Bolivia confirma su deriva autoritaria: sus periodistas podrían ser encarcelados por hacer su trabajo

Los periodistas en Bolivia podrían ir a prisión si difunden mensajes "que inquieten a la población", una herramienta muy similar a disposiciones ya vigentes en países como Rusia, Cuba o Venezuela, en caso de aprobarse leyes que el Gobierno de Luis Arce ha enviado al Parlamento.

Según el medio argentino Infobae, esas disposiciones están camufladas en leyes referidas al "enriquecimiento ilícito" y la protección de los "derechos humanos" que debería discutir el Legislativo boliviano.

Sin embargo, la Asociación Nacional de Periodistas anunció que no tolerará que el Gobierno suplante o ignore la Ley de Imprenta, que protege la libertad de expresión desde 1925.

El reporte señala que las disposiciones rezan que el periodista que difundiera "mensajes que inquieten a la población" será sancionado con hasta 25 años de cárcel, según la primera ley, o a ocho años, de acuerdo con la segunda.

Asimismo, dispone que el imputado no podrá acogerse a la Ley de Imprenta, que prevé el funcionamiento de "tribunales de imprenta" para estas circunstancias.

Según Infobae, el primer proyecto incluye un párrafo que dice: "Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno".

Zulema Alanes, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, dijo al respecto que "la actual situación del periodismo es peor que en las dictaduras militares. (...) No es la primera vez que el Movimiento al Socialismo (MAS) pone de manifiesto sus pretensiones autoritarias, con las que pretende silenciar el trabajo de la prensa, por lo que declaramos estado de emergencia a nivel nacional".

El Gobierno de Evo Morales ya había ignorado la Ley de Imprenta cuando llevó a la justicia ordinaria en 2016 a Humberto Vacaflor Galam, el reportero autor del artículo de Infobae aquí citado.

Voceros del Gobierno afirman que los supuestos enemigos de los "gobiernos populares" se escudan y "usan como pretexto la libertad de prensa" para criticar a los gobernantes y de esa manera crear las condiciones para el surgimiento de protestas ciudadanas.

La intención del Gobierno coincide con el incremento de las protestas, que movilizan a los maestros, opuestos a la ideologización de las normas de educación primaria y secundaria; a los trabajadores del comercio, quienes se oponen al proyecto de ley sobre el enriquecimiento ilícito; y a diversos sectores de trabajadores, que cuestionan que el Gobierno use sus ahorros de jubilación en el gasto público.

A ellos se suman habitantes de la selva amazónica boliviana, afectados por las empresas de minería de China que contaminan sus hábitats, y a los grupos cuyo medio de subsistencia es el cambio de monedas en las calles, quienes han sido perseguidos y encarcelados por ofrecer una cotización del dólar distinta a la oficial.

Esas protestas y otras, que enfrentan a facciones del oficialismo, agravan la crisis económica en un país que importa el 80% de los combustibles líquidos que consume, que se está quedando sin gas natural y donde la única industria que progresa es la que produce cocaína.

Mientras, el MAS se mantiene en una intensa guerra intestina, con acusaciones cruzadas de corrupción y de complicidades con el narcotráfico.

En febrero pasado, Meta, casa matriz de Facebook, informó el desmantelamiento de redes de cuentas falsas en Cuba y Bolivia, que vinculó con los gobiernos de esos países y que eran usadas para difundir mensajes oficialistas y desacreditar a opositores.

Asimismo, en enero de 2023, el activista cubano Magdiel Jorge Castro, quien emigró a Bolivia y desde allí cuestionaba al régimen cubano, fue expulsado del país por, presuntamente, "interferir en la situación política local". El tuitero achacó la persecución en su contra a la coordinación entre los regímenes de La Habana y La Paz.