El sandinismo prepara el terreno para condenar penalmente al obispo de Matagalpa

En un juicio exprés que se realizó a puerta cerrada, la Justicia de Nicaragua, controlada por el régimen de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, condenó a diez años de prisión a cuatro sacerdotes católicos, en una decisión que según observadores prepara el terreno para condenar al obispo de la diócesis de Matagalpa, un hecho inédito en el país.

El medio digital Confidencial, que debió establecerse en el exilio en Costa Rica, tras la ola de persecución dentro de Nicaragua, reportó que el juicio se efectúo desde el lunes 23 hasta el pasado jueves 26 de enero de 2023, con maratónicas audiencias de hasta 12 horas. Todo transcurrió a puerta cerrada.

Cuatro sacerdotes católicos, dos seminaristas y un camarógrafo, todos al servicio de la diócesis de Matagalpa (al norte del país centroamericano) fueron declarados culpables en un juicio claramente de tintes políticos. Se les endilgaron los delitos de conspiración y propagación de noticias falsas.

Los seis condenados trabajaban estrechamente con el obispo Rolando José Álvarez, quien encabezaba a la Iglesia Católica en Matagalpa cuando fue detenido la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales dentro del Palacio Episcopal. En ese acto se llevaron detenidos a los colaboradores de Álvarez que resultaron condenados, cada uno, a diez años de prisión y multas individuales por el orden de los 1.500 dólares, según la tasa de cambio de este viernes.

Álvarez recibió el 13 de diciembre una acusación penal por estar involucrado, según la Justicia de Nicaragua, en actos contra la integridad nacional y por difundir noticias falsas, en términos bastante similares a las acusaciones contra sus colaboradores. Todo esto hace suponer, a observadores de la dinámica política del régimen sandinista, que se prepara el terreno para condenar penalmente al obispo católico, un hecho inédito en el país centroamericano.

Con el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 comenzó una larga etapa de relaciones tensas entre los diferentes gobiernos que ha encabezado Ortega y la Iglesia Católica, que tradicionalmente gozó de respeto entre los nicaragüenses.

"En la década del 80 vimos la persecución contra la Iglesia. Siempre ha habido asedio, persecución contra todos aquellos que levantamos nuestra voz para defender a este país", sostiene desde su exilio el padre Edwin Román, quien debió dejar atrás su posición de párroco en la población de Masaya.

Sin embargo, cuando Daniel Ortega perdió el poder en 1990 y posteriormente inició su campaña presidencial para volver al poder en 2004, pidió perdón por los ataques a los religiosos. Algunos advirtieron que esto, en el fondo, era una estrategia política.

El obispo Álvarez (la figura de más alta jerarquía que el sandinismo ha detenido) ha cumplido más de cinco meses de prisión domiciliaria sin que haya un reclamo por parte de la jerarquía católica local ni del Vaticano.

Este 2023 comenzó con decisiones judiciales para formalizar las condenas contra religiosos en Nicaragua.

El pasado 16 de enero fue declarado culpable el sacerdote Óscar Danilo Benavides Dávila, párroco de Mulukukú (en la costa del Caribe), por los supuestos delitos de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación".

Benavides Dávila, quien es oriundo de Matagalpa, tuvo una audiencia de juicio que fue realizada en un mismo día, desde aproximadamente las 9:00AM hasta las 5:00PM del 16 de enero. Ha sido el primer sacerdote católico condenado por cargos políticos.

Otros dos sacerdotes han sido condenados previamente, pero contra ellos la Justicia controlada por el gobernante Frente Sandinista utilizó delitos comunes, entre ellos violencia física y sexual.

Los condenados este 27 de enero, del equipo pastoral de Álvarez, han sido los sacerdotes Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral Matagalpa de San Pedro, respectivamente; así como el diácono Raúl Vega González. También los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, y el camarógrafo Sergio Cárdenas.

Desde que fuesen detenidos el 19 de agosto, todos los ahora condenados han permanecido en la cárcel conocida como El Chipote, a donde han sido llevados decenas de opositores y activistas de la sociedad civil tras la ola de detenciones que se profundizó en los meses previos a las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, unas votaciones no reconocidas como legítimas por los gobiernos de Canadá, EEUU y la Unión Europea.