Tras dos años de una primera solicitud que hicieran seis estados latinoamericanos, finalmente ha quedado allanado el camino para que la Corte Penal Internacional active una investigación contra el régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, por crímenes de lesa humanidad.
"Al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno (de Maduro) han cometido los crímenes de lesa humanidad", sostuvo este lunes 14 de diciembre la fiscal de la Corte Penal Internacional, la gambiana Fatou Bensouda.
Se trata de la declaración más categórica de la fiscal en relación a Venezuela, y según las organizaciones de derechos humanos esto termina allanando el camino para enjuiciar al régimen de Maduro. Bensouda sostuvo que la Fiscalía encontró patrones de crímenes de lesa humanidad en casos de "encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos". Aclaró que en el curso de la investigación podrían sumarse otros delitos.
"En Venezuela no ha habido justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas cometidas por agentes de las fuerzas de seguridad con el conocimiento o la aquiescencia de las más altas autoridades políticas, militares y judiciales", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
Támara Taraciuk, subdirectora para las Américas de HRW, dijo a DIARIO DE CUBA que su organización le ha advertido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que estén atentos, porque una estrategia del régimen de Maduro, que controla plenamente al poder judicial, podría buscar atosigar al sistema de La Haya sobre supuestas investigaciones que no tendrían otro fin que dilatar la decisión.
Ya el mes pasado el fiscal general, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, viajaron a La Haya para "brindar información" a la Corte Penal Internacional. Tanto Saab como Ruiz han sido designados en estos cargos por la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano ilegitimo según la comunidad internacional dado que no cumplió con los pasos previstos en la Constitución vigente.
"Las investigaciones de HRW demuestran que los abusos no fueron casos aislados ni el resultado de excesos por parte de miembros insubordinados de las fuerzas de seguridad", recordó Taraciuk.
En septiembre de 2018, en un hecho inédito en la historia de este órgano, seis estados americanos y miembros de la Corte Penal Internacional solicitaron que se abriera una investigación sobre las violaciones masivas y repetidas a los derechos humanos en Venezuela. Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú fueron los países que activaron el procedimiento en La Haya.
En septiembre de 2020, en tanto, se dio a conocer el contundente informe de la Misión de Verificación de los Hechos, designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2019. Este informe elaborado por expertos independientes concluyó que sí existían patrones de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El Consejo en Ginebra renovó por dos más (2020-2022) el mandato de la Misión de Verificación de los Hechos, con lo cual se espera que se generen informes que terminen siendo insumos para la Corte Penal Internacional.
"La Fiscalía anticipa concluir el examen preliminar a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera parte de 2021", sostuvo Bensouda en su informe divulgado este 14 de diciembre.
El órgano internacional enumeró las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro cuyos miembros son presuntamente responsables de los crímenes: la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS).
Las investigaciones concluiran mas o menos en cinco años.
No es un tema menor. La comunidad internacional podría acceder al conocimiento de detalles escabrosos de las violaciones sistemáticas de los DDHH en Venezuela. Por supuesto, los autores intelectuales están en La Habana y manipulan a su antojo, a Maduro y sus secuaces.