las pandillas en su país era tan bárbara como los horrores experimentados en las zonas de guerra, y una vez más pidió la intervención de una fuerza internacional.
"Desde que se retiró el personal de la última misión de mantenimiento de la paz de la ONU en 2017, el poder de las pandillas se ha extendido y el principal factor para explicar este crecimiento es la debilidad de la policía en Haití", sostiene Diego Da Rin experto del think tank Crisis Group.
Aunque la situación de seguridad tiene diversos antecedentes, algunos analistas estiman que parece haberse salido de control tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.
Se calcula que unos 200.000 haitianos son desplazados internos, debido a la violencia generalizada. Además de la crisis humanitaria y de seguridad generada por las pandillas, el país también se encuentra en una especie de limbo político.
En Haití no se celebran elecciones desde 2016, y el primer ministro interino Ariel Henry, quien fue escogido a dedo por Moïse poco antes de ser asesinado, es considerado ilegítimo por gran parte de la oposición política.
