El presidente Andrés Manuel López Obrador sufrió este 22 de mayo un severo revés judicial, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las obras públicas deben manejarse con transparencia y acceso a la información pública, mientras que la Presidencia de México pretendía mantenerlas sin escrutinio social bajo el argumento de la seguridad nacional.
En sesión publicada este lunes, la Suprema Corte terminó por invalidar lo que se había conocido como el "decretazo". El máximo tribunal, en una decisión cerrada por seis votos contra cinco, declaró inconstitucional el decreto del presidente López Obrador, que declaraba sus obras prioritarias como de "seguridad nacional".
El presidente pretendía reservar información de obras gigantescas, como el llamado Tren Maya, una obra de unos 20.000 millones de dólares (muy por encima del presupuesto inicial), bajo el argumento de que habría obstrucciones legales para frenarlas por parte de sus detractores.
La SCJN determinó que la invalidez contra las intenciones de opacidad del Gobierno de López Obrador, tiene efectos generales y no solo los de competencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).
Justamente este ente oficial acudió ante la Suprema Corte cuando el Gobierno pretendía no brindar información detallada sobre las obras de envergadura, sellándolas bajo el argumento de que constituían temas sensibles para la seguridad nacional. Cuando una obra es considerada como de seguridad nacional, los detalles como costos, responsables y licitaciones sobre la misma se vuelven de carácter reservado.
A fines de abril pasado, López Obrador le pidió a los legisladores de Morena, su movimiento político con mayoría en el Congreso, que procedieran a desaparecer al INAI, que goza de autonomía, y que sus funciones pasaran a manos de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
Al referirse públicamente al INAI, en una de sus usuales intervenciones públicas, López Obrador cuestionó el papel de este ente, que ha mostrado independencia ante su gestión de gobierno: "Como si (el INAI) fuera tan importante, desde que se creó no ha ayudado en nada a combatir la corrupción de gobiernos anteriores", fustigó el mandatario.
Además del ya mencionado Tren Maya, el Gobierno de López Obrador había decretado como de seguridad nacional las siguientes obras: el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum. Todo esto ha quedado sin efecto.
El decreto presidencial, firmado por López Obrador, sostenía que su publicación permitía continuar "con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que llevarán como nación a lograr el crecimiento económico y, con ello, lograr el bienestar social".
El magistrado ponente de este proyecto, Juan Luis González, determinó que este decreto es inconstitucional, ya que obstaculiza e inhibe derechos de los mexicanos como el acceso a la información.
Entretanto, la polémica sigue envolviendo las decisiones que toma el presidente en materia de obras públicas. El viernes 19 de mayo el mandatario revocó una concesión otorgada en 1998 para una explotación minera y con ello ha abierto un nuevo pulso con el empresario minero Germán Larrea.
Se trata de un tramo de 120 kilómetros de vía férrea en el sureste del estado (provincia) de Veracruz. Este segmento ferroviario, clave para el desarrollo de una de las obras emblema de Andrés Manuel López Obrador, fue entregado en concesión a Ferrosur, empresa de Grupo México Transportes, desde 1998.
El viernes de la semana pasada, el Ejecutivo dejó sin efecto este permiso y expropió el trecho al considerarlo de "interés público" y "seguridad nacional". Acto seguido, militares ocuparon las instalaciones y pasaron a custodiar la vía férrea, aunque se anunció que la compañía privada podrá seguir operando sus vagones y trenes en ese tramo, que ahora está de nuevo bajo tutela del Estado.
Analistas financieros creen que la expropiación, aunque es pequeña, puede marcar un punto de inflexión. El tramo tomado desde el pasado viernes es de apenas 120 kilómetros respecto a los más de 11.000 kilómetros de vías férreas en concesiones que aún detenta la compañía de Larrea, sin embargo, se teme que se pueda estar registrando un precedente para otro tipo de concesiones privadas en minería, carreteras y aeropuertos.
Los desencuentros entre el presidente y Larrea, conocido como el rey del cobre en México, datan de la campaña electoral de 2018, cuando López Obrador fue electo presidente para un periodo de seis años.
En aquel momento, Larrea llamó públicamente a la sociedad mexicana a no votar por López Obrador. Desde la Presidencia, López Obrador fustiga con frecuencia al Grupo de México poniendo de relieve algunos accidentes que han terminado con cifras trágicas en la explotación minera que encabeza este empresario, el segundo hombre más rico del país.
De acuerdo con la encuestadora Mitofsky, que mide mensualmente el índice de aprobación presidencial en México, Andrés Manuel López Obrador tenía una valoración positiva por parte del 59% de los encuestados en el mes de abril. El punto más alto a favor del presidente ocurrió en diciembre de 2021 cuando un 66% de encuestados aprobaba su gestión.
Creo que el tren maya va a se un fracaso comparable con los 10 millones de toneladas de azúcar cuya secuela fue el ocaso de la industria azucarera cubana.