El obispo católico Rolando José Álvarez recibió este martes 13 de diciembre una acusación penal por estar involucrado, según la Justicia de Nicaragua, en actos contra la integridad nacional y por difundir noticias falsas. La acusación formal coincidió con el día 116 de detención domiciliaria para este prelado sin que haya un reclamo por parte de la jerarquía católica local ni del Vaticano.
El régimen que encabezan Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, a través de los órganos del sistema judicial, hizo los señalamientos penales contra monseñor Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí. Por cargos similares el sandinismo ha condenado a prisión a decenas de opositores en los últimos dos años.
Se difundieron imágenes del obispo, por primera vez en varios meses, y se le ve con evidente pérdida de peso, de acuerdo con el portal informativo Confidencial, dirigido desde el exilio por el reconocido periodista Carlos Fernando Chamorro. Álvarez es el primer obispo católico arrestado y acusado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007.
En el último semestre suman 11 los sacerdotes detenidos, dos de ellos han recibido condena. El obispo Álvarez sigue privado de libertad en su casa y además al menos 60 personas, entre sacerdotes, diáconos, seminaristas y monjas han abandonado o han sido expulsados por el régimen. Este registro lo ha documentado la iniciativa social "Nicaragua Nunca Más".
No hay pronunciamientos públicos de la jerarquía católica de Nicaragua. Tampoco el Vaticano se ha pronunciado para condenar esta serie de hechos, que incluyen también el cierre de emisoras radiales y canales de televisión católicos, así como la clausura masiva de ONG en el país centroamericano, entre las cuales numerosas son católicas o de inspiración cristiana.
La causa judicial contra el obispo nicaragüense estará a cargo de la jueza Karen Vanessa Chavarría Morales y del fiscal Manuel de Jesús Rugama Peña, quienes han sido los encargados de dictar orden de encarcelamiento para diversos presos políticos, entre ellos a la excandidata presidencial Cristiana Chamorro.
El jerarca católico fue detenido la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales dentro del Palacio Episcopal de Matagalpa, al norte del país, junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados, rodeados de efectivos policiales.
La Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega y Murillo, acusó —en ese momento— al obispo de intentar "organizar grupos violentos", supuestamente "con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales".
"La directriz que tenemos de Roma es no condenar lo que viene ocurriendo. La Iglesia no quiere avivar un conflicto institucional que ponga en riesgo a más católicos que están dentro de Nicaragua", comentó a DIARIO DE CUBA hace algunas semanas un religioso que labora en la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) a condición de que no se difundiera su identidad.
En este duro periodo caracterizado por una ola de detenciones, exilios y presiones de diverso tipo del régimen, incluyendo el cese de emisoras de radio católicas, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) ha optado por un bajo perfil, sin condenar los hechos ni exigir públicamente la liberación de los sacerdotes.
La excepción ocurrió en agosto cuando manifestó su "profundo dolor" por la detención de monseñor Álvarez.
El papa Francisco, que por su condición de argentino suele estar muy familiarizado con los temas de América Latina, ha evadido pronunciarse sobre esta ola represiva. Hace algún tiempo el Vaticano dijo que estaba tendiendo puentes en Nicaragua, pero se desconoce la naturaleza y la propia existencia de un diálogo o acercamiento entre Managua y Roma.
De acuerdo con Confidencial, monseñor Álvarez es una de las voces más críticas dentro de la jerarquía católica contra el Gobierno de Ortega y Murillo. Su ministerio pastoral se centraba en la defensa de los derechos humanos y la denuncia de las violaciones, injusticias, abuso de poder, corrupción y el autoritarismo imperante en el país centroamericano.
"Es un crimen lo que hace la dictadura de Nicaragua contra mi hermano obispo, monseñor Rolando Álvarez. Ultrajándolo se condenan a sí mismos. ¡Rolando, no estás solo! Estamos contigo, rezamos por ti y exigimos tu libertad. Contigo está Dios, quien no abandona a sus profetas", escribió por su parte desde Roma el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, quien debió abandonar Nicaragua.
El pasado 23 de noviembre, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) exhortó a la jerarquía católica a que informara sobre la situación del Álvarez, en su arresto domiciliario. La organización aseguró que el obispo había sufrido una caída —sin especificar la gravedad—, que estaba enfermo y su familia no se encontraba en la vivienda en la que cumple su detención.
