Mientras la mayoría de los gobiernos del mundo cubren los costos de la vacunación e incluso ofrecen incentivos a la población para acelerar el proceso de inmunización masiva, los venezolanos que quieran asegurar sus dosis contra el Covid-19 se ven enfrentados a dos alternativas: pagar o tener el Carnet de la Patria, que da acceso al llamado Sistema Patria.
La plataforma digital, desarrollada por el Gobierno de Nicolás Maduro, permite a los venezolanos oficialistas inscritos acceder a una vacuna contra el nuevo coronavirus a través de un mensaje de texto que les asigna un turno, señala una hora y lugar de vacunación.
Quienes no pertenecen al oficialismo ni tienen el dinero para acceder al mercado negro, no tienen otra opción que hacer filas y esperar a conseguir una dosis donde sea y como sea.
El diario argentino Clarín publicó un reporte en el cual, tras visitar los hospitales venezolanos y explorar el mercado negro, mostró la realidad de la vacunación en Venezuela, donde la discriminación política y la escasez generó un tráfico de vacunas que, según expertos, podría tener graves consecuencias para la salud de los venezolanos, ya que nadie sabe las condiciones en que se obtienen ni mantienen las dosis, ni tampoco la legitimidad de las sustancias que se inyectan.
Según el periódico, muchos venezolanos han debido pagar entre 200 y 300 dólares por vacunarse con dos dosis. En algunos centros, el promedio de espera para quienes pagan es de entre cinco y seis horas.
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la mayoría de los venezolanos gana tres dólares de salario mínimo, mientras que la canasta alimenticia cuesta cerca de 350 y la inflación alcanza un 5.500%.
Según el reporte, los militantes chavistas venden la vacuna inicialmente en 50 dólares. Pero quienes la revenden lo hacen a un promedio de 300 dólares por persona. Algunos diputados opositores aseguran que en el estado de Zulia, ubicado en el noroeste del país, cobran hasta 800 por las dos dosis.
El partido opositor Primero Justicia denunció la existencia de "un mercado negro de vacunas por la falta de transparencia del régimen y de un plan serio de vacunación", mientras que el líder opositor Juan Guaidó intentó disuadir a la población de utilizar este método.
"No alimentemos el mercado negro de vacunas, eso le quita la vacuna a un médico, a un abuelo, a un paciente crónico que necesita seguramente mucho más ese fármaco que cualquiera de nosotros", dijo el político venezolano.
Según cifras de Caracas, Venezuela había recibido 3,23 millones de dosis hasta mediados de junio, entre la rusa Sputnik V y la china Sinopharm. Esto, según dijo a Clarín el presidente del gremio médico local, Douglas León Natera, ha permitido inocular a cerca de 440.000 personas, lo que equivale a un 0,5% de la población, "siendo el país que menos ha vacunado en toda América Latina".
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, recibió una denuncia de 40 organizaciones médicas, profesionales y académicas venezolanas, que acusan al Gobierno de utilizar las vacunas contra el coronavirus como una forma de extorsión política y división social.
Según las cifras oficiales, hasta el 1 de julio se registraron en Venezuela 274.000 casos y 3.136 muertes a causa del nuevo coronavirus. Sin embargo, eso "debería ser multiplicado por tres o cinco veces", apuntó el médico internista y portavoz de la oposición, Julio Castro.
Por otro lado, solo un 0,2% del personal de la salud venezolano se ha vacunado, lo que ha causado la muerte de 545 trabajadores del sector, de los cuales 370 eran médicos. En este contexto, las protestas del personal sanitario exigiendo mejores condiciones y mayor protección se han hecho cada vez más frecuentes.
Aunque el ministro de Salud, Carlos Alvarado, ha dicho que para diciembre de 2021 se habrá vacunado el 70% de los venezolanos y que "muy pronto" llegarán millones de dosis que ya "están contratadas", los venezolanos desconfían.
"Al ritmo actual de vacunación, el país tardará unos diez años en protegerse del Covid", aseguró Castro al diario argentino.
La pasada semana, el Gobierno venezolano anunció la suscripción de un contrato con La Habana para la compra de 12 millones de dosis del candidato vacunal Abdala que, según la vicepresidenta Delcy Rodríguez, llegarán al país durante los próximos meses.
El anuncio de la llegada a Venezuela de la Abdala, que en la última fase de ensayos clínicos mostró una eficacia de 92,2%, según La Habana, causó preocupación entre el gremio sanitario que, principalmente, argumenta que Abdala aún no puede considerarse vacuna por no contar con una autorización de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La Federación Médica Venezolana, incluso, pidió a la población "no inyectarse" la vacuna cubana, al resaltar que es un "producto biológico experimental", según EFE.
