Un escándalo envuelve a López Obrador por la lujosa vida de su hijo mayor

El hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador ha terminado por echarle gasolina a un incendio, avivando el escándalo que rodea su vida de lujos, al difundir el contrato de alquiler de una lujosa vivienda en Houston, cuyo propietario es dueño de una contratista de la estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX).

José Ramón López Beltrán pretendió poner punto final al escándalo que le rodea en las últimas semanas. Usando al izquierdista diario La Jornada, el hijo mayor de AMLO (el acrónimo por el cual es identificado el presidente López Obrador), trató de desmentir que sea propietario de una residencia de lujo en Houston. Sin embargo, mostrar el contrato terminó por colocar el foco en la posibilidad de que se hayan intercambiado favores, dado que el propietario real de la casa es Keith L. Schilling, dueño de Baker Hughes, compañía petrolera con la cual la Administración de López Obrador tiene contratos.

El presidente de México, que ha intentado atajar el impacto de este escándalo, sostiene que su hijo no tiene relación alguna con la gestión de gobierno, que este vive en EEUU gracias a sus actividades profesionales y que su nuera, de origen brasileño, posee recursos económicos. "Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero; pero esto no tiene nada que ver con el gobierno", zanjó López Obrador.

La ONG Mexicanos Unidos contra la Corrupción, que develó el caso de las residencias de lujo en Houston, resaltó que la publicación del contrato permite hacerse preguntas sobre la fortuna de Carolyn Adams, la nuera del presidente mexicano.

Según el documento difundido, Carolyn Adams acordó pagar una renta de 5.600 dólares mensuales, entre agosto de 2019 y julio de 2020. El pago anual de este arrendamiento supera los 67.000 dólares. Agentes inmobiliarios en Houston, consultados por la ONG, explicaron que, para firmar un contrato tan elevado, el inquilino debe comprobar un ingreso de al menos el triple.

Adams se ha desempeñado como ejecutiva y cabildera en la industria petrolera. Uno de sus últimos empleos fue en Cava Energy, una compañía con múltiples intereses en el sector energético, comercial y turístico, que tiene su base de operaciones en Nuevo León, México. En enero de 2018, antes de que López Obrador asumiera la presidencia, compartió un video en el que celebró que la petrolera trasnacional Shell hubiese obtenido un contrato con PEMEX para la explotación en aguas profundas.

Ayer la Fiscalía General de México acordó aceptar oficialmente la denuncia presentada por dirigentes del conservador Partido Acción Nacional (PAN), en la que solicitaron que se investigue a López Beltrán, por presuntos hechos de corrupción y tráfico de influencias.

Ese mismo día, Adams argumentó que ni ella ni su esposo son figuras públicas, ni tienen lazos profesionales con el Estado mexicano, por lo que pidió que se respetara su privacidad. Dijo estar dispuesta a presentar los documentos ante la Fiscalía para comprobar que no hubo ningún hecho ilícito.

La pareja ha mostrado vídeos y fotografías en redes sociales haciendo uso de jets privados, vehículos Mercedes Benz de lujo, entre otros detalles. Se estima que la residencia que ha estado en el centro del debate tenga un precio de un millón de dólares.

Todo este escándalo, que salpica directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, coincidió con la difusión del índice de percepción de la corrupción, que realiza anualmente la ONG Transparencia Internacional.

En 2021 México se ubicó en la posición 124 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional. Es el país peor evaluado de los 38 que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Aunque la lucha contra la corrupción ha sido bandera principal del gobierno de López Obrador (2018-2024), ni siquiera en los casos definidos como emblemáticos han ocurrido sanciones penales. "Tampoco hay una recuperación de los activos desviados por estos y otros casos de gran corrupción y la reparación del daño a las víctimas, es prácticamente inexistente", se lamentó la sección mexicana de Transparencia Internacional.

Por su parte el periodista cubano-mexicano Rubén Cortés, ex director de los diarios mexicanos La Razón y ContraRéplica, sostiene que, pese a que la Constitución de México señala la obligación de convocar a licitaciones para los contratos con el Estado, bajo el gobierno de López Obrador se ha ido en dirección contraria.

"El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador entrega ocho de cada diez contratos por adjudicación directa, a dedo, a capricho de una persona", precisa este periodista al ser consultado por DIARIO DE CUBA.

El 15 de febrero, un sondeo de la consultora Mitofsky señaló que el 56,3% de los mexicanos consultados consideraba necesario que se investigara al hijo mayor de López Obrador por el escándalo sobre su lujosa vida en Houston.

Esa misma firma, en su sondeo mensual para medir la aprobación de Andrés Manuel López Obrador, informó que en enero último el presidente mexicano tuvo un 63,7% favorable. Esta es una cifra ligeramente menor a diciembre de 2021 cuando llegó a 67%, la cifra más alta desde que llegó al poder en 2018.