La Unión Europea sanciona al régimen de Daniel Ortega con una mano y lo financia con la otra

Pese a que desde 2020 la Unión Europea (UE) impone sanciones al régimen de Daniel Ortega por las violaciones de derechos humanos que comete en Nicaragua, los gobiernos los países que la integran lo financian a través de las instituciones internacionales.

Las sanciones alcanzan a 21 personas del régimen, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo y un hijo de Murillo y Daniel Ortega, e incluyen la congelación de activos en los países de la UE y prohibición a ciudadanos y empresas de la UE de poner fondos a su disposición, recuerda DW.

Pronto se cumplirá el plazo para la prórroga de un año de las sanciones y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua recomienda aumentarlas.

Sin embargo, Nicaragua recibe fondos de la cooperación internacional para el desarrollo, señaló a DW Jan-Michael Simon, presidente del mencionado grupo de expertos.

Desde la represión desatada por Ortega en 2018 los fondos de cooperación europeos no pasan por las instituciones estatales nicaragüenses. Sin embargo, para proyectos de adaptación al cambio climático e inserción de pequeñas y medianas empresas, así como para inserción laboral de estudiantes secundarios y a través de programas regionales, se han seguido destinando fondos de cooperación a diversos proyectos en Nicaragua.

También a través de bancos de desarrollo —donde tienen presencia países europeos— se financian proyectos de infraestructura, medio ambiente y desarrollo agropecuario en el país.

"Mientras el Parlamento Europeo, entre otros, suscriben declaraciones de rechazo a los atropellos de Ortega a los derechos humanos, los Gobiernos, en su calidad de socios de las instituciones financieras internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial así como el Banco Centroamericano de Integración Económica), han aprobado fondos para la dictadura. A tal punto, que han sido mayores después de la masacre de 2018 que en los años anteriores", dice a DW Enrique Sáenz, especialista en desarrollo de Naciones Unidas y la UE.

El Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, ha financiado proyectos en el sector electricidad. 

Para Sáenz eso no estaría mal, "si no fuera porque Ortega, en su calidad de empresario, controla el negocio de la electricidad".

"La gente sale del país masivamente por diversos motivos: desempleo, poco valor agregado, pocas oportunidades. En este momento, una tercera parte del Producto Interno Bruto está financiado por las remesas. Entonces, al Gobierno de Ortega no le conviene tener gente dentro", continuó Sáenz.

Amaru Ruiz, activista medioambiental que preside la Fundación del Río y está exiliado en Costa Rica, consideró que no se debe cortar la ayuda a Nicaragua, pero debe haber un mejor enfoque.

"Cortar toda cooperación con Nicaragua sería, al final, impactar más al pueblo nicaragüense. Pero debe enfocarse mejor, para verdaderamente aportar a un cambio", expresó.

"No puede suceder lo que pasó cuando los huracanes Iota y Eta: la ayuda de los programas de las agencias de Naciones Unidas —con fondos de la UE y de países europeos— fue repartida por funcionarios del Gobierno 'en nombre y gracias al comandante Ortega y a la compañera Rosario Murillo'”, dijo.

Para Jean-Michael Simon, el cierre de 27 universidades y de 3.000 organizaciones de sociedad civil, así como la expulsión de opositores, son pruebas de que Daniel Ortega no está interesado en el desarrollo del país sino en el control.

"Se ve, claramente, que el régimen de Nicaragua está hipotecando su futuro. Hemos emitido recomendaciones muy concretas que serían una guía para la UE y otros donantes, para que revisen sus inversiones en el desarrollo de ese país y revisen su propio marco sancionatorio sobre violaciones de derechos humanos", concluyó.