La Justicia española acordó este viernes la extradición a Venezuela de Claudia Patricia Díaz Guillén, antigua enfermera personal del fallecido presidente Hugo Chávez, reclamada por Caracas, que la acusa de "blanqueo de capitales" en un escándalo que salió a la luz en los Papeles de Panamá, reporta la AFP.
"Se dan todos los requisitos legales para proceder a la entrega de la reclamada", indicó en una nota de prensa la Audiencia Nacional, jurisdicción en Madrid a cargo de las extradiciones.
Arrestada en abril pasado en la capital española a pedido de Caracas, Díaz Guillén es acusada de "malversación de caudales públicos, asociación ilícita y blanqueo de capitales, cuyas penas máximas podrían alcanzar los 12, tres y seis años de cárcel, respectivamente", señaló la nota.
Según Caracas, Díaz Guillén, de 44 años, aprovechó su cargo como secretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) "para la obtención de beneficios económicos propios" que le permitieron adquirir propiedades en Venezuela y en el extranjero.
Además, presuntamente constituyó empresas en Panamá "con dinero obtenido de las presuntas actividades ilícitas durante su desempeño" en la administración pública, dijo la Audiencia Nacional española.
Sus supuestas actividades salieron a la luz en los Papeles de Panamá en 2016. Su nombre aparece entre los de las personas que "utilizaron la firma panameña Mossack Fonseca para la creación de empresas, con fines presuntamente delictivos", indicó el tribunal español.
Junto a Díaz Guillén fue detenido su pareja, Adrián José Velásquez, también cercano al fallecido Chávez.
Velásquez es reclamado igualmente por Caracas y su extradición se tramita en un proceso aparte.
Antes de trabajar en FONDEN, Díaz Guillén fue enfermera personal de Chávez. Tras la muerte del mandatario, en 2013, salió del país con su pareja.
Al estallar el escándalo en 2016, la Policía registró varios apartamentos pertenecientes a la pareja, donde encontraron desde motos de agua a sobres con diamantes, según medios venezolanos.
Díaz Guillén se ha declarado objeto de una "persecución política" por parte de las autoridades venezolanas. Según sus abogados, existen "serias dudas" sobre la validez de la reclamación de extradición.
La exenfermera apelará la decisión de la Audiencia Nacional y el Gobierno español tendrá la última palabra, según la AP.