La decisión que ordenaba la excarcelación del ex presidente Alberto Fujimori, en Perú, fue decidida en una sesión convocada de modo súbito, sin que los magistrados tuviesen tiempo de revisar toda la documentación. Tal decisión fue puesta en suspenso por una solicitud directa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Este miércoles 30, tras conocerse la comunicación de la corte hemisférica, el procurador supranacional de Perú, Carlos Reaño, confirmó que Fujimori por ahora seguirá en prisión. El ex presidente (1990-2000) tiene varios procesos en contra tanto por violaciones a los derechos humanos como por corrupción.
Hace dos semanas, el abogado Gregorio Parco, sin ser el defensor legal del ex mandatario, le pidió al Tribunal Constitucional la excarcelación de Fujimori, para lo cual argumentó la avanzada edad del detenido (83 años en la actualidad), y el hecho, a su juicio, de que que no representaba un peligro para la sociedad, además de tener una salud deteriorada.
La solicitud, que había sido formulada tiempo atrás, tuvo una súbita respuesta de los magistrados del Tribunal Constitucional. El 17 de marzo se acordó en votación muy cerrada la excarcelación, tal como reportó DIARIO DE CUBA.
Tras esa decisión de la Justicia de Perú, las víctimas de las masacres La Cantuta y Barrios Altos, en las que se ha demostrado la responsabilidad de Fujimori, acudieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica.
"El habeas corpus a favor del ex presidente Alberto Fujimori fue aprobado por el Tribunal Constitucional en una deliberación a puertas cerradas, agendada con solo 24 horas de anticipación y sin que sus integrantes pudieran revisar todos los escritos enviados por la parte interesada", precisó el portal peruano de periodismo de investigación Ojo Público.
"El último oficio que el abogado de Fujimori presentó, para sustentar las razones del indulto, tiene como fecha de recepción el 17 de marzo a las 3:58PM, dos horas y media después de que se conociera el fallo", precisa una investigación de Ojo Público que arroja luces sobre las irregularidades que han rodeado a la decisión del Tribunal Constitucional.
"El beneficio al exmandatario, por motivos humanitarios, se decidió en el Tribunal Constitucional en una votación que resultó empatada tres a tres, y que dirimió el presidente del colegiado, un abogado que fue candidato del fujimorismo cuando postuló a ese organismo en 2017", ha recordado la periodista Jacqueline Fowks, al ser consultada por DIARIO DE CUBA.
Diversas organizaciones de derechos humanos del Perú aplaudieron tanto la rápida reacción de la Corte Interamericana como la decisión de las autoridades de no excarcelar a Fujimori. Entidades como la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se pronunciaron en contra de que Fujimori saliera del centro penal de Barbadillo. En dicha prisión se hicieron una serie de acondicionamientos para atender los problemas de salud y de movilidad de Fujimori.
Hace 13 años, Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión como autor mediato de homicidio calificado y lesiones graves cometidos por el destacamento militar Colina. Se trata de un escuadrón de la muerte creado durante los años del fujimorismo en teoría dedicado a combatir el terrorismo de Sendero Luminoso, pero que terminó asesinando a decenas de personas, incluidos opositores.
En noviembre de 1991, el Grupo Colina asesinó a 15 personas en un inmueble de Barrios Altos, en el centro de Lima. Ocho meses después secuestró a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación La Cantuta, a quienes ejecutaron extrajudicialmente.
Las víctimas de estos hechos debieron acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para establecer responsabilidades, dada la falta de respuestas por parte del sistema judicial de Perú.
Fujimori también ha sido sentenciado por el secuestro del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti en 1992.
En uno de los tres votos en contra en el seno del Tribunal Constitucional, la magistrada Marianella Ledesma sostiene que "la sentencia ha dañado gravemente la legitimidad de la justicia constitucional peruana dado el desprecio sobre los derechos humanos, en especial, respecto de aquellos derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la Corte IDH".
Asimismo, dos de los tres magistrados que votaron a favor de la excarcelación de Fujimori, según analistas, decidieron acelerar el procedimiento dado que tienen su mandato vencido como magistrados del Tribunal Constitucional y en el seno del Congreso se realiza el proceso para designar a sus reemplazantes.
Fujimori acabó con los terroristas de Sendero Luminoso. No solo debe recibir la libertad; también una indemnización por el tiempo que estuvo injustamente preso.