Brasil camina sobre el filo de la ingobernabilidad. Jair Bolsonaro apuesta al choque de poderes. El presidente le pidió al Senado que destituya a un magistrado que le investiga por la propagación de noticias falsas, mientras crece el malestar entre la clase política y los movimiento sociales.
Atrincherado en su tesis de que el sistema electoral electrónico de Brasil es fallido y que en 2018 se cometió fraude, Bolsonaro respondió con una huida hacia adelante ante la decisión del Congreso de descartar su propuesta de volver al voto manual e impreso. Bolsonaro procedió a solicitar formalmente la destitución del juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
En cuestión de días, el foco de los ataques de Bolsonaro pasó del Tribunal Electoral al Congreso, y ahora enfila en contra de la Corte Suprema de Brasil, que le investiga por la divulgación de noticias falsas y ataques a la democracia. Para promover su campaña a favor del voto impreso y manual, el presidente sostuvo casi a diario que había ocurrido un fraude en las elecciones de 2018, las cuales ganó, aunque según su tesis se le escamoteó el triunfo en la primera vuelta y se le obligó a ir al balotaje.
La acción contra el magistrado por parte del presidente tuvo lugar el viernes 20 de agosto. Este lunes 23, un total de 25 de los 27 gobernadores de estados (provincias) de Brasil emplazaron al jefe de Estado para que mantenga canales de comunicación con las instituciones y evite la erosión democrática. En un mensaje conjunto, los gobernadores manifestaron su preocupación por la orientación que toma la crisis en Brasilia.
"El Fórum de Gobernadores de Brasil pide diálogo institucional. No será posible mantener un sistema democrático sin el respeto a las instituciones", sostuvo Wellington Dias, gobernador de Piauí y vocero de esta reunión.
"Bolsonaro produce su propia ingobernabilidad. Permanece en el gobierno por las concesiones que hace a las fuerzas que lo apoyan en el Congreso y a los militares, pero no tiene capacidad de gobernar", sostuvo el destacado sociólogo Emir Sader.
Según Sader, la incapacidad de Bolsonaro conduce a Brasil al hundimiento del país en medio de una severa crisis social y económica, junto a los efectos locales del mal manejo de la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19 que ha hecho el actual Gobierno.
La percepción de que Bolsonaro no puede gobernar el país parece cuajar también en la población, más allá de la mirada crítica de los analistas. Según la encuestadora Poder Data, en julio el 50% de los consultados estaba a favor de que el Congreso abra un proceso de impeachment, que llevaría a la destitución del presidente antes de que concluya su mandato a fines de 2022.
En este mes de agosto, esta posición creció de forma significativa. De acuerdo con el último sondeo, cuyas consultas se hicieron entre el 16 y 18 de agosto, ya el 58% de los encuestados se mostró favorable al impeachment de Bolsonaro.
La desaprobación del Gobierno llegó a una cifra récord de 64%, según esta misma encuestadora. Hasta el mes pasado el rechazo a la gestión gubernamental estaba por debajo del 60%.
Además de actuar contra De Moraes, Bolsonaro también ha dejado entrever que emprenderá un proceso para la destitución de Luis Roberto Barroso, otro de los 11 jueces del Supremo y actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE). La tesis del presidente es que el TSE ha actuado con displicencia ante sus denuncias de fraude, sobre las cuales no ha presentado ninguna prueba.
De Moraes es el juez instructor de una investigación en la que Bolsonaro figura como sospechoso y que intenta averiguar el origen y la financiación de una red de "milicias digitales", que se encargan de propagar contenido falso y ataques contra el sistema electoral de Brasil a través de redes sociales.
Diversos analistas consideran poco probable que se inicie el proceso de destitución de un magistrado por esta solicitud de Bolsonaro. Pero este caso revela la política de confrontación que promueve el jefe de Estado desde su posición de poder.
Bolsonaro, por ejemplo, está invitando a sus seguidores a que protesten en las calles el próximo día 7 de septiembre, cuando se celebra la Independencia de Brasil, para rechazar tanto al Supremo Federal como al Tribunal Electoral.
Junto a la confrontación con los otros poderes públicos, Bolsonaro debe hacer frente a la movilización social.
Este lunes 23 de agosto, por ejemplo, varias etnias y organizaciones indígenas de Brasil dieron inicio a una semana de protestas contra las políticas y proyectos del Gobierno de Bolsonaro. Una de ellas, tal vez la más polémica, es la llamada "marco temporal", que reconocería solo como tierras ancestrales las que estaban ocupadas por comunidades originarias antes de 1988.
Por eso es que los hp socialistas se apoderan del poder, cuando tipos como el Bolsonaro abiertamente quieren secuestrar el poder. Los socialistas hacen lo mismo pero con más sabiduría. Ejemplo, este Trump want to be quieres sacar a patadas del supremo a un juez, los socialistas ya lo hubieran corrompido con dinero o evidencia de un amorío. Veo a Lula de regreso en la silla presidencial para seguir robando.