Chile: Los tres cambios radicales que vendrán con la nueva Constitución

La izquierda global, como es el caso del sitio Rebelión, celebra con lo que vaticinan será el fin del neoliberalismo y de la hegemonía burguesa en Chile. Dentro del país sudamericano se sacan cuentas aún, se deslizan propuestas y se reajusta la propia sociedad ante el seísmo político que reflejaron las urnas para elegir a la Convención Constituyente.

No solo se enterró, tal como lo señaló DIARIO DE CUBA, a la coalición que encabezó la transición democrática tras la dictadura de Augusto Pinochet, sino que emergieron con fuerza nuevos rostros, algunos independientes otros claramente referentes de izquierda como el caso del Partido Comunista, con un clima proclive a poner punto final al modelo político, económico y social que ha regido a Chile en las últimas décadas.

El Centro de Investigación Periodística (CIPER), tras cotejar las propuestas y las hojas de vida de los 155 constituyentes electos a mediados de mayo, sostiene que la mitad de la Convención estará formada por actores que plantean cambios radicales al sistema chileno.

La presencia combinada de representantes de la Lista del Pueblo, que emergió tras las protestas de octubre de 2019, de representación indígena mapuche, una equidad de género como requisito para la composición, junto a una fuerte presencia de independientes pro-izquierda, sin filiación partidista, y militantes del izquierdista Frente Amplio y del Partido Comunista, generan proyecciones sobre aquellos temas en los que habrá cambios importantes.

Pese a que en general existía un deseo de cambio en la sociedad chilena, tal como lo venían reflejando estudios de opinión, las fuerzas conservadoras y la extinta Concertación (de centro, con socialistas moderados y socialcristianos), los actores a favor de las transformaciones radicales del sistema lograron imponerse. Incluyó, según analistas la alta abstención. Apenas cuatro de cada diez chilenos votó en la elección de constituyentes.

Muchos adultos mayores, que en general apostaban por cambios graduales al modelo, no acudieron a las urnas por temor a los contagios de Covid-19.

Un primer ámbito de cambios en Chile girará en torno al propio poder político. Este país, como tantos de América Latina, tiene un modelo presidencialista, en donde el jefe de Estado toma decisiones en prácticamente todos los espacios de la vida pública. De forma preliminar no se observa una tendencia a favor de un giro a un modelo parlamentarista, más europeo.

Chile podría contar, en su nueva Constitución, con un modelo semipresidencialista. El presidente es elegido por voto popular, y una vez en el poder nombra a un jefe de gabinete o primer ministro, una figura de su confianza. Este tendría una fuerte contraloría por parte del Parlamento, que incluso podría llegar a destituirle. Todavía no hay claridad sobre qué decidirán los constituyentes en torno a las causas para destituir a un primer ministro o jefe de gabinete o las veces que puedan hacerlo los legisladores dentro de un periodo presidencial.

Otro cambio sustantivo podría estar incluso en torno a la propia definición del Estado chileno. La presencia de 17 constituyentes indígenas, las discusiones presentes previamente en la sociedad chilena y las sinergias que se han creado entre las etnias y los partidos de izquierda, que han hecho suyas las banderas de las demandas indígenas, apunta a que eventualmente Chile pase a ser un estado pluricultural y plurinacional, tal como es el caso de Ecuador y Bolivia.

En el proceso de preparación para llegar a las urnas se acordó previamente reservar 17 escaños de la Convención Constituyente a los pueblos indígenas. Aunque existen nueve etnias, históricamente la población mapuche ha tenido un papel protagónico para enfrentarse al Estado en reclamo de sus derechos.

La incorporación indígena en las discusiones de la Carta Magna abre posibilidades para que haya definiciones sobre minería, explotación de bosques, etc., en las cuales pasaría a ser necesario el visto bueno de los pueblos originarios, previo a cualquier permiso de explotación.

Finalmente, el tercer cambio radical que vivirá Chile una vez se apruebe la nueva Constitución está en torno al papel del Estado. Hay bastantes señales previas de que habrá una transformación profunda entre el modelo actual y el nuevo que emerja de la Carta Magna.

Chile, si nos guiamos por las declaraciones de los constituyentes más favorables a los cambios radicales, pasaría a tener un modelo más estatista, un Estado interviniendo en la economía, asumiendo la seguridad social y pensiones (aunque este es un ámbito polémico en Chile), tomando control de minerales y recursos naturales.

Con mucha seguridad acabará el modelo del Estado subsidiario, que también se visualiza como una herencia de la dictadura de Pinochet (1973-1990), para dar paso a lo que podría considerarse un Estado social. Será este uno de los campos álgidos de las discusiones.

Sin que todavía haya una fecha establecida oficialmente, la Convención Constituyente de Chile deberá comenzar sesiones posiblemente este mes de junio. Sumando los plazos máximos ya acordados, la nueva Constitución debería estar aprobada por los constituyentes para junio de 2020, y en las semanas siguientes sería sometida a un plebiscito popular para su aprobación.

De acuerdo con un sondeo de la consultora Cadem, hecho luego de conocerse la composición de la Convención Constituyente, el 54% de los consultados indicó que los miembros electos "representan adecuadamente la realidad del país" y el 42% confía en que el grupo finalizará su tarea en el año de plazo establecido.

Sobre los temas que debería tratar la nueva Constitución, el 77% de los chilenos afirmó que tendría que garantizar derechos sociales, como educación, salud y vivienda, y el 63% aseguró que el proceso constituyente hará de Chile un país  "más justo y con menos desigualdades".