Restan escasas 11 semanas para las elecciones presidenciales en Brasil, y el sueño del mandatario de Jair Bolsonaro de ser reelecto para el periodo 2023-2026 luce lejano. Distante en las encuestas del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro apela en la recta final de la campaña a lo que ha sido la estrategia habitual de su contrincante, distribuir ayudas sociales, un aspecto que cuestionó largamente.
Bolsonaro logró una inédita decisión parlamentaria, a la que se vieron obligados a refrendar los legisladores del Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula da Silva, para crear nuevos programas sociales en plena campaña electoral, una cuestión que estaba prohibida justamente para evitar que los fondos públicos influyeran de forma evidente en la decisión de los votantes más pobres.
El presidente, electo en 2018 con un discurso anticorrupción y teniendo como bandera generar empleos y no ayudas sociales, junto a sus aliados en el Parlamento logró tejer de forma hábil una estrategia para decretar un "estado de emergencia", con lo cual su Gobierno podrá destinar 7.500 millones de dólares adicionales en las próximas semanas a los programas sociales.
Analistas dan por descontado que habrá una suerte de festín con los fondos públicos, con intenciones claramente electorales. Todo esto justamente fueron las críticas que hizo Bolsonaro del PT en 2018 y que con apoyo de la clase media urbana lo catapultaron al poder, cuando Lula da Silva y sus correligionarios más cercanos estaban señalados de múltiples hechos de corrupción y abuso de poder.
La votación legislativa tuvo lugar el 13 de julio en Brasilia y en medio de un año electoral prácticamente tuvo apoyo unánime, incluso de los adversarios de Bolsonaro.
El PT de Lula da Silva terminó votando a favor, para evitar que una negativa a respaldar las ayudas sociales terminara afectándole negativamente entre los votantes de los sectores populares. 469 diputados votaron a favor y escasamente 17 en contra. El presidente se apuntó un tanto político, pero habrá que esperar para ver su impacto en la intención de voto.
El último sondeo de la prestigiosa firma Datafolha, difundido a fines de junio, daba por ganador a Lula da Silva, de 77 años, y quien gobernó entre 2003 y 2010. De acuerdo con esta encuesta, el veterano líder izquierdista obtendría un 53% de los votos. Si esta tendencia se consolida y se registra efectivamente en las urnas, no sería necesaria una segunda vuelta. La primera vuelta está fijada para el 2 de octubre y si es necesario un balotaje, este se realizaría el 30 de octubre.
En sus mensajes, Lula da Silva ha evitado el triunfalismo y sigue enfrascado en una intensa campaña que busca consolidar su posición de favorito más allá de sus seguidores tradicionales de la izquierda. Aliado con el conservador Geraldo Alckmin, como su compañero de fórmula, Lula da Silva busca posicionarse entre votantes de centro y de derecha moderada.
Bolsonaro, entretanto, luce estancado según las diferentes encuestas. No se proyecta más allá del 30% de preferencias y no ha crecido en el último trimestre. La arriesgada jugada de meter ayudas sociales adicionales en plena campaña es su respuesta política para tratar de reanimar su valoración pública, especialmente entre los más pobres que tradicionalmente en Brasil han votado más hacia el PT.
Con el "estado de emergencia" que hizo aprobar en el Congreso, Bolsonaro aumentará en un 50% las ayudas que reciben los más pobres para elevarlas a 600 reales al mes (109 dólares). Además, se aumenta el número de beneficiarios, llegando a más de 20 millones de familias. También se crean ayudas específicas para comprar bombonas de gas y para los conductores de transporte, compensando el alza de combustibles. Estas subvenciones serán temporales hasta diciembre, dos meses después de que ocurran las elecciones.
Se espera que con las nuevas ayudas la popularidad de Bolsonaro remonte, pero la pregunta es si será una recuperación tal que ponga en riesgo lo que ahora se ve como un triunfo seguro para Lula da Silva.
La campaña del PT comenzó ya a resaltar que Lula da Silva es el verdadero "padre de los pobres" y que Bolsonaro es un oportunista. Según un spot publicitario del partido de izquierda, "las ayudas de Bolsonaro solo duran hasta diciembre, cuando pasen las elecciones te deja tirado".
La otra interrogante que circula en Brasil es en relación a las cuentas fiscales y al déficit que deberá enfrentar a partir de enero el nuevo Gobierno, incluso el propio Bolsonaro si sale reelecto. El ministro de Finanzas, Paulo Guedes, quien públicamente se había opuesto a expandir el gasto público en la campaña electoral, ha terminado por aceptar la jugada política del presidente y adelanta que en 2022 no habrá déficit, este se correrá para 2023 según diversos analistas financieros.
