Cuatro sacerdotes católicos, dos seminaristas y un camarógrafo de la diócesis de Matagalpa, ciudad al norte de Nicaragua, fueron condenados a diez años de prisión por delitos considerados "traición a la patria", así como a la inhabilitación "perpetua de sus derechos ciudadanos", en otro golpe del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica de Nicaragua.
Los sentenciados son los sacerdotes Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario respectivamente de la catedral Matagalpa de San Pedro, y el diácono Raúl Vega González.
También fueron sentenciados los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, así como el camarógrafo Sergio Cárdenas, precisó el reporte de EFE.
Los presbíteros y el laico, quienes se encuentran detenidos desde el 19 de agosto pasado, fueron sentenciados por la jueza Nadia Camila Tardencilla, titular del Juzgado Segundo Distrito de lo Penal de Managua, en una audiencia celebrada a puerta cerrada, indicó la Unidad de Defensa Jurídica, integrada por abogados que defienden a los religiosos.
En la última semana también fue condenado a diez años de prisión por iguales delitos el presbítero Óscar Danilo Benavidez Dávila, párroco de la parroquia Espíritu Santo, en el municipio de Mulukuku, en la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua.
Según la sentencia, la jueza Tardencilla impuso al grupo de religiosos cinco años de cárcel por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, y otros cinco por el delito de propagación de noticias falsas, ambos en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad, además de las "penas accesorias", detalló la Unidad de Defensa Jurídica.
Las penas accesorias, según ese grupo de abogados, consisten en "inhabilitación de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular e inhabilitación perpetua de sus derechos ciudadanos".
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) calificó de "aberración jurídica" el caso contra los religiosos, entre otras cosas porque "se les inhabilitó de por vida el ejercicio de cargos públicos y de elección popular".
"Desde CENIDH condenamos estas acciones perversas del régimen que violentan los derechos humanos. Exigimos libertad inmediata para ellos y todas las personas presas políticas", demandó la organización.
El grupo de religiosos y laicos, junto al obispo Rolando Álvarez, fueron detenidos la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales en el palacio episcopal de la diócesis de Matagalpa, después de haber estado 15 días confinados, y desde entonces se encuentran en la cárcel policial El Chipote, oficialmente conocida como la Dirección de Auxilio Judicial, con excepción del obispo, que se encuentra bajo "resguardo domiciliar", según las autoridades.
Álvarez, de 56 años y muy crítico con el régimen de Daniel Ortega, enfrentará juicio para responder por los mismos delitos que los sacerdotes el próximo 28 de marzo.
El jerarca, quien ha sido presentado sin su vestimenta religiosa en las audiencias preliminares, es el primer obispo arrestado y acusado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007.
