La Audiencia Nacional de España accedió este viernes a extraditar a Venezuela a Adrián Velásquez Figueroa, guardaespaldas y jefe de seguridad del presidente fallecido Hugo Chávez, al entender que no puede ser un perseguido político porque no es un opositor, informó EFE.
La Audiencia siguió así el mismo criterio que siguió antes con la esposa de Velásquez, Claudia Patricia Díaz Guillén, reclamada también por Venezuela y quien ejerció durante años como enfermera de Chávez y fue detenida en Madrid en abril pasado junto a su marido.
En el caso de Velásquez, el tribunal rechaza que pueda ser represaliado en Venezuela porque, según los jueces, no es un opositor sino un miembro de la administración de Chávez, y el actual régimen de Nicolás Maduro "es continuista" con su línea.
Venezuela reclama a este matrimonio por delitos de blanqueo y enriquecimiento injusto a raíz de la publicación de los "papeles de Panamá", en los que aparecen empresas relacionadas con Velásquez con las que, según las autoridades venezolanas, lavaron dinero que sustrajeron de las arcas públicas.
La defensa de Velásquez alegó que era una "temeridad" entregarle a Venezuela porque es un país donde se violan constantemente los derechos humanos.
Al ser detenidos, su abogado, Manuel S. Varela, atribuyó el arresto a la búsqueda de "chivos expiatorios" por parte del régimen venezolano "para distraer a la gente de la miseria que está viviendo el pueblo" de ese país.
En un comunicado difundido a partir de la detención, la defensa de Guillén y Velásquez afirmó que sus clientes "llevan años perseguidos por el régimen venezolano" y "han visto sus familiares detenidos sin cargos, y sin la habilidad de consultar abogados o acceder a un debido proceso legal".
Añadió que "ahora este régimen ilegal continúa ignorando normas de debido proceso y justicia y, lamentablemente, ha conseguido utilizar instituciones del Estado español para realizar su esquema criminal" y por ello esperaba que "un juez reconozca este abuso de normativas internacionales y que haga justicia conforme a un Estado de derecho".
Según Caracas, Díaz Guillén, de 44 años, aprovechó su cargo como secretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) "para la obtención de beneficios económicos propios" que le permitieron adquirir propiedades en Venezuela y en el extranjero.
Además, presuntamente constituyó empresas en Panamá "con dinero obtenido de las presuntas actividades ilícitas durante su desempeño" en la administración pública, dijo la Audiencia Nacional española.
Sus supuestas actividades salieron a la luz en los Papeles de Panamá en 2016. Su nombre aparece entre los de las personas que "utilizaron la firma panameña Mossack Fonseca para la creación de empresas, con fines presuntamente delictivos", indicó el tribunal español.
Al estallar el escándalo en 2016, la Policía registró varios apartamentos pertenecientes a la pareja, donde encontraron desde motos de agua a sobres con diamantes, según medios venezolanos.
Díaz Guillén se ha declarado objeto de una "persecución política" por parte de las autoridades venezolanas. Según sus abogados, existen "serias dudas" sobre la validez de la reclamación de extradición.