En el chavismo terminó por imponerse la línea dura a la hora de designar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela. A través de vías diplomáticas la Unión Europea (UE) había sugerido una conformación más plural, en aras de dar señales en favor de una negociación política, pero esto no ocurrió.
La Asamblea Nacional, que controla ampliamente el chavismo, votó este 26 de abril la designación de 20 magistrados para el "nuevo TSJ". No solo se reciclaron figuras que ya tenían largos años al frente del Poder Judicial, sino que se optó por desafiar a la propia UE y a EEUU, ya que sobre varios de las magistrados pesan sanciones tanto de Washington como de Bruselas por complicidad con violaciones a derechos humanos, corrupción y abuso de poder.
"Es una señal inequívoca: no hay voluntad de apertura por parte del régimen de Nicolás Maduro. Se ha impuesto la línea dura", comentó con frustración una agregada diplomática europea a DIARIO DE CUBA.
Al contrario de lo que ocurrió con el Poder Electoral, en donde el año pasado el chavismo se allanó a nombrar a dos figuras independientes entre los cinco rectores principales, como parte de un proceso de negociación discreto con actores políticos locales que estuvo aupado por la UE, en "el nuevo TSJ" no hubo apertura. Altos mandos del chavismo temen que la presencia de magistrados independientes o no afines al régimen abra las puertas para eventuales juicios en su contra.
La designación de magistrados, por otro lado, realizada de forma extemporánea, marca una ruptura con lo que establece la Constitución, en torno a la extensión de los períodos máximos de permanencia al frente del Poder Judicial.
Carlos Lusverti, abogado y profesor de Derechos Humanos, pone el ejemplo del actual presidente del TSJ, Maikel Moreno, quien lleva ya siete años en esa instancia.
"Un individuo como Maikel Moreno, que fue designado en 2015, podría estar en el TSJ un total de 19 años, lo cual claramente es inconstitucional si se le suman los actuales siete más los 12 que tendrá a partir de esta decisión del Parlamento", precisó Lusverti, al ser consultado por DIARIO DE CUBA.
"Hay otros casos que están en una situación similar extendiendo o quebrantando la limitación constitucional de 12 años como máximo periodo para la permanencia de los magistrados", comentó el investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
El caso de Moreno es emblemático, simboliza según ONG locales el nulo respeto del chavismo en las designaciones dentro de las instituciones del Estado. El actual presidente del TSJ fue escogido como máximo representante del Poder Judicial, pese a que fue procesado por dos asesinatos y en 2007 fue destituido de su cargo de magistrado de la Corte de Apelaciones por orden de la Sala Constitucional del propio TSJ.
Moreno, según diversos analistas, ha logrado ser políticamente un punto de equilibrio entre los factores del chavismo y por eso se apuesta por prolongar su permanencia.
El 60% de los 20 magistrados del TSJ que nombró este martes la Asamblea Nacional provienen del anterior máximo Juzgado. La ONG Acceso a la Justicia destacó que la mayoría de los jueces que permanecerán en sus cargos son los de la Sala Constitucional. Esta sala tiene un carácter de supra-poder porque puede revisar las decisiones de las otras salas del TSJ.
Tres de los magistrados que van a repetir en la Sala Constitucional del TSJ: Lourdes Suárez Anderson, Luis Damiani Bustillos y Calixto Ortega, tienen en su contra sanciones individuales impuestas o bien por EEUU, por la UE o por Canadá. Están señalados de favorecer el clima de impunidad y violaciones a los derechos humanos, así como de acabar con el Estado de derecho en Venezuela.
Moreno, entretanto, es el magistrado que reúne el mayor número de sanciones. Ha sido recibido restricciones de Washington y Bruselas en seis oportunidades. Moreno, en respuesta, acudió ante el Tribunal Europeo de Justicia.
A la Sala Constitucional, por otro lado, se incorpora quien fungía como rectora del Consejo Nacional Electoral y presidenta de la Junta Nacional Electoral, Tania D'Amelio.
Pese a que la Constitución vigente establece que los magistrados o rectores electorales no pueden tener militancia partidista, Calixto Ortega y Tania D'Amelio fueron por ejemplo largamente diputados del chavismo en la Asamblea Nacional.
A juicio de Lusverti, el hecho de que se haya optado por ratificar a magistrados que estaban previamente sancionados constituye "una bofetada" a la política de sanciones, especialmente de EEUU, que ha insistido en usar este mecanismo para presionar —hasta ahora sin éxito— al chavismo.
Este 27 de abril, entretanto, se designó a Gladys Gutiérrez como nueva presidenta del TSJ, cargo que ya había ocupado en el pasado. Se trata de otro intento de calmar las aguas con la Corte Penal Internacional (CPI), ya que esta magistrada viene de ser la embajadora del régimen ante dicha corte en La Haya.
"Este nombramiento hace más evidente la falta de independencia del poder judicial, que está subordinado a las decisiones políticas del chavismo", sostuvo el experto en derecho internacional Mariano de Alba.
Finalmente, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), que fue un aliado histórico del chavismo, votó en contra del nombramiento de los magistrados y denunció que al diputado comunista Oscar Figuera se le negó derecho de palabra en dicha sesión parlamentaria.
"Pese a que se le negó el derecho de palabra, a viva voz el PCV dejó claro que se abstuvo en la elección de nuevos magistrados, por considerar que se violó la Constitución", sostuvo Figuera, quien ha devenido en una figura incómoda para el chavismo por sus críticas a las decisiones del Parlamento, siendo parte de este legislativo. El PCV solo tiene un diputado en la actual Asamblea Nacional, dominada ampliamente por el chavismo.
