Ha sido común que en Venezuela se usen medios de comunicación del Estado y el propio discurso público oficial ataque verbalmente a opositores, periodistas y activistas de la sociedad civil. Amnistía Internacional ha difundido un reporte en el cual establece una correlación entre estos mensajes y la detención arbitraria, dejando por sentado que se trata de un delito de lesa humanidad.
Durante más de un año, Amnistía Internacional trabajó en una investigación minuciosa que involucró a las ONG venezolanas Foro Penal y Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ). Los resultados han sido contundentes y fueron difundidos este 10 de febrero por la sección regional, con sede en México, de la ONG internacional.
Básicamente hay suficiente sustentación para sostener que existe coordinación entre los ataques y las campañas de descrédito y la privación de libertad por razones políticas bajo el chavismo en Venezuela. Dado el control que tiene el régimen de Nicolás Maduro, tanto sobre el aparato de comunicación oficial como sobre los cuerpos represivos, se alimenta el expediente en torno a la existencia de crímenes de lesa humanidad, que no son otra cosa que violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos, ejecutadas con el aval del poder institucional.
"El mundo conoce, desde hace años, de la política de represión instauradas por el Gobierno de Nicolás Maduro. Nuestra investigación muestra que hay momentos de altísima correlación entre las estigmatizaciones públicas y las detenciones arbitrarias por motivos políticos", explicó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
"Esta coordinación es un nuevo indicador de la política sistemática de represión y apunta hacia el crimen de lesa humanidad de persecución, que debe ser investigado por la justicia internacional", afirmó.
Defensores venezolanos de derechos humanos saludaron el informe y adelantaron que el mismo deberá ser considerado como insumo por la fiscalía de la Corte Penal Internacional, que ha dado un plazo al régimen de Maduro hasta el 16 de abril para que este presente alegatos en contra de la investigación sobre la existencia de crímenes de lesa humanidad, a partir de 2014, en Venezuela.
"Desde los más altos niveles del Estado se ha estructurado un sistema para desprestigiar, acusar, amenazar y señalar a quienes defienden, promueven y exigen el respeto a los derechos humanos. Se usan tanto las declaraciones públicas, los medios de comunicación y redes sociales, tanto personales como institucionales", sostuvo Marianna Romero, directora del CDJ, al comentar a DIARIO DE CUBA este informe.
Según la defensora, la investigación realizada deja en evidencia que esta estigmatización se aplica por parte del chavismo "bajo la lógica del enemigo interno y deriva en la materialización de acciones violentas y persecución por parte del Estado".
El informe arrojó los siguientes datos, entre otros. En 2019, la correlación observada entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias practicadas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) alcanzó el 74%.
En 2020, la correlación observada entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias practicadas por fuerzas de seguridad adscritas a la Policía Nacional Bolivariana, incluidas las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), alcanzó el 92%.
De enero a junio de 2021, entretanto, la correlación observada entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias practicadas por fuerzas de seguridad descentralizadas: Policía Nacional Bolivariana, FAES, cuerpos de Policía municipal y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), alcanzó el 92%.
"De acuerdo con los resultados obtenidos, no queda ninguna duda de la estrecha relación entre agentes del Estado venezolano, es decir funcionarios públicos, medios de comunicación públicos y privados, y ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos, lo cual no debe quedar impune", aseguró por su parte el abogado Gonzalo Himiob, director del Foro Penal.
Otro de los hallazgos significativos fue la alta correlación, de 94%, que se observó de enero de 2019 a junio de 2021 entre las estigmatizaciones realizadas por el programa televisivo Con el mazo dando y las detenciones arbitrarias por motivos políticos llevadas a cabo en ese período.
Este programa es transmitido por la señal oficial de Venezolana de Televisión y es conducido por el número dos del régimen venezolano, Diosdado Cabello.
Caballero, mira que hay mierda humana en este mundo--y por supuesto, mientras más poder alcanza, más apesta y embarra.