Bolsonaro sube el tono de sus amenazas a las instituciones y controla contenidos en redes sociales

La guerra verbal que mantiene el presidente Jair Bolsonaro contra las institución de justicia y la electoral tuvo un punto clímax el Día de la Independencia de Brasil, al tiempo que tal confrontación arroja ya decisiones restrictivas destinadas a controlar las redes sociales en el país sudamericano.

Brasil vive ya varias semanas en una coyuntura política inflamada, un ambiente prácticamente preelectoral a pesar de que aún restan 13 meses para las elecciones presidenciales. Se da por descontado que Bolsonaro buscará la reelección y que tendrá como rival a Luiz Inácio Lula da Silva, quien gobernó entre 2000 y 2008 y es una figura icónica de la izquierda brasileña y latinoamericana.

Bolsonaro, pese a estar en las encuestas en lo que parecen ser sus horas bajas, ha optado por salir a la calle para actos de masas, desafiando incluso las medidas de prevención del Covid-19, dado que muchos de sus seguidores no usan nasobuco ni guardan distancia social, tal como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En esa línea, Bolsonaro utilizó la fecha de la independencia de Brasil, este 7 de septiembre, para subir el tono de sus ataques tanto al Supremo de Justicia (Corte Suprema) como al Tribunal Supremo Electoral.

En un acto en la Avenida Paulista de Sao Paulo, un punto emblemático para las concentraciones políticas en las campañas electorales, dijo que enviaba un mensaje a quienes "quieren sacarlo de Brasilia", descartó que pueda ir a prisión y dijo que "solo Dios" lo apartará de la Presidencia.

De acuerdo con Bolsonaro, un capitán del Ejército en situación de retiro y abierto admirador de lo que fue la dictadura militar brasileña (1964-1985), él se encuentra en una situación política límite ante la cual solo le quedarían tres opciones: "prisión, muerte o victoria".

En su discurso, lanzó críticas directas al magistrado del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien tiene en sus manos un proceso en el cual se le investiga debido a la difusión de noticias falsas.

Sin aportar pruebas, Bolsonaro ha venido sosteniendo en los últimos meses que en las elecciones presidenciales de 2014 y 2018 ocurrieron fraudes. Incluso asegura que, en 2018, cuando fue electo en una segunda vuelta, hubo trampa para obligarlo a ir al balotaje. El mandatario, cuyos niveles de desaprobación superan ya el 60%, ha cargado también en contra del voto electrónico, que establecido en 1996 en Brasil ha operado sin que se hayan demostrado fallas en su funcionamiento.

Igualmente cargó contra el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Luís Roberto Barroso, al criticar el sistema electrónico de votación y defender un sistema mixto que incluya el regreso al voto impreso.

"No puedo participar en una farsa como esta, patrocinada por el presidente del Tribunal Superior Electoral", sostuvo Bolsonaro, con lo cual alimenta la incertidumbre sobre cuál será finalmente su decisión en torno a las elecciones presidenciales del año próximo.

Con su discurso no solo puso en tela de juicio a las instituciones, sino que anunció que se cometerá un fraude en su contra. Tal clima de confrontación e incertidumbre está teniendo impacto en la vida económica de este país, que tiene según el Banco Mundial la octava economía del mundo.

El analista político José Natanson considera que el Gobierno de Bolsonaro está atravesando "un momento crítico".

El inflamado discurso del presidente estuvo precedido de otra decisión no menos polémica por su parte, pues el 6 de septiembre dictó un decreto que prohíbe a empresas de redes sociales remover contenidos en forma "arbitraria". Esta es una demanda que han hecho seguidores del presidente.

Bolsonaro ha visto cómo comentarios suyos, catalogados de falsos, terminaron siendo removidos por las empresas de redes sociales. Se trata, sin duda, de un terreno minado que a muchos les recuerda la diatriba que mantuvo Donald Trump con Twitter y Facebook.

El decreto deberá ser analizado en un plazo de dos meses por el Parlamento, donde se espera sea rechazado, dado que Bolsonaro no cuenta con una mayoría clara y la medida ha sido catalogada de arbitraria. Sin embargo, hasta tanto el Congreso no tome una decisión, la medida estará en vigencia en Brasil.

Según el Gobierno, la retirada de contenidos decidida de forma unilateral por las empresas de redes sociales "perjudica el debate público de ideas y el ejercicio de la ciudadanía", y en la práctica constituye "una violación masiva de derechos y garantías fundamentales".

Bolsonaro, quien ha bloqueado a decenas de cuentas de periodistas críticos y medios independientes, asegura ahora que su decreto busca defender la libertad de expresión, que a su juicio está en peligro por el rol editorial de las redes sociales, que deciden suprimir contenido que pueda considerarse como fake news.