Mientras que el Gobierno de Alberto Fernández optó por desentenderse del escándalo que rodea a un avión venezolano tripulado por iraníes que fue retenido en Buenos Aires, la Fiscalía de Argentina decidió imputar a la tripulación de la aeronave para determinar si tienen relaciones con el terrorismo.
En el centro de la investigación está el piloto Gholamreza Ghasemi Abbas, perteneciente a la Guardia Revolucionaria Iraní y director de otra aerolínea iraní también con sanciones de EEUU, por presuntas vinculaciones a actividades terroristas.
La fiscal Cecilia Incardona, al imputar al piloto iraní, activa una investigación criminal para determinar si voló a Argentina con fines comerciales o para actividades ilícitas. Antes de que el Gobierno optara por el mutismo sobre el caso, el propio ministro del Interior, Aníbal Fernández, confirmó la presencia de Gholamreza Ghasemi Abbas y de su vinculación con Al Quds de la Guardia Revolucionaria del régimen iraní
Poco después, medios de prensa argentinos confirmaron que el FBI estadounidense hizo entrega de información a las autoridades en Buenos Aires confirmando la identidad del piloto y su vinculación con diversas acciones terroristas. Para la comunidad judía en la capital argentina resulta llamativa y sospechosa la presencia del propio Gholamreza Ghasemi Abbas pilotando un avión y llegando al país sudamericano.
Además de las sanciones de EEUU contra funcionarios, empresas y órganos de seguridad de Irán, Washington tiene a Al Quds en su listado de organizaciones terroristas. Lo más grave es que precisamente Argentina acusa a miembros de Al Quds de estar detrás del atentado de 1994 contra la sede de la mutual judía en Buenos Aires, AMIA. En este atentado terrorista fallecieron 85 personas y sigue siendo una herida abierta para la sociedad argentina.
La aeronave modelo Boeing 747, que declaró transportar autopartes, se encuentra en un hangar del aeropuerto internacional de Ezeiza desde el 8 de junio, cuando las autoridades migratorias retuvieron los pasaportes de los tripulantes. Posteriormente les incautaron tabletas y teléfonos móviles a la tripulación, compuesta por cinco iraníes y 14 venezolanos. Tal volumen de personas declaradas como tripulación, para un vuelo de carga, también será objeto de la investigación judicial.
Originalmente la aeronave pertenecía a Mahan Air, una compañía aérea de origen iraní a la que se le atribuyen nexos con el terrorismo y sobre la que pesan sanciones económicas impuestas por EEUU. Recientemente fue vendida a la aerolínea estatal venezolana Conviasa, cuya filial de carga es Emtrasur.
"Con el avance de las tareas investigativas llevadas aquí adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga conforme las obligaciones del Estado argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo", dictaminó la fiscal Incardona al confirmar la investigación criminal.
La fiscal Incardona pidió que se acredite de modo fehaciente la titularidad de la aeronave de Emtrasur y confirmar si la firma Mahan Air tiene aún algún tipo de vinculación con la misma.
"Mahan Air es considerada una compañía que colabora con organizaciones terroristas de su país, mientras que Gholamreza Ghasemi es CEO y piloto de Oeshm Fars Air vinculada a Mahan Air, que hoy continua al mando del nombrado avión", destacó la fiscal en su requerimiento.
"Mahan Air fue sancionada en octubre de 2011 por la OFAC (Sanciones del Departamento del Tesoro de EEUU) por proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para la IRGC-QF (Fuerzas Quds) y por transportar armas y personal para Hezbollah. Esta sanción no es técnicamente información de inteligencia, sino que es un dato perfectamente corroborable", sostuvo la fiscal argentina.
Entretanto, Venezuela que en teoría es propietario del avión retenido, ha hecho reclamos, pero a Uruguay y no a Argentina. Las autoridades aeronáuticas de Montevideo le impidieron el aterrizaje al avión y esto les obligó a devolverse a Buenos Aires, para reabastecerse de combustible. El régimen de Nicolás Maduro se ha cuidado de hacerle críticas públicas al Gobierno de Alberto Fernández, quien hace poco decidió reestablecer las relaciones plenas entre Caracas y Buenos Aires.
De acuerdo con el portal argentino Infobae, el juez Federico Villena ordenó unas 60 medidas de prueba y el expediente suma ocho cuerpos, pero muchas de ellas todavía no llegaron al juzgado. El magistrado espera un informe definitivo sobre los teléfonos y las tablets secuestradas a los tripulantes. Los informes preliminares hasta ahora no arrojaron pruebas contundentes para el expediente. También está pendiente el análisis de las dos "cajas negras" del avión.
"La clave de este caso está en las discrepancias sobre la composición de la tripulación", apunta Andrei Serbin Pont, experto en temas de seguridad y director ejecutivo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), con sede en Buenos Aires, al ser consultado por DIARIO DE CUBA.
Asimismo, se ha destacado que el avión transportaba autopartes y, sin embargo, tanto SAS Automotriz SA, la compañía que adquirió esas autopartes, como la empresa Volkswagen Argentina, emitieron comunicados en los que se desvinculaban del vuelo de Emtrasur, según resaltaron medios de prensa en Buenos Aires.
