La desaparición forzada de personas se suma a una serie de tácticas que las autoridades de Nicaragua han implementado para silenciar cualquier crítica o voz opositora, afirmó este miércoles la organización Amnistía Internacional.
En el informe "¿Dónde están? Desaparición forzada como estrategia de represión en Nicaragua", difundido este miércoles, se documentan los casos de 10 personas detenidas por su activismo o por ejercer su derecho a la libertad de expresión, quienes se encuentran sometidas a una desaparición forzada, aunque bajo la tutela de las autoridades nicaragüenses, informó la agencia española EFE.
"El Gobierno de Daniel Ortega implementa una nueva estrategia para intentar acallar a quienes alzan la voz. Al desaparecer a opositores, activistas y periodistas, Ortega muestra el temor que le tiene a la crítica y a la denuncia", dijo en un comunicado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, que tiene su sede en México.
"Los 10 casos que hemos documentado son una muestra de un nuevo patrón de detenciones que van seguidas de desapariciones forzadas, y guardan enormes similitudes con los casos de otras decenas de personas que podrían estar en la misma situación", agregó.
Guevara exigió al Gobierno de Daniel Ortega "que libere inmediatamente a todas las personas detenidas solo por ejercer sus derechos".
La organización recordó que desde el inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, en abril de 2018, "no han cesado los reportes sobre actos de hostigamiento" contra las personas identificadas como opositoras al Gobierno, defensoras de derechos humanos, periodistas, víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familias.
La nueva fase de la estrategia represiva del Gobierno del presidente Daniel Ortega se destaca por la detención de un nuevo grupo de personas identificadas como opositoras al Gobierno y que se inició a partir del 28 de mayo de 2021. "Desde esa fecha, hasta el 2 de agosto, más de 30 personas fueron privadas de su libertad, quienes se suman a las más de 100 personas que ya se encontraban en prisión solo por ejercer sus derechos humanos", expuso AI.
Tras analizar los casos de 10 personas, la organización concluyó que sus detenciones, seguidas de la ocultación de su paradero, "constituye el crimen de desaparición forzada, a la luz de obligaciones internacionales que tiene el Estado nicaragüense en materia de derechos humanos".
Los casos documentados fueron los de Daysi Tamara Dávila, Miguel Mendoza, José Pallais, Suyen Barahona, Víctor Hugo Tinoco, Félix Maradiaga, Ana Margarita Vijil, Violeta Granera, Jorge Hugo Torres y Dora María Téllez.
AI señaló que la decena de casos "no son casos aislados" y ocurren en un contexto donde existen reiteradas denuncias de otras situaciones que guardan importantes similitudes y, por tanto, los casos analizados "serían solo un grupo reducido de una lista más larga de víctimas".
En todos los casos documentados, hasta el 2 de agosto (fecha de cierre de la investigación), las autoridades no habían revelado de forma oficial la ubicación exacta de las personas detenidas, lo cual es una exigencia del derecho internacional, reseñó EFE.
