La ONG internacional Human Rights Watch (HRW) documentó abusos contra habitantes humildes de la frontera entre Colombia y Venezuela, cometidos durante este año según las denuncias de las víctimas por una actuación conjunta entre militares venezolanos y la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La complicidad de las fuerzas armadas de Venezuela, controladas férreamente por el chavismo, con los grupos guerrilleros colombianos ha sido denunciada largamente. Sin embargo, es la primera vez que una entidad reconocida como HRW documenta abusos cometidos por militares venezolanos y guerrilleros colombianos, actuando de forma conjunta, con la población que habita en la frontera binacional.
Tal como reseñó DIARIO DE CUBA, este 2022 se inició con incursiones de grupos guerrilleros colombianos en territorio de Venezuela, teniendo como novedad que se amplió su zona de influencia incluso en lugares distantes de la región fronteriza.
La frontera, especialmente en el estado (provincia) venezolano de Apure, limítrofe con el departamento de Arauca (del lado colombiano) ha sido un tradicional aliviadero de las organizaciones guerrilleras colombianas, incluso antes de Hugo Chávez llegara al poder en 1999.
Este 2022 se inició con disputas por el control del territorio y del tráfico que circula por una frontera porosa, con casi nulo control oficial, entre el Comando Conjunto de Oriente, compuesto por disidentes surgidos de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ELN.
De acuerdo con la documentación y testimonios que recabó HRW, este conflicto que está geográficamente focalizado ha tenido un alto impacto entre habitantes pobres, de lado y lado, de la frontera. HRW estima que miles de personas han debido huir de sus hogares en el primer trimestre de este 2022.
La complicidad entre el ELN y los militares venezolanos, que documenta y denuncia HRW, simboliza la metamorfosis y recomposición de los grupos irregulares y su actuación dentro de Venezuela.
Los disidentes de las FARC ahora no solo tienen como enemigos al ELN, en su disputa territorial, sino que tampoco gozan ahora del respaldo del chavismo.
A mediados del año pasado, por ejemplo, guerrilleros que siguen reivindicando a las FARC (oficialmente esta fuerza guerrillera se acogió al proceso de paz en 2018), mantuvieron secuestrados a militares venezolanos tomados como rehenes en territorio de Venezuela, lo cual dejó al desnudo la incapacidad del régimen de Nicolás Maduro de tener un control efectivo sobre el territorio nacional.
Entretanto, en mayo de 2021 fue abatido Seusis Pausivas Hernández, mejor conocido por su alias “Jesús Santrich”, dentro de territorio venezolano, según confirmaron sus propios compañeros de la disidencia de la FARC-EP. Santrich gozó de protección del chavismo y al parecer luego ya no la tuvo, lo que permitió una aún no aclarada intervención de inteligencia que puso fin a su vida.
Uniformados venezolanos, esencialmente militares, "han realizado operaciones conjuntas con miembros del ELN y han sido cómplices de sus abusos", de acuerdo con el informe de HRW, que fundamenta su denuncia en los testimonios de decenas de desplazados y víctimas de esas arbitrariedades y crímenes.
Human Rights Watch precisó que entrevistó a más de 100 personas en los departamentos colombianos de Vichada y Arauca el mes pasado. Entre los consultados hay personas que huyeron de Apure, líderes comunitarios, dirigentes indígenas, funcionarios judiciales y también autoridades locales.
El documento de Human Rights Watch cita a testigos para afirmar que militares venezolanos solían acompañar a guerrilleros del ELN en comunidades de Apure donde acusaban a determinados residentes de colaborar con sus adversarios.
"Otro testigo dijo que miembros de las FANB llegaron a su comunidad en Apure con guerrilleros del ELN, quienes se llevaron por la fuerza a varias personas a las que acusaban de colaborar con el Comando Conjunto de Oriente", cuenta.
El declarante dijo a HRW que tanto los uniformados venezolanos como los insurgentes colombianos "empezaron a gritar unos nombres, entraron a las casas de esas personas y se los llevaban amarrados".
"Los grupos armados están cometiendo abusos brutales contra civiles en la frontera entre Colombia y Venezuela, en algunos casos con la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, y la respuesta de las autoridades colombianas ha sido inadecuada e insuficiente", comentó a DIARIO DE CUBA Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas de HRW.
"Las autoridades colombianas deben redoblar urgentemente sus esfuerzos para proteger a la población y asistir a las personas desplazadas, y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU debe investigar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos de las guerrillas", precisó la defensora de derechos humanos desde Buenos Aires.
En Apure, asimismo, en los últimos dos meses han sido asesinados aparentemente por sicarios dos militantes del Partido Comunista de Venezuela (PCV), un ex aliado del chavismo. El PCV venezolano mantuvo históricas relaciones de cooperación con las FARC.
El reporte de HRW refleja la gravedad de la situación en la frontera binacional. La Policía Nacional de Colombia informó que hubo 103 homicidios en Arauca en enero y febrero. Según la ONG internacional, tal cifra, de lejos, es la cifra de homicidios más alta reportada en los primeros dos meses del año en Arauca al menos desde 2010.
Sin cifras oficiales del lado venezolano, la ONG Fundaredes, especializada en el monitoreo de la frontera, señaló que el pasado mes de febrero tuvieron lugar en las zonas fronterizas con Colombia 67 asesinatos, 37 desapariciones o secuestros y 17 enfrentamientos armados.
