Recientemente el régimen de Daniel Ortega expulsó hacia EEUU y despojó de su nacionalidad a 222 opositores nicaragüenses. La respuesta de la comunidad internacional fue contundente y varios países ofrecieron su ciudadanía a los expatriados, quienes denunciaron haber sido borrados de todos los registros del país.
"Nos borraron como ciudadanos, hemos perdido todos nuestros derechos y esto también afecta a nuestras familias", dijo en Los Puntos a las Íes el presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz Alemán, en el exilio desde 2018, tras haber sido amenazado y condenado como "traidor de la patria".
Lo que ha sucedido en Nicaragua viola varias leyes del derecho internacional y la propia Constitución del país. "Lo que vemos es una acción sin precedentes en América Latina, es decir, un destierro y un arrebato de la nacionalidad nicaragüense a cientos de personas. Seguimos siendo nicaragüenses, de padres y madres nicaragüenses, eso no nos lo puede quitar ningún régimen".
Carlos Quesada, director del Instituto Raza e Igualdad, quien ha estado a cargo de organizar la llegada de los nicaragüenses excarcelados y desterrados a EEUU, contó que el grupo es una muestra de la sociedad de Nicaragua.
"En el grupo llegaron campesinos, estudiantes, periodistas, políticos, sacerdotes, una representación de toda la sociedad civil nicaragüense. Esto muestra que en Nicaragua hay una política de Estado de silenciar todas las voces. Una clara violación de los derechos a la libertad de expresión y asociación, entre muchos otros", dijo.
A pesar de que la liberación de estos nicaragüenses sea una buena noticia en términos humanitarios, Quesada dijo estar preocupado por lo que va a pasar en Nicaragua, "porque con las dictaduras no se puede negociar y son impredecibles".
Sobre la llegada del grupo de exiliados nicaragüenses a EEUU, Quesada contó que arribaron con un parole y están en proceso de obtención de ciudadanía. "La Unión Europea (UE) ha emitido un comunicado en bloque contundente contra lo sucedido, muchos países de Latinoamérica, con Chile a la cabeza, también han condenado al Gobierno de Nicaragua, algo que no se esperaba el régimen de Daniel Ortega".
Quesada contó que está trabajando con el grupo de exiliados para recopilar testimonios en contra del Gobierno de Nicaragua. "En algún momento el régimen cambiará y cuando haya un proceso de justicia transicional, toda esta información va a ser muy valiosa para poder responsabilizar individualmente a los que violaron derechos en el país".
Un informe de un grupo de expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU recogió violencia sexual como tortura, o juicios sin defensa y en horarios no habituales para que nadie pudiera darse cuenta de los veredictos hasta el día siguiente, contó Quesada, quien aseguró que el mundo mira hacia Nicaragua y que la justicia llegará.
Por su parte, la periodista nicaragüense Patricia Orozco, quien perteneció al Frente Sandinista en los años 80 y peleó frente a Somoza junto a Ortega, recordó que la crisis de Nicaragua no comenzó en abril de 2018, cuando los ciudadanos del país se lanzaron a las calles pidiendo reformas y en donde murieron más de 400 personas por la represión del Gobierno.
"Nicaragua no estaba buena, ni bonita, ni barata, como decían los gobernantes. En Nicaragua hay una dictadura que desgobierna el país desde hace más de cinco años. La crisis no empezó con las protestas, había una acumulación de injusticias y descontento en la ciudanía que explotó ese día. La gente quería un trabajo digno, pero el desempleo era tremendo y no había oportunidades, sobre todo para los jóvenes, aunque tuvieran un título universitario", resumió Orozco, actualmente exiliada en Granada, España.