Aunque es un usuario muy activo de las redes sociales, y en particular de Twitter, el presidente brasileño Jair Bolsonaro tiene una política que limita el acceso a la información pública, privilegiando a seguidores que solo le aplauden, sostiene un informe de Human Rights Watch (HRW) difundido este 19 de agosto.
Para HRW, la estrategia del presidente de Brasil, de bloquear a seguidores en redes sociales que son críticos, "constituye una violación de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información y a participar en el debate público".
La ONG internacional especializada en derechos humanos, con sede en EEUU, documentó el bloqueo de 176 cuentas, en su mayoría en Twitter, por parte del presidente, quien ha anunciado su intención de presentarse a la reelección el año próximo.
HRW constató que Bolsonaro bloqueó a periodistas, congresistas, "influencers con más de un millón de seguidores y ciudadanos comunes con apenas unos pocos". Asimismo el jefe de Estado silenció cuentas de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales.
El señalamiento de HRW se suma a otra advertencia pública hecha meses atrás por Reporteros Sin Fronteras. En su clasificación mundial de la libertad de prensa 2021, la entidad con sede en París confirmó que Brasil retrocedió cuatro casillas en comparación con la evaluación de 2020 y que gracias a ello entró en la "zona roja" de este ranking, lo cual se traduce que la libertad de expresión vive un momento "difícil".
"Los insultos, la estigmatización y las humillaciones públicas orquestadas contra los periodistas se han convertido en la marca de fábrica del presidente Bolsonaro, su familia y su círculo cercano", sostuvo Reporteros Sin Fronteras en abril pasado al presentar su evaluación anual.
Bolsonaro, según Maria Laura Canineu, directora para Brasil de HRW, "está intentando eliminar de sus cuentas en las redes sociales a las personas e instituciones que no están de acuerdo con él, y así convertir esas redes en espacios donde solamente se admiten los aplausos, como parte de una estrategia más amplia para silenciar o marginar a quienes lo critican".
Las personas bloqueadas deben cerrar sesión en sus cuentas de redes sociales para ver las publicaciones del presidente Bolsonaro, lo cual dificulta la obtención de información gubernamental. Los periodistas bloqueados no pueden hacer preguntas ni solicitar información, y esto configura una violación de la libertad de prensa.
Canineu confirmó que presentaron un pedido en base a la Ley de Acceso a la Información en el cual solicitaron el número de personas bloqueadas por el presidente Bolsonaro en Twitter, Facebook e Instagram. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia se negó a proporcionar la información, bajo el argumento de que no administraba esas cuentas.
La cuenta de Twitter del presidente Bolsonaro tiene casi siete millones de seguidores, su cuenta de Facebook tiene 14 millones y la de Instagram más de 18 millones.
HRW identificó 13 cuentas institucionales bloqueadas por el presidente Bolsonaro: las cuentas de Twitter de los medios de comunicación The Intercept Brasil, Congresso em Foco, Reporter Brasil, Aos Fatos, Diário do Centro do Mundo y O Antagonista, y dos cuentas de Instagram del portal de noticias UOL; dos cuentas de Twitter del Observatório do Clima, una coalición de organizaciones de la sociedad civil; y las cuentas de Twitter de Brasil de Reporteros sin Fronteras, Amnistía Internacional y HRW.
El Congreso de Brasil está analizando un proyecto de ley que, en caso de aprobarse, prohibiría que altos funcionarios, tanto aquellos electos por los ciudadanos como ministros y otros que ejercen altos cargos, bloqueen seguidores en las cuentas de redes sociales que estén conectadas con sus cargos.
Por otro lado, al menos seis casos están siendo tramitados ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil relacionados con la legalidad de que el presidente Bolsonaro bloquee cuentas de usuario en redes sociales.
De un total de 11 magistrados, ya dos de ellos determinaron que la práctica era discriminatoria y violaba los derechos a la información y a la libre expresión. Las decisiones del tribunal en pleno están pendientes.
