La existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, a lo que apunta la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, no ha sido posible solamente porque haya represores en los cuerpos de seguridad y directrices desde la cúpula del chavismo. El sistema de justicia en este país ha sido cómplice de las atrocidades, según ha documentado un panel de tres expertos internacionales.
El chavismo, que por un lado ha colaborado ampliamente con la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, por el otro le niega la entrada al país a estos expertos, pese a que ambas instancias actúan con mandato similar del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra.
Tal como ocurrió con su primer informe, dado a conocer hace un año, en esta ocasión el panel de tres expertos ha generado un demoledor segundo informe que desnuda los mecanismos de represión, los sistemas de tortura y la falta de justicia que padecen en Venezuela tanto activistas de oposición como sus propias familias.
El documento detalla cómo las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, todo esto en el marco de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno desde 2014, cuando ya Nicolás Maduro había asumido plenamente el poder.
Entre los casos que la Misión revisó se encuentran los que documentó en 2020, que involucran a fuerzas de inteligencia del Estado que sometieron a detenidos de ambos sexos a desapariciones forzadas de corta duración, tortura, incluida la violencia sexual, y ejecuciones extrajudiciales.
Los investigadores independientes designados por la ONU no encontraron evidencia de que funcionarias y funcionarios de alto nivel hayan sido investigados o procesados en estos casos, ni en ningún otro caso desde que la misión está en funciones.
Activistas venezolanos de derechos humanos celebraron este segundo informe, que será presentado oficialmente a fines de septiembre ante el Consejo de la ONU en Ginebra. Consideran los defensores que el documento contribuirá decididamente al proceso que debe iniciar en breve la Corte Penal Internacional contra el régimen de Nicolás Maduro, por presuntamente cometer delitos de lesa humanidad.
"La Misión de determinación de Hechos de la ONU hizo una radiografía de la degradación y erosión del Poder Judicial y la re-victimización sistemática que existe en Venezuela", recalcó la veterana defensora Liliana Ortega, fundadora y directora de Cofavic, una organización nacida con los familiares de las víctimas del Caracazo en 1989.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, explicó por su parte a DIARIO DE CUBA que el manto de impunidad también arropa a la Defensoría del Pueblo, pese a que ésta es dirigida por Alfredo Ruiz, quien a fines de los años 90 e inicios del siglo XXI se destacó como defensor de los derechos humanos, en particular denunciando los abusos de los cuerpos policiales.
Para Uzcátegui es sumamente grave que la Defensoría del Pueblo "no investigó ninguno de los casos de tortura en los que las denuncias se presentaron directamente a su oficina". La misión de expertos analizó 183 detenciones entre 2014 y 2021 y realizó 177 entrevistas, asimismo revisó miles de documentos.
"En medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales", aseguró Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
Casos emblemáticos
Los expertos analizaron tres casos emblemáticos y el papel que ha tenido el sistema judicial en aras de establecer responsabilidades.
Se trata de tres asesinatos por razones políticas: los del concejal Fernando Albán, quien cayó al vacío desde un décimo piso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en 2015; el capitán retirado Rafael Acosta Arévalo, quien murió en una sala de audiencias de Caracas con signos evidentes de haber sido torturado en 2018; y Juan Pablo Pernalete, un estudiante fallecido después de que una granada de gas lacrimógeno golpeara su pecho a corta distancia durante una manifestación en Caracas en 2017.
En estos casos, la misión determinó que el sistema de justicia en Venezuela ha hecho, en realidad, muy poco, y el rol de fiscales y jueces parece enfocado "en aislar a los autores de bajo nivel, en lugar de asegurar la rendición de cuentas entre personas de mayor rango en la cadena de mando".
En Venezuela, según los patrones determinados en el informe, los jueces y las juezas ordenaron la prisión preventiva como una medida rutinaria y no excepcional. En ocasiones, juezas, jueces y fiscales mantuvieron la detención y los cargos penales basándose en pruebas que no indicaban actos delictivos ni demostraban la participación de la persona.
En algunos casos, jueces y juezas dieron apariencia de legalidad a las detenciones ilegales emitiendo órdenes de arresto con carácter retroactivo, que abarcaban periodos durante los cuales los detenidos y las detenidas padecían torturas y violencia sexual, se les impedía comunicarse con sus familiares o su defensa, y quedaban fuera de la protección de la ley.
En algunos de los casos examinados, los jueces y las juezas tampoco protegieron a las víctimas al ordenar que regresaran a los lugares de detención donde supuestamente se había producido la tortura. Esto, a pesar de que las víctimas habían sido presentadas en los tribunales con lesiones visibles, compatibles con la tortura.
"Las múltiples irregularidades en los casos que hemos analizado, tomadas en conjunto, han tenido un impacto devastador en las vidas de las víctimas y sus familias", concluyó Valiñas.
