El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha dado una nueva señal de que su apuesta es lograr la colaboración del régimen de Nicolás Maduro en el proceso por crímenes de lesa humanidad, cuya fase formal se oficializó a fines de 2021.
Haciendo uso de sus atribuciones, Khan ha optado por otorgarle más tiempo al chavismo. Esto –según analistas— busca que Caracas establezca e informe a la CPI de procedimientos creíbles para sancionar a los responsables de las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos en este país sudamericano.
Todo este proceso constituye un hito dado que ningún país latinoamericano había sido sentado en el banquillo del Tribunal de La Haya. Hasta que se decidió lo contrario con Venezuela, ningún país de la región había pasado de la fase evaluación preliminar.
El fiscal de la CPI tomó dos decisiones que en la práctica le otorgan mayor tiempo al chavismo. En primer lugar, aunque ya el 3 de noviembre Khan, de visita en Caracas, dijo que ya estaba decidida la investigación formal para establecer responsabilidades por crímenes de lesa humanidad, no envió una comunicación oficial sino hasta el 16 de diciembre en la que le informó a los estados parte del Estatuto de Roma sobre esta decisión.
Junto a esto, en lugar de un mes para las autoridades de Venezuela emitieran una respuesta, se les otorgó un tiempo mayor. El plazo de un mes (según estatuto) que se vencía este 16 de enero, se extendió al 16 de abril. En el ínterin Khan viajará nuevamente a Caracas antes de esa fecha tope.
En una comunicación pública hecha este 19 de enero, Khan dijo que tomó estas decisiones "en un espíritu de cooperación, diálogo y equidad".
Varios activistas venezolanos consultados en Caracas por DIARIO DE CUBA, expresaron su desconcierto por la línea seguida por Khan. Para ellos, que tienen largos años solicitando que el chavismo haga justicia, es un contrasentido darle más tiempo a un régimen que ha demostrado poco o nulo compromiso con las víctimas y que además tiene una política de acoso a los defensores de derechos humanos.
Sin embargo, ninguna organización venezolana de derechos humanos hizo un pronunciamiento público, tras conocerse la decisión de Khan.
La Fiscalía de la CPI "también reveló que está negociando con el Gobierno medidas para ejecutar el memorándum de entendimiento que firmó el fiscal con Maduro en noviembre de 2021, el cual busca concretar una relación de cooperación para ver si pueden avanzar investigaciones y juicios en Venezuela", acota por su parte Mariano de Alba, abogado venezolano especializado en Derecho Internacional.
Consultado por DIARIO DE CUBA, De Alba confirma que el Gobierno de Maduro tendrá hasta el 16 de abril para dar respuesta a la decisión formal de la CPI, lo cual constituye un lapso amplio dentro del cual Khan regresará a Caracas.
Antes del 16 de abril, Venezuela deberá notificar si acepta o no la investigación, y tiene la potestad de pedir el diferimiento de la investigación.
"Si Venezuela solicita el diferimiento, el fiscal tiene dos opciones: acepta la solicitud, difiriendo por seis meses la investigación de las personas relevantes; o no la acepta, teniendo que solicitar a la Corte que autorice la continuación de la investigación", recalca De Alba, quien es consultor senior de Crisis Group.
En diciembre pasado, Khan dejó en claro que su papel no estaba relacionado con un cambio político en Venezuela, tal como lo han querido presentar diversos voceros de la oposición democrática, que han insuflado esperanzas de que si Maduro llega a ser enjuiciado por la CPI esto conllevaría a una transición democrática.
"El trabajo de mi oficina es seguir la evidencia y verificar cuál es la realidad, ver si han sido cometidos crímenes del Estatuto de Roma y, de ser así, ver si la evidencia revela quién es responsable. Esta oficina no está en el negocio de cambio de régimen", apuntó Khan durante su intervención en la Asamblea de Estados Parte de la CPI en La Haya.
La ex fiscal de la CPI, la gambiana Fatou Bensouda (2012-2021), presentó de salida un contundente informe a mitad de 2021 en el cual concluyó que "la información disponible proporciona una base razonable para creer que, desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad".
El documento responsabiliza de los delitos descritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
