En este 2022 se está registrando en Argentina su alza de precios más elevada, desde 1991. Y caminando sobre el filo de la navaja, como parte de sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno de Alberto Fernández apunta a revisar lo que fue un tema históricamente tabú para el peronismo: los subsidios al gas y a la electricidad, que podrían impactar en la espiral inflacionaria.
Mantener a raya la inflación es precisamente uno de los puntos neurálgicos en el acuerdo con el FMI, pero eso según el propio multilateral y en opinión de economistas significa meter en cintura al gasto público, un asunto que parece ser un punto de honor para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, referente principal de la corriente kirchnerista dentro del peronismo en el poder.
Y el telón de fondo de esta coyuntura crítica en Argentina es la falta de acuerdos entre Fernández de Kirchner y el presidente Fernández, un asunto que terminó por eyectar del cargo a quien fue el ministro de Economía, Martín Guzmán, encargado de alcanzar un acuerdo con el FMI en torno a la abultada deuda que contrajo Mauricio Macri en 2018 por 44.000 millones de dólares.
De acuerdo con Perfil, con la mediación de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, se han generado varias reuniones en tono conciliador entre Fernández y su vicepresidenta, tras una ola de cuestionamientos públicos a la gestión presidencial hechos por la propia Cristina Fernández de Kirchner. Para el diario Clarín, el clima de distensión que prevalece ahora en el Gobierno está relacionado con que Alberto Fernández, finalmente, cedió la conducción de la economía al kirchnerismo.
El clima de entendimiento en el Gobierno, sin embargo, está lejos de calmar a las dinámicas económicas, más impactadas por la renuncia de Guzmán, quien fue reemplazado por Silvina Batakis, una economista que en sus redes sociales se manifiesta abierta simpatizante del castrismo.
La inflación, según las cifras oficiales, fue de 5,3% en el mes de junio. El acumulado del primer semestre es de 36,2% siendo así la tasa más alta desde 1991, el año en que el plan de ajustes que llevó adelante el entonces presidente Carlos Menem puso punto final a dos años de hiperinflación. Tener un nivel inflacionario de este nivel 2022 desata no pocos temores entre los argentinos ante una escalada en el alza de precios.
Se prevé que la inflación tenga un registro importante al concluir julio. Tras la renuncia de Guzmán la cotización del dólar se disparó, y se registran cortes en las cadenas de suministro. "He estado recorriendo el país y observo que muchos productores no saben qué precios van a tener sus productos en cuestión de semanas", aseveró la dirigente opositora María Eugenia Vidal, quien fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires en los años en que Macri ocupó la presidencia (2015-2019).
Entre los puntos principales del acuerdo con el FMI, figuran la meta de alcanzar el equilibrio fiscal en 2024, una recuperación significativa de las reservas internacionales y una reducción de la inflación. Batakis ha aseverado que le dará continuidad a lo pactado por Guzmán, en nombre del Gobierno de Alberto Fernández, con el FMI.
La nueva ministra ha reiterado que habrá un control del gasto público: "No vamos a gastar más de lo que tenemos". Desde el kirchnerismo, tal como lo apunta La Nación, se ha optado por guardar silencio sin que ello deba interpretarse como un voto de confianza para Batakis, aunque obviamente esta economista está más alineada políticamente con esta corriente del peronismo que Guzmán, cuya irrupción en el manejo de la economía argentina obedeció más a sus contactos internacionales, tanto académicos como con multilaterales.
A este clima de incertidumbre en torno a los precios se suma la falta de respaldo político que parece envolver a la nueva ministra Batakis. "A una reunión con gobernadores convocada por la Casa Rosada con la ministra apenas confirmaron su asistencia cuatro gobernadores", comentó este 18 de julio el periodista Marcelo Longobardi en una emisora bonaerense.
Las cifras de junio no hacen más que confirmar la escalada inflacionaria, que en Argentina tuvo un repunte a partir de marzo, asociada a la disparada internacional de los precios de la energía y los alimentos que siguió a la decisión rusa de invadir Ucrania, con impacto global en algunos rubros.
Entretanto, la brecha con el dólar oficial, que fija el Banco Central en 130 pesos, supera el 100%, lo cual genera distorsiones de diverso tipo tanto macroeconómicas como en la vida cotidiana del país.
Finalmente, a todo esto se suma la decisión que había sido aplazada una y otra vez por el peronismo de revisar su política de un subsidio global al gas y la electricidad. Adentrarse en este terreno constituye, de por sí, un punto de inflexión en la lógica del peronismo.
El esquema funciona de esta forma: el Estado argentino compra a precio de mercado a los productores y vende a precio subsidiado a las distribuidoras, y de esa forma logra mantener precios subsidiados para el consumidor final.
En Argentina, en la actualidad y por más de una década, el Estado cubre más del 65% del costo del gas y del 70% del costo de la electricidad. Solo el año pasado, se destinaron 11.000 millones de dólares a los subsidios, una suma que este año se prevé será mucho mayor dado el alza mundial de los combustibles.
En la práctica se pondrá en marcha un plan que había sido diseñado en tiempos de Guzmán pero que los funcionarios afines a Cristina Fernández de Kirchner se negaron abiertamente a implementar.
Se trata de reducir subsidios según los ingresos de cada consumidor, para mantener unos precios subsidiados entre los más pobres. Esto es lo que se dice en el papel, en la práctica el Gobierno de Fernández estará caminando sobre el filo de la navaja, presionado para cumplir lo pactado con el FMI, al tiempo que deberá cuidar celosamente que el alza en la energía, aunque no sea generalizada, termine por acelerar la inflación en el país, con lo cual golpearía principalmente a los más pobres, que son su base de apoyo político.
