No contentos con encarcelar a todos los precandidatos presidenciales abiertamente opositores, además de ilegalizar a la principal alianza electoral, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cerró en Nicaragua la posibilidad de que haya una solución electoral ante la crisis que vive el país.
En las elecciones presidenciales de noviembre venidero, en unos comicios hechos prêt-à-porter la pareja en el poder estará sin contendientes. La comunidad internacional desde ya adelanta que no les dará validez a estas votaciones ni reconocerá sus resultados, con lo cual el sandinismo se cierra sobre sí mismo, desafiando a la política de sanciones de Washington y Bruselas.
En cuestión de semanas, la Policía Nacional de Nicaragua, dirigida por el consuegro de Ortega, detuvo uno detrás de otro a los aspirantes opositores a la presidencia, comenzando con la periodista independiente Cristiana Chamorro, quien según las encuestas tenía el mayor chance de imponerse en las urnas a la pareja que gobierna a este país centroamericano desde 2007 y que busca prolongar su permanencia en el poder.
Luego fueron detenidos paulatinamente, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena. La detención última fue la de Noel Vidaurre, a fines de julio.
La semana pasada, en una señal de que no aceptaría ni siquiera una oposición light, la policía detuvo a Berenice Quezada, una exreina de belleza quien era candidata a vicepresidenta por el partido conservador Ciudadanos por la Libertad (CxL).
CxL había sido duramente cuestionado por no criticar frontalmente la ola de detenciones ocurridas en Nicaragua entre los meses de junio y julio. Aunque habían sido detenidos unas dos decenas de activistas políticos y sociales además de los precandidatos, todo apuntaba a que el sandinismo aceptaría competir con la dupla presidencial del excomandante de la contra antisandinista Oscar Sobalvarro y Quezada.
Sin embargo, el régimen de Ortega y Murillo, que tiene control sobre las autoridades electorales y legislativas, inhabilitó el viernes 6 a CxL y anuló su personería jurídica.
"Ortega y Murillo demostraron nuevamente que temen postularse contra cualquiera que consideren que pueda conseguir el apoyo del pueblo nicaragüense", reaccionó de inmediato el Departamento de Estado de EEUU al anunciar nuevas sanciones, la cancelación de la visa de 50 allegados del régimen.
Este 8 de agosto el propio secretario de Estado, Antony Blinken, aseveró que las elecciones de noviembre en Nicaragua "han perdido toda credibilidad" debido a las maniobras "autocráticas" del régimen que encabezan Ortega y Murillo.
Por su parte, la Unión Europea adelantó este 9 de agosto que no les dará reconocimiento a los resultados de estos comicios. "La oposición ha sido eliminada. A los nicaragüenses se les han despojado del derecho humano y derecho civil básico de votar. Estas no serán elecciones creíbles, ni inclusivas ni trasparentes", sostuvo Josep Borrell, el encargado de la diplomacia comunitaria.
En la mayoría de los casos de detenciones de los últimos dos meses, el sandinismo ha apelado a una suerte de guion. Ha lanzado acusaciones de traición a la patria, de haber usado fondos provenientes del extranjero para desestabilizar al país y prestarse a conspiraciones que atentan contra la seguridad nacional.
En el caso de CxL, en tanto, se avanzó en un terreno hasta ahora desconocido. El Gobierno dejó sin efecto la ciudadanía nicaragüense de Kitty Monterrey, presidenta del partido. Monterrey tenía doble nacionalidad nicaestadounidense.
"Al cancelar la personería jurídica del partido CxL, y por lo tanto eliminar la candidatura presidencial del último aspirante de la oposición, Óscar Sobalvarro, Daniel Ortega liquidó las elecciones del 7 de noviembre, convirtiéndolas en unas votaciones de partido y candidato único", apunta el periodista y analista Carlos Fernando Chamorro.
Para Chamorro, según comenta a DIARIO DE CUBA, Sobalvarro, conocido como el comandante "Rubén" de la Contrarrevolución en los 80, era un candidato accidental, después de que el régimen de Ortega y Murillo encarcelara a sus principales competidores políticos.
En mayo pasado, el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, cuya mayoría de rectores son afines al régimen de Daniel Ortega, ilegalizó al Partido Restauración Democrática (PRD), con lo cual le quitaron piso legal a la llamada Coalición Nacional, que acudiría a las elecciones presidenciales usando la tarjeta de votación del PRD. Esta coalición surgió de las protestas de 2018.
Nicaragua celebrará elecciones generales el 7 de noviembre en medio de una crisis que comenzó con las protestas de abril de 2018, que fueron sofocadas con violencia por la Policía con un saldo de 328 muertos, más de 2.000 heridos y 1.600 detenidos en distintos momentos.
Ortega, de 75 años, y Murillo de 70, son candidatos por su partido, el Frente Sandinista, para su tercera y primera reelección respectivamente. Concurrirán otros partidos y candidaturas, pero desde ya los analistas las consideran "colaboracionistas", ya que no ejercen un rol crítico, sino que simbolizan una suerte de oposición leal al sandinismo.
Para Chamorro, quien debió volver al exilio, todo lo ocurrido en los últimos dos meses, en los que se desbarató la posibilidad de una solución electoral, Ortega y Murillo han hecho "una apuesta temeraria, que revela su determinación de gobernar sin legitimidad política", y esto —a su juicio— conducirá al endurecimiento de la represión política y social en este país centroamericano.
Los candidatos han cometido el error de no darse cuenta de que este matrimonio es dueño de Nicaragua y del destino de este país. Cuando en una dictadura hay elecciones es para dar pucherazo y quienes detentan el poder sigan donde mismo.