"Las células de las ex FARC están fuertemente arraigadas en las minas de oro de Amazonas y en el estado fronterizo de Apure, y parecen estar moviéndose hacia el este, a estados como Bolívar. Algunos de estos grupos gozan de estrechas relaciones con el Gobierno venezolano", reflejó un reciente informe de la Unidad de Investigación de la fundación InSight Crime.
De acuerdo con esta investigación, algunos de esos grupos, como el denominado Frente 10, en Apure, "se han enfrentado agresivamente con el Ejército de Venezuela, pero no han sido desalojados", reseñó el medio digital Infobae.
De acuerdo con testimonios de habitantes de Zulia reunidos en el informe, "el Frente 33 de las ex FARC está incursionando rápidamente en el Estado, que hasta hace poco estaba dominado por el ELN".
"La expansión del ELN en Venezuela parece haberse estancado. Aunque el grupo aún mantiene importantes bastiones en regiones como Táchira, hay mineros que le han dicho a InSight Crime que su influencia se ha debilitado en partes de Bolívar. El grupo ha mantenido un perfil bastante bajo durante el conflicto entre el Frente 10 y el Ejército de Venezuela en 2021", asegura el reporte.
No obstante, la organización responsable de la investigación reconoció que es complicado tener un panorama preciso de los guerrilleros colombianos en Venezuela, dado que la distinción entre combatientes y milicianos puede ser más difusa en el contexto venezolano.
Fuentes de InSight Crime en la zona "suelen dar estimaciones mucho más altas de la cantidad de combatientes en sus regiones, y hablan incluso de cientos en algunos municipios. Esto puede ser porque es difícil distinguir entre los combatientes como tal y sus colaboradores civiles, conocidos en Colombia como milicianos", explicó el reporte.
En Colombia "los milicianos son civiles con funciones de apoyo e inteligencia", pero en Venezuela "muchos colaboradores suelen ser miembros armados de bandas progubernamentales, conocidas como colectivos, o incluso de la milicia estatal. La tolerancia del Gobierno venezolano hacia la guerrilla colombiana implica que los milicianos tienen menos necesidad de ocultar su vinculación a estos grupos".
Después que el general Luis Fernando Navarro Jiménez, comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, afirmara que en Venezuela está el 40% de los combatientes del ELN (de 2.350 en total habría unos 1.200 repartidos en los cuatro estados fronterizos) y las ex FARC (de los 2.400 tendría 700), la investigación de InSight Crime reveló que ambas agrupaciones guerrilleras utilizan al país como retaguardia estratégica y como una escala para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, en gran parte con la tolerancia e incluso la complicidad del Gobierno venezolano.
"Los cálculos de Navarro indican que la cantidad de disidentes de las FARC en Venezuela se ha triplicado en los últimos dos años, mientras que las cifras del ELN se han mantenido bastante estables. A pesar de las dudas sobre la exactitud de las cifras, esta tendencia concuerda con las investigaciones de InSight Crime", aseguró el reporte.
"Aunque el ELN hizo rápidos avances en Venezuela a raíz de la desmovilización de las FARC en 2017, las células disidentes de las FARC se han reagrupado desde entonces en la región fronteriza. El surgimiento en Venezuela de exlíderes de las FARC que habían abandonado el proceso de paz también ha fortalecido la presencia de ciertas facciones que hacen parte de las ex FARC", apuntó.
InSight Crime, una fundación dedicada al estudio del crimen organizado en América Latina y el Caribe, destacó hallazgos realizados en las comunicaciones incautadas a las FARC, las cuales "indican que desde el año 2000 la guerrilla se comunicaba directamente con quien se convertiría en su principal interlocutor con el Gobierno, Ramón Rodríguez Chacín, miembro del círculo cercano de Chávez, que pasaría a ocupar el cargo de ministro del Interior y Justicia, entre otros roles".
Después del 11 de abril de 2002, cuando "Chávez fue derrocado temporalmente mediante un golpe de Estado" este vio a los guerrilleros de las FARC como una herramienta estratégica, un apoyo contra la intervención extranjera de una Colombia cada vez más hostil y de su patrón militar, Estados Unidos.
Por su lado las FARC, obligadas a defenderse debido al ataque militar del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, vieron en Venezuela un refugio seguro para esconderse y planificar operaciones”.
"En los años siguientes, los militares venezolanos comenzaron a hacerse los de la vista gorda frente a la presencia de la guerrilla, e incluso empezaron a ayudar activamente a los guerrilleros", afirmó la organización.
InSight Crime citó a un exlíder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV): "El Gobierno los apoyó mucho, en todos los sentidos: armas, medicinas y 'camionadas' de alimentos".
El exdirigente, cuyo nombre no fue revelado, aseguró que durante su trabajo político con el PSUV visitó varios campamentos de las FARC y se reunió con comandantes guerrilleros.
"De acuerdo con comunicaciones incautadas a las FARC y las investigaciones de Estados Unidos, diversas figuras de alto rango de la Administración Chávez cooperaron directamente con la guerrilla. Presuntamente les proporcionaron a los guerrilleros seguridad y documentos de identificación falsos para que pudieran operar libremente en el país, solicitaron su ayuda para ofrecer entrenamiento militar a las fuerzas de seguridad y grupos de milicias leales a Chávez, lavaron dinero de la guerrilla y proporcionaron armas a sus combatientes", prosiguió el informe.
"Lo más grave de todo es que las FARC, los militares y los principales miembros del Gobierno de Chávez comenzaron a cooperar en el tráfico de drogas, según evidencias que se hicieron públicas en las acusaciones de Estados Unidos, así como en las listas de sanciones y los testimonios de exfuncionarios chavistas de alto rango que se convirtieron en informantes".
Esas versiones fueron confirmadas a InSight Crime "por numerosas fuentes, como generales retirados del ejército, exlíderes del PSUV y del Partido Comunista de Venezuela, exfuncionarios del Gobierno de Chávez, exdiplomáticos nombrados por este, así como residentes y trabajadores de derechos humanos en la región fronteriza".
La organización resaltó en sus investigaciones que "hasta la fecha, la lista de chavistas sancionados o acusados por Estados Unidos por presuntos vínculos con las FARC incluye a exvicepresidentes, ministros de Gobierno, jefes de inteligencia, diplomáticos, comandantes militares y gobernadores estatales. Entre ellos se encuentra el sucesor elegido a dedo por Chávez, el actual presidente Nicolás Maduro. El resultado de esta cooperación fue un flujo de guerrilleros hacia Venezuela".
