Sin la narrativa de izquierda ni el aura romántica que envolvió la discusión constituyente que finalmente el pueblo de Chile rechazó, las fuerzas políticas chilenas, en un abanico amplio de posturas ideológicas, acordaron impulsar desde el Parlamento un proceso rápido y con reglas negociadas previamente para alcanzar una nueva Constitución antes de que concluya 2023.
Todo el año próximo estará centrado en varias etapas para que, al concluir, a fines de noviembre de 2023, esté votada por la ciudadanía un proyecto de Carta Magna que finalmente eche al traste a la Constitución de 1980, aprobada en los años más crudos de la dictadura de Augusto Pinochet.
Analistas políticos han reconocido el pragmatismo y la capacidad de negociar del Gobierno de Gabriel Boric, un referente de la nueva izquierda chilena. Tanto la elección de Boric en diciembre de 2021, como el proceso constituyente que desembocó en el plebiscito, fueron producto de la ola de protestas de octubre de 2019 que hicieron patentes el descontento social y los límites del llamado modelo económico chileno, precisamente otra herencia de la dictadura.
El nuevo proceso para alcanzar una Constitución en Chile ha sido el fruto de tres meses de negociaciones, las cuales se iniciaron inmediatamente después del plebiscito del 4 de septiembre del 2022, cuando una mayoría de 62% rechazó la propuesta constitucional elaborada por una polémica Convención Constituyente, liderada por figuras emergentes de la política y más inclinada a la izquierda.
Boric entendió que el rechazo a la propuesta constituyente era también un bumerán para su gestión de gobierno y desde el mismo 5 de septiembre, un día después del plebiscito, convocó a los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, con lo cual el Parlamento pasó ser el epicentro del nuevo esquema en aras de una Constitución.
Un conjunto de expertos designados por el Parlamento comenzará a trabajar en enero; en abril serán electos 50 convencionales con voto obligatorio y, tras una instalación el 21 de mayo, tendrán cinco meses para trabajar, hasta el 21 de octubre, cuando entreguen el texto final. La propuesta de la nueva Constitución deberá ratificarse mediante un plebiscito de salida el 26 de noviembre de 2023.
Un total de 14 partidos, desde los comunistas aliados del castrismo hasta los sectores ultraconservadores, sellaron el acuerdo que fue anunciado oficialmente el lunes 12 de diciembre. Boric, junto a la directiva del Parlamento, encabezó el acto. La clase política chilena ha vuelto a tomar el control de cara a este proceso constituyente y ha prometido diversidad, amplitud y tolerancia.
La primera tarea será la elección de un grupo de 24 expertos que será elegido por el Congreso (12 designados por los senadores y 12 por los diputados), donde Boric no tiene mayoría. Se elegirán "en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas". Esto es un tanto a favor de los partidos conservadores y de centro que quedaron excluidos de facto del proceso anterior.
La elección de los convencionales será abierta, cualquier chileno o chilena podrá postularse. Luego, otro triunfo de los sectores conservadores con peso parlamentario ha sido el punto relacionado con las discrepancias, cómo resolver los asuntos en los que las posiciones están divididas.
En estos casos, un grupo mixto de seis convencionales y seis expertos deberá llegar a consensos por tres quintas partes. Para el espectro de centro y conservador era clave que los expertos tuviesen relevancia y contribuyan a construir consensos y darle coherencia al texto que nazca de este proceso.
El expresidente socialista Ricardo Lagos, quien apoyó públicamente a Boric en la campaña presidencial, tomó distancia una vez que conoció el texto constitucional que se votó en septiembre. A su juicio, se perdió la oportunidad de construir un nuevo centro político democrático con el deseo de cambio que late en el país sudamericano.
En opinión de un observador electoral que estuvo presente en Chile para el plebiscito, la Convención Constituyente quedó atrapada en la falta de liderazgo que se evidenció en su interior, junto a las presiones de diversos actores y sectores que lograron incluir sus demandas y reivindicaciones, sin que el texto terminara teniendo coherencia o posibilidades de ejecución.
"El país demanda certezas, sanar heridas, reconstruir confianzas y, sobre todo, llevar adelante un proceso constituyente exitoso, para que la Constitución sea un factor de unidad. Pero la tarea recién comienza. Tenemos que aprender con mucha humildad de las lecciones de nuestra historia y no solo las del pasado reciente", manifestó el 12 de diciembre el socialista Álvaro Elizalde, una figura de centro que preside la Cámara del Senado.
