Al menos nueve militares colombianos murieron el miércoles en un ataque atribuido por las Fuerzas Armadas de ese país a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esa acción deja en suspenso el diálogo de paz con ese grupo rebelde, luego que el presidente Gustavo Petro llamara a consultas a sus delegados y a los países garantes.
El ataque con explosivos y ráfagas de fusiles, uno de los más graves de los últimos meses, se registró en una zona rural del municipio de El Carmen, en el departamento de Norte de Santander, una región estratégica para el cultivo de la hoja de coca y la producción de cocaína, próxima a la frontera con Venezuela, indicó Reuters.
"He convocado a consulta a la delegación del Gobierno en la mesa del ELN, países garantes y acompañantes. Un proceso de paz debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana", escribió Petro en su perfil de Twitter, al repudiar el ataque.
El mandatario restableció en noviembre en Venezuela la negociación de paz con el ELN, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, y las partes cerraron recientemente un segundo ciclo de conversaciones en México, en donde dieron los primeros pasos para acordar un cese al fuego bilateral.
Una tercera ronda de conversaciones se instalaría en los próximos días en Cuba, uno de los países garantes de esa negociación de paz junto con Noruega, Brasil, Chile, Venezuela y México.
No ha habido reacción pública del ELN después del ataque y la decisión del mandatario colombiano.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, calificó el ataque como "muy grave" y un atentado a la voluntad de paz del Gobierno, mientras que líderes políticos y congresistas pidieron suspender la negociación con el ELN.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que siempre hay la posibilidad de levantarse de una mesa cuando no hay condiciones y ordenar una ofensiva total cuando no hay voluntad real de paz.
Petro anunció antes de Año Nuevo un acuerdo con el ELN para suspender las hostilidades, que fue negado días después por el grupo rebelde, provocando un impasse que obligó a ambas partes a mantener conversaciones de emergencia en Caracas para superarlo.
El ELN inició una negociación con el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos en 2017, que suspendió en 2019 su sucesor Iván Duque tras un ataque con un carro bomba en Bogotá que dejó 22 cadetes de policías muertos.
Durante ese ataque previo, los líderes de la guerrilla se encontraban viviendo en Cuba bajo protección de La Habana. El régimen de la Isla se negó a cumplir una orden de extradición de Bogotá posterior a esos hechos.
Precisamente brindar refugio a los cabecillas del grupo armado fue el argumento central que utilizó la Administración de Donald Trump para devolver a Cuba a su lista negra de estados que patrocinan el terrorismo en 2021.
El régimen cubano había salido de la lista en 2015, durante la etapa de acercamiento impulsada por Barack Obama (2009-2017) y frenada por Trump, que durante su mandato redobló las sanciones sobre La Habana y frenó el "deshielo" bilateral.
Pese a las denuncias de La Habana y sus exigencias de ser sacada de esa lista, en febrero pasado el Departamento de Estado de EEUU volvió a incluirla en la relación, lo que supone sanciones a las operaciones comerciales y transacciones financieras del régimen de la Isla con entidades de ese país.
La ratificación se apoya en que el Departamento de Estado "determinó que el Gobierno cubano brindó repetidamente apoyo a actos de terrorismo internacional al otorgar puerto seguro a los terroristas". El Estado cubano aparece en la lista de conjunto con Corea del Norte, Irán y Siria.
Resume el informe que La Habana entró a esa lista negra en 1982 "debido a su largo historial de brindar asesoramiento, refugio seguro, comunicaciones, capacitación y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas individuales".
Tanto La Habana como el nuevo Gobierno de Colombia han insistido en que la reanudación del diálogo de Bogotá con el ELN deja sin sustento el argumento de Washington. No obstante, las nuevas acciones de la guerrilla confirman los argumentos de la Casa Blanca.
Las negociaciones de paz de anteriores gobiernos con el ELN, acusado de financiarse a través del secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, no avanzaron por las posiciones radicales del grupo armado, una cadena de mando difusa y disensos entre sus filas.
Petro también busca iniciar negociaciones con dos disidencias de las FARC y prepara una ley para ofrecer a las bandas criminales un sometimiento a la justicia a cambio de reducir las penas de cárcel.
Con Petro al frente, no hay problema. Ahora, eso es responsabilidad de los colombianos.