La persecución del régimen de Daniel Ortega, y su pareja sentimental y vicepresidenta Rosario Murillo, no parece tener punto de contención. Medio centenar de organizaciones no gubernamentales resultaron ilegalizadas al iniciarse este mes de mayo, mientras que el nuevo objetivo podría estar en entidades de la Iglesia Católica de Nicaragua.
Con las 50 ONG que perdieron su personería jurídica el pasado miércoles, suman ya 187 las ilegalizadas. A esto se añaden 182 presos políticos, según cifras difundidas por defensores de derechos humanos. Entre los presos políticos se encuentran todos los precandidatos presidenciales opositores, a quienes el año pasado se les impidió participar formalmente en unos comicios que atornillaron a Ortega y Murillo en el poder, pero que finalmente no han sido reconocidos ni por EEUU ni por la Unión Europea.
"Estamos haciendo cancelaciones de personalidades jurídicas en una fecha especial (Día de la Dignidad Nacional). Son 50 asociaciones que no quieren cumplir con la ley, quieren violentar la ley", argumentó el diputado Filiberto Rodríguez del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) al presentar la moción ante el pleno de la Asamblea Nacional.
El Parlamento unicameral la aprobó de forma arrolladora. 75 diputados del sandinismo respaldaron la medida, no se registró ningún voto en contra y sí 16 abstenciones de partidos minoritarios, algunos de ellos acusados de ser una "oposición leal" al régimen de Ortega y Murillo.
Según el Ministerio de Gobernación nicaragüense, las ONG incumplieron con sus obligaciones. Según el régimen, las organizaciones sin fines de lucro no reportaron sus estados financieros conforme a los periodos fiscales con sus desgloses detallados de los ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final), ni sus juntas directivas.
Entre las casi dos centenares de ONG clausuradas, en Nicaragua, se encuentran la Fundación Luisa Mercado, que dirige el escritor nicaragüense exiliado en España Sergio Ramírez, y la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, fundada en 1982 por el fallecido poeta trapense Ernesto Cardenal (1925-2020), quien fue una figura emblemática del primer gobierno de Ortega en los 80. Ramírez fue vicepresidente de Ortega entre 1985 y 1990.
Dos entidades de la católica Compañía de Jesús fueron ilegalizadas este 6 de mayo: el Instituto Histórico Centroamericano (IHCA) y la Asociación Roncalli-Juan XXIII. El primero ha sido un tradicional centro de reflexión académica, mientras que la segunda es una organización de desarrollo social.
"Lamentamos y condenamos esta arbitrariedad. Han sido borrados de un plumazo 60 años de historia, si sumamos las décadas de trabajo que ha tenido el IHCA y la asociación Roncalli. Son 60 años de tradición, de esfuerzo, de compromiso con el pueblo nicaragüense", comentó a DIARIO DE CUBA el politólogo Piero Trepiccione, coordinador de la red de organizaciones sociales de la Compañía de Jesús en América Latina, compuesta por 38 ONG dedicadas a la promoción y desarrollo social.
"Estas medidas tomadas por el Gobierno de Ortega afectan severamente la democracia, la libertad de asociación y en general los derechos humanos", precisó Trepiccione.
A juicio del activista social, ante estos "actos tan contrarios al espíritu de la democracia, lamentablemente no escuchamos condenas categóricas de los gobiernos de la región, y menos aún observamos acciones para evitar que se produzcan hechos de esta naturaleza".
En la misma sesión del 4 de mayo, el Parlamento controlado por el régimen sandinista aprobó un informe en el que acusa a los obispos y sacerdotes del país de participar en un intento de golpe de Estado y de expresarse con "odio y saña" contra los simpatizantes del sandinismo.
En este texto legislativo se recomienda juzgar a los religiosos católicos que hayan apoyado las manifestaciones de 2018, cuando tuvo lugar un estallido social duramente reprimido, así como confiscar los bienes de la Iglesia Católica.
Por otro lado, entre las entidades no gubernamentales afectadas figura la Fundación 10, del Canal 10 de la televisión en Managua, un medio de comunicación independiente que ha tenido que cerrar programas críticos con el Gobierno sandinista y que ha visto partir al exilio a algunos de sus periodistas que han alegado razones de seguridad.
En el índice mundial de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, difundido el pasado 3 de mayo, la organización con sede en París alertó sobre el dramático retroceso registrado en el país centroamericano durante 2021.
"Nicaragua, al ubicarse en la posición 160, entre 180 países evaluados, protagoniza el mayor descalabro (pierde 39 posiciones en comparación con el índice anterior) y entra en la zona roja de la clasificación mundial. La parodia de elecciones organizadas en noviembre de 2021, que llevaron a Daniel Ortega a su cuarto mandato consecutivo como presidente, se ha sucedido por una persecución feroz contra las voces críticas", documentó RSF.
Así como el régimen de Ortega y Murillo han actuado contra las ONG, en Nicaragua "los últimos bastiones de la prensa independiente son asediados y la gran mayoría de los periodistas independientes ha tenido que huir del país", sentencia Reporteros Sin Fronteras.
Organizaciones ilegalizadas en los últimos meses, así como medios de comunicación independientes, han denunciado que el proceso legislativo de ilegalización ha sido seguido de expropiaciones de las sedes y bienes de las ONG críticas del sandinismo.
Este par de brujitos parampanpum estan desatados,que no le vuelen las cabezas a tiempo y van a tener dictadura pa rato ,por tener ya tienen relevo familiar por supuesto
Es para que se les caigan las caras de vergüenza a los nicaragüenses, al menos los que vergüenza tienen. Pero, no aprendieron ni creo que aprendan. Los letrinamericanos siempre caen en lo mismo.