La exenfermera de Hugo Chávez fue acusada de lavado de dinero en una corte federal en Miami, donde se le imputa haber recibido sobornos de un magnate de medios para que diera luz verde a lucrativas transacciones cambiarias cuando fue tesorera nacional de Venezuela.
Claudia Díaz y su esposo, Adrián Velásquez, fueron acusados de aceptar al menos 4,2 millones de dólares dentro de un plan de sobornos, según los cargos presentados el viernes. Los pagos salieron de compañías y cuentas bancarias ubicadas en Suiza hacia cuentas de la pareja en Miami.
Detrás de los pagos, según los fiscales, se encontraba el empresario Raúl Gorrín, propietario de Globovisión, la última red privada de televisión que queda en el país. Gorrín figura en la lista de las personas más buscadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) después de ser acusado de estar implicado en una confabulación para lavar 2,4 millones de dólares en 2017. Su red televisiva está bajo sanciones estadounidenses por su presunto apoyo al gobierno socialista del sucesor de Chávez, Nicolás Maduro.
Díaz, de 46 años, era una contramaestre en la Armada de Venezuela que cuidó a Chávez antes de que el líder venezolano falleciera de cáncer en 2013. En 2011, Chávez la nombró tesorera nacional de Venezuela. Fue sustituida cuando Maduro fue elegido en 2013.
Díaz y su esposo, un exasesor de seguridad de Chávez, viven en Madrid, donde ambos fueron arrestados brevemente en 2018 con base en una orden judicial venezolana. El Tribunal Supremo de España rechazó la solicitud de extradición de Venezuela con el argumento de que la pareja podría ser torturada si regresaba a su país.
Fiscales estadounidenses han acusado a docenas de funcionarios y empresarios relacionados con Maduro como parte de una campaña para erradicar la corrupción que asuela al país petrolero sudamericano. Se calcula que unos 300.000 millones de dólares han sido malversados de las arcas estatales en Venezuela durante dos décadas de régimen socialista.
Por el momento no fue posible entablar comunicación con Díaz. Pero en agosto, su abogado en Madrid, Ismael Oliver, rechazó que la pareja se hubiera beneficiado desde su posición de poder.
Díaz sucedió como tesorera nacional de Venezuela a Alejandro Andrade en 2011. En lo que constituye la mayor sentencia contra un exalto funcionario venezolano a la fecha, Andrade aceptó en 2018 que le confiscaran más 1.000 millones de dólares en dinero y bienes que reconoció derivaban de aprobar lucrativos acuerdos cambiarios. El arreglo, supuestamente promovido por Gorrín y otros, continuó cuando Díaz ocupó su puesto.
Los rígidos controles cambiarios vigentes en Venezuela durante más de una década han favorecido la corrupción, permitiendo que unos cuantos privilegiados compren divisas al Gobierno al tipo de cambio oficial sobrevaluado para revenderlas en el mercado negro, obteniendo grandes ganancias.
Díaz y su esposo han tenido dificultades desde hace tiempo para explicar su abundante riqueza. En 2014, una compañía establecida en la nación caribeña de San Vicente y las Granadinas que ella presuntamente controlaba compró 250 lingotes de oro valuados en más de 9,5 millones de dólares, según expedientes judiciales de Liechtenstein obtenidos por The Associated Press.
Los lingotes, de un kilogramo (2,2 libras) cada uno, fueron almacenados en una bóveda privada en el pequeño principado europeo, a la cual tenían acceso Díaz y su hijo después de que éste cumpliera 18 años. Pocos años después, una cantidad casi idéntica de lingotes de oro fue vendida por un representante de Díaz, y gran parte del dinero resultante fue depositado en un banco suizo.
