12 años de cárcel y la inhabilitación vitalicia: la petición fiscal contra Cristina Fernández

El fiscal Diego Luciani pidió el lunes 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, tras considerarla jefa de "la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país".

Asimismo, el tribunal rechazó la petición de la defensa de la expresidenta de ampliar su declaración. Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita creada para extraer fondos del Estado Nacional "desde la cúpula del poder".

Luciani dijo que la vicepresidenta "no podía no saber" lo que sucedía bajo su mando, y su mayor esfuerzo estuvo en aportar pruebas sobre este punto, reportó EFE.

Para ello difundió durante sus alegatos mensajes de WhatsApp donde los acusados mencionan a la por entonces presidenta de dar el visto bueno a los contratos. El fiscal se refirió a una estructura de corrupción "extraordinaria" y detalló un mecanismo donde el empresario Lázaro Báez, hoy condenado a 12 años de cárcel por lavado de dinero, recibía a cambio contratos millonarios de obra pública en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.

"Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad. Los imputados, en una estricta separación de roles, sustrajeron frutos del erario en provecho particular, adoptando todas las medidas necesarias para hacerlos con impunidad y desactivando todos los mecanismos de control. La corrupción fue la regla; se creó un eficaz sistema de corrupción institucional", afirmó el fiscal en el cierre de la acusación.

El fiscal Luciani estimó en 1.000 millones de dólares el daño causado al Estado a través de 51 contratos de obras viales entregadas a Austral Construcciones, una empresa creada por Lázaro Báez, un empleado de banco que en pocos meses se convirtió en millonario.

Como argumentos del presunto fraude, la Fiscalía dijo que el patrimonio de Báez creció 12.000% entre 2004 y 2015 y el de su empresa un 46.000%. Durante las tres presidencias del kirchnerismo, Báez solo tuvo como cliente al Estado; mientras su fortuna se multiplicaba, celebrara una veintena de acuerdos comerciales privados con la familia Kirchner.

El pedido de condena es el punto culminante de la llamada "causa Vialidad", en la que Kirchner y otros 12 imputados están acusados de desviar fondos de la obra pública para enriquecerse. Tras la petición fiscal, inicia la etapa final del juicio oral, con la lectura de los argumentos de la defensa. Si se cumplen los tiempos procesales, la condena o absolución de la expresidenta argentina estaría lista para finales de año.

De acuerdo con los despachos de prensa, es poco probable que Kirchner vaya a la cárcel en el corto plazo. Más allá de su inmunidad legal como vicepresidenta, un juez tendría que pronunciarse sobre el caso y aún no se ha fijado una fecha para dicha audiencia. Kirchner también puede apelar el fallo hasta la Corte Suprema del país, lo que podría extender el pleito aún más.

El juicio, iniciado en mayo de 2019, investiga si hubo direccionamiento y sobreprecios en la adjudicación de obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz.

A lo largo de las audiencias de alegatos, seguidas por los involucrados en forma remota, la Fiscalía apuntó contra Kirchner como líder de asociación ilícita y la acusó de fraude al Estado. El Código Penal establece que quien fuera condenado por estos delitos quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos. Pero para ello, la condena debe ser refrendada por tribunales superiores.

Cristina Fernández ya había realizado una declaración indagatoria ocho días antes de asumir como vicepresidenta, el 2 de diciembre de 2019, cuando reiteró, como ha venido haciendo con el resto de acusaciones en su contra, que el proceso respondía a una persecución judicial o "lawfare" ideada por el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

El domingo, una carta pública firmada por más de medio millar de alcaldes respaldó a Kirchner, a quien consideraron "víctima de una persecución judicial". También diputados del oficialista Frente de Todos lanzaron un comunicado de respaldo a la vicepresidenta, al igual que una solicitada publicada este lunes en la prensa bajo la firma de referentes políticos y culturales. 

No obstante, de acuerdo con un sondeo realizado por la Universidad de Buenos Aires en las cuatro mayores provincias del país, solo el 43% de los votantes del Frente de Todos, partido de Kirchner, cree que es inocente.

La Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires lanzó un estudio en las dos provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, entre el 8 y el 14 de agosto, que dio como resultado que el 80% la considera "culpable", el 8% "inocente" y el 12% dice "no tengo opinión", citó el diario argentino Clarín.

Lo más sobresaliente es que, entre los votantes del Frente de Todos consultados por la Facultad de Psicología, solo un 43% la considera "inocente", mientras que el 26% cree que es "culpable" y el 31% prefiere un "no tengo opinión".