Nada lo pudo detener: Ni las negociaciones febriles de los jesuitas en los últimos días, ni lo que fue el apoyo de esta congregación católica a la naciente revolución sandinista décadas atrás, nada ha servido para frenar la confiscación de la emblemática Universidad Centroamericana (UCA) que implementó el régimen de Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
La UCA, la universidad que los jesuitas fundaron en Nicaragua y también en El Salvador, y que por décadas fue el foco de estudios universitarios y reflexión social y acción política de la Compañía de Jesús en Centroamérica, sencillamente ha sido arrebatada en un acto administrativo del Gobierno nicaragüense, en la consumación de un asalto sistemático a diversas instituciones católicas que se puso en práctica a partir de 2021.
En el caso de Nicaragua, la UCA fue fundada en 1960. La decisión anunciada al final del 15 de agosto, obliga a traspasar los bienes muebles e inmuebles, así como sus cuentas bancarias al Estado por orden de la jueza Gloria María Saavedra.
La acusación es de terrorismo. Analistas sostienen que a la UCA el régimen de Ortega y Murillo le pasa factura porque esta casa de estudios albergó y atendió a estudiantes y manifestantes heridos en las protestas de 2018, duramente reprimidas.
"Las anteriores medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales", explicó la universidad en un comunicado a estudiantes, profesores y trabajadores.
De acuerdo con la jueza, la UCA "funcionó como centro de terrorismo, aprovechándose de las condiciones creadas con mentiras, para elevar los niveles de violencia y destrucción, organizando grupos delincuenciales armados y encapuchados que emplearon métodos terroristas".
Aquellas manifestaciones de 2018 constituyeron una suerte de parteaguas en el país. La represión de entonces dejó un saldo de más de 325 fallecidos, miles de heridos, así como graves señalamientos de violaciones a los derechos humanos de parte del Estado y de cometer delitos de "lesa humanidad", según avaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
DIARIO DE CUBA tuvo conocimiento, a través de un alto cargo de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina (CPAL), de que la congregación dentro de Nicaragua estaba siendo advertida de la medida, pero confiaron que un canal de diálogo con el Gobierno de Ortega y Murillo pudiera impedir la medida que finalmente ocurrió: la incautación total.
"Los hermanos de Nicaragua nos habían pedido que no denunciáramos públicamente las intenciones del régimen, de forma previa, porque confiaban en que lograrían mantener en funcionamiento a la Universidad", comentó este jesuita venezolano a condición de que no se difundiera su identidad.
La acción sobre la UCA puede considerarse el clímax de la actuación del sandinismo contra entidades católicas, que se inició en 2021. De acuerdo con el portal Artículo 66, que funciona desde el exilio, un total de 35 entidades educativas, humanitarias y de comunicación adscritas a la Iglesia Católica han sido ilegalizadas y sus bienes confiscados en el último año y medio.
La UCA simbolizaba la entidad católica de mayor proyección pública en Nicaragua.
"Este el precio que le ha tocado pagar por proteger la verdad, la vida y la libertad del pueblo nicaragüense. Es una decisión que forma parte de una cadena de decisiones que parecen orientadas a constituir un Estado totalitario", sostuvo desde México Francisco Urrutia, director de la Asociación de Universidades Jesuitas en América Latina.
El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló el viernes pasado la personería jurídica a otras dos universidades privadas y ordenó decomisar sus bienes muebles e inmuebles, con lo que ya suman 26 las ilegalizadas desde diciembre de 2021, incluidas siete de origen extranjero.
Hace un año, el Gobierno de Ortega y Murillo retiró a la UCA del 6% de asignación constitucional que reciben anualmente las universidades del país, aunque ya venía sufriendo continuos recortes presupuestarios luego de 2018.
En septiembre del año pasado, negaron la entrada al país al vicerrector de la UCA Jorge Huete, después de un viaje de trabajo a Argentina. El exrector de la universidad, José Alberto Idiáquez, quien fue mediador en el diálogo que sostuvo Ortega con la oposición, tampoco le fue permitido volver al país en 2022, después de viajar a México para atender problemas de salud.
La medida afecta a más de 5.000 estudiantes y medio millar de profesores. "Lamento y rechazo la decisión del Gobierno nicaragüense. Me preocupan en particular el destino de estos miles de jóvenes que estaban en formación en la UCA", comenta a DIARIO DE CUBA el jesuita venezolano Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), una entidad hermanada con la casa de estudios centroamericana.
"La libertad de pensamiento, que es inherente a una universidad, molesta a cualquier dictadura", sentencia Peraza desde Caracas.
La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús emitió un comunicado condenando la medida: "Esta nueva agresión gubernamental en contra de la universidad no es un hecho aislado; forma parte de una serie de ataques injustificados en contra de la población nicaragüense y de otras instituciones educativas y sociales de la sociedad civil que están generando un clima de violencia e inseguridad y agudizando la crisis sociopolítica del país".
Nadie aprende por cabeza ajena. Lastima que ni Nicaragua o Venezuela vivan en paz. Los exilados intentamos contrarestar la propaganda Castrista. Y aunque publicaciones como Diario de Cuba, intentan informar al mundo que pasa en Cuba, este esfuerzo y demas publicaciones, no pueden competir con la dictadura. Ojala esta accion de Ortega y Murillo conra la U.C.A., sirva de ejemplo. Pobre Nicaragua Venezuela, Cuba y los que faltan y pronto caeran a esta pestilencia de la izaquierda social fascista.