Ocupó el poder entre 1990 y 2000. Está preso desde 2005 y hace 14 años fue sentenciado a 29 años de prisión. Es Alberto Fujimori, quien inicialmente fue un fenómeno electoral, ganó en las urnas a Mario Vargas Llosa, pero devino en autócrata y condenado por delitos de lesa humanidad. La reciente decisión judicial en Perú, que ordena su liberación, polariza de nuevo a la sociedad.
De 85 años y con problemas de salud, los partidarios y familiares de Fujimori han invocado de forma recurrente las razones humanitarias para pedir que sea excarcelado y que cumpla la detención en su casa. Este 5 de diciembre el Tribunal Constitucional de Perú ha ordenado su completa liberación, mientras que el Gobierno de Dina Boluarte parece decidido a ejecutar esta decisión, que de nuevo ha generado polémica y polarización entre los peruanos.
La liberación de Fujimori, por otro lado, abre una diatriba con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, de forma directa y reiterada, ha indicado que el Estado peruano no debe conceder la libertad al ex hombre fuerte de Perú.
Señalado por muchos excesos de poder y violaciones a los derechos humanos, sus partidarios recuerdan que el empuje económico peruano, que se extendió por décadas, fue gracias a su gestión. En concreto, la Justicia peruana lo encontró responsable de ordenar que un escuadrón de la muerte conocido como el Grupo Colina cometiera dos masacres.
La primera de estas masacres tuvo lugar en 1991 en el vecindario de Barrios Altos, en Lima, y la segunda en 1992, en la Universidad de la Cantuta, también en la capital. Igualmente, a Fujimori se le condenó por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.
La Justicia de Perú hizo historia porque con Fujimori fue la primera vez que un exmandatario constitucional de América Latina era juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes de lesa humanidad.
Por años, Fujimori ha estado preso en la cárcel de Barbadillo, en las afueras de Lima, donde comparte cautiverio con otros expresidentes peruanos como Alejandro Toledo y Pedro Castillo.
Apenas se conoció la decisión del Tribunal Constitucional, este martes, se atizó la polémica y polarización. Diversos actores políticos y grupos sociales festejaron, insistiendo en las razones humanitarias, mientras que organizaciones de derechos humanos y medios de prensa han cuestionado la decisión, recordando además lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado donde sostiene que el Tribunal Constitucional "viola el Estado de derecho al vulnerar la resolución de la Corte IDH y, además, atenta contra la memoria de las víctimas de la dictadura fujimorista".
Por su parte, en su decisión los magistrados peruanos sostienen que Fujimori "ya ha cumplido aproximadamente las dos terceras partes de su condena", que "tiene una avanzada edad" y que "su salud se encuentra resquebrajada".
La Corte Interamericana le ha recordado al Estado peruano que continúa vigente la obligación de abstenerse de liberarlo. Si bien no hubo una declaración formal del Gobierno de Boluarte, diversas fuentes oficiales aseguraron que acatarán al tribunal local, lo cual podría acarrearle consecuencias en el sistema interamericano de derechos humanos.
El tribunal continental pidió, en última instancia, tiempo hasta que el tribunal hemisférico cuente con "todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión (la del Constitucional peruano) cumple con las condiciones establecidas" en una resolución de abril 2022, cuando ya se impidió la excarcelación del exmandatario.
"La propia Corte Interamericana dijo que para ser merecedor de un indulto se requería como condición básica reconocer el delito, pedir perdón y desagraviar a las víctimas. Nada de ello ha ocurrido y son precisamente los familiares de quienes fueron asesinados en estos operativos subrepticios los que han clamado para que no se conceda libertad a quien promovió violaciones de derechos humanos, en especial en La Cantuta y Barrios Altos", editorializó el diario La República este miércoles.
Hace seis años se abrió este debate. El entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó un indulto humanitario, una medida que terminó socavando a su Gobierno, porque trascendió que obedeció a presiones de la hija del exdictador, Keiko Fujimori, largamente legisladora y tres veces candidata presidencial.
Se presume, en tanto, que el Gobierno de Boluarte también puede haber negociado con la hija de Fujimori la libertad de este a cambio de apoyo en el Congreso. La presidenta, electa en 2021 como pareja presidencial del destituido Pedro Castillo, cumple justamente un año en el poder, tras la fallida intentona golpista de este.
A lo largo de este año como jefa de Estado, Boluarte ha tenido respaldo de las fuerzas policiales y militares en la represión de la protesta en su contra. Igualmente, ha hecho frente común con el Congreso para evitar la convocatoria de unas elecciones generales anticipadas como demanda la sociedad para hacer frente a la crisis institucional que se generó tras la intentona golpista de Castillo y su posterior destitución. La presidenta asegura que estará al frente del Ejecutivo hasta las próximas elecciones, programadas para 2026.
En la medición mensual de aprobación presidencial, que lleva adelante el prestigioso Instituto de Estudios Peruanos, en este mes de noviembre Boluarte tuvo el mayor nivel de desaprobación en un año: 85% de los consultados la rechazan. El Congreso, entretanto, tiene un nivel de reprobación ciudadana del 91%, un promedio estable a lo largo de 2023.
No cabe duda, el mundo está al revés. Fujimori acabó con la organización terrorista Sendero Luminoso y lo metieron preso. Él es un héroe y un patriota y no un delincuente.
Increíble, ese oriental lo salvo del comunismo y lo metieron preso. Son unos cuatreros los peruanos.