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El Salvador

Bukele lanzó la mayor operación contra las bandas criminales e intensifica el estado de excepción

El Gobierno de El Salvador envió a unos 10.000 soldados y policías a un municipio que forma parte del área metropolitana de la capital.

Brasilia
Operación militar en el municipio de Soyapango, El Salvador.
Operación militar en el municipio de Soyapango, El Salvador. afp

Este 3 de diciembre el día noticioso en El Salvador comenzó antes de que saliera el sol. Poco antes de las 05:00AM el presidente Nayib Bukele confirmó lo que se venía observando: su Gobierno envió a unos 10.000 soldados y policías a un municipio que forma parte del área metropolitana de San Salvador, en el mayor despliegue en los ocho meses del estado de excepción.

Este fin de semana fue de intensidad en materia de seguridad e informativa. Tras lo que medios locales calificaron como "impresionante despliegue" de uniformados en contra de las pandillas criminales (conocidas como maras), el sábado, un día después Bukele apareció sorpresivamente en Costa Rica, en un viaje privado de vacaciones. Pese a ser una salida al extranjero, no fue notificada al Parlamento salvadoreño.

La acción de seguridad, sin precedentes por el volumen de uniformados actuando de forma simultánea y coordinada, estuvo centrada en la municipalidad Soyapango, que con unos 290.000 habitantes forma parte del área metropolitana de San Salvador, la capital del país centroamericano. Diversos medios informativos reconocieron que Soyapango ha sido conocida durante largos años por ser centro de operaciones de las pandillas del crimen organizado.

De acuerdo con la reseña de medios de prensa desde San Salvador, los militares y policías fueron casa por casa en búsqueda de pandilleros. Asimismo, durante horas mantuvieron a esa localidad en una suerte de estado de sitio, sin permitir que nadie se movilizara hacia otros sectores de la capital salvadoreña.

Desde que en marzo pasado el presidente Bukele decretó un polémico estado de excepción, que ha sido cuestionado por su carácter de medida casi que permanente, han sido detenidas más de 58.000 personas.

El Salvador tiene unos 6,5 millones de habitantes. Antes de Bukele llegara al poder el país figuraba entre los diez países latinoamericanos con mayores tasas de homicidios. El proyecto de investigación Insight Crime ha reconocido que desde 2020 la nación centroamericana registra una significativa disminución en la tasa de asesinatos. Muchas de las muertes violentas estaban relacionadas con las maras.

La política de mano dura de Bukele le ha rendido frutos en términos de opinión pública, aunque ha sido muy cuestionada por organizaciones de derechos humanos. De acuerdo con sondeos de la empresa Gallup, la aprobación del mandatario está por encima del 85%.

Según las versiones oficiales, el Gobierno le está ganando la guerra a las pandillas, incluso a la Mara Salvatrucha-13, la estructura criminal más grande del país.

Recientemente, el diario El País visitó la barriada conocida como La Montreal, que años atrás era el centro de los enfrentamientos entre las pandillas MS-13 y el Barrio 18. Como parte de esos enfrentamientos fue incendiada una unidad de transporte público, en un dantesco hecho en el que fallecieron 17 personas.

En la visita del diario español fue constatado que ahora en las calles de La Montreal se ven pandilleros con atuendos holgados, tatuajes en el rostro y armas al cinto. Dos patrullas con policías y soldados con el rostro cubierto se pasean escaneando con la mirada a los transeúntes y detienen a cualquier hombre joven que pasa.

Junto a miles de detenciones de pandilleros, proliferan las denuncias de detenciones arbitrarias, casos de tortura y hasta desplazamiento forzado en comunidades populares, entre ciudadanos que nada tienen que ver con el crimen organizado.

Según un informe de Amnistía Internacional publicado tres meses después de que Bukele decretara el estado de excepción, las acciones del Gobierno han desembocado en “violaciones masivas de derechos humanos” y detenciones arbitrarias.

Se anuncia para esta semana la presentación de un informe de Human Rights Watch (HRW) en el que se han documentado graves abusos, "incluyendo desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos".

Medios de prensa en San Salvador recuerdan que el estado de excepción fue en respuesta a un sangriento fin de semana en el cual, en diversos hechos, fueron asesinadas 87 personas. Este suceso, según las investigaciones periodística que ha realizado El Faro, fue una consecuencia de la ruptura de un pacto secreto que el Gobierno de Bukele mantenía con las pandillas, un tema que el Poder Ejecutivo niega tajantemente.

Lo ocurrido el fin de semana en Soyapango se repetirá en otras localidades. "Gracias a Dios y gracias a ustedes, los salvadoreños tienen una paz verdadera", expresó el presidente Bukele a miles de soldados y policías en un evento la semana pasada en el cual se anunció una quinta etapa del Plan de Control Territorial, que comprenderá estas movilizaciones masivas de uniformados.

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