El pulso que enfrentó durante semanas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el secretario de su organismo madre, la Organización de Estados Americanos (OEA), se ha cerrado con la salida de su secretario ejecutivo, Paulo Abrão, y la decisión de convocar a partir de este viernes 25 de septiembre un concurso para volver a ocupar la plaza.
Durante algo más de un mes se registró un inusual conflicto ventilado a través de Twitter entre el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, y el pleno de los comisionados de la CIDH, que de forma unánime cerraron filas para defender a Abrão, señalado por personal del organismo por malos tratos y acoso laboral.
En uno de los comunicados de hace algunas semanas, la CIDH se negaba de forma tajante a dar por concluida le gestión del brasileño. Almagro, en tanto, manifestó que respetaría una nueva selección, pero también de forma tajante aseveró que no le renovaría el contrato a un personal de confianza, como es el caso del secretario ejecutivo de la CIDH, sobre el que pesaban decenas de denuncias internas.
Finalmente, el pasado 17 de septiembre, a un mes de que se hiciera pública la crisis, la CIDH anunció su decisión de abrir un proceso de selección de la persona que ocupará el cargo de titular de la Secretaría Ejecutiva y agradeció la gestión del secretario Paulo Abrão. Almagro se impuso, dado que es quien tiene la última palabra para contrataciones en la OEA. La CIDH depende administrativa y operativamente de la OEA, si bien mantiene una política de autonomía que le permite tomar decisiones de forma independiente en materia de violaciones a los derechos humanos.
La CIDH abrirá desde este viernes un proceso para se postulen candidatos y candidatas para sustituir a Abrão, quien estuvo durante cuatro años como secretario ejecutivo del organismo.
En enero pasado, la CIDH había renovado el mandato del brasileño hasta 2024. Una de las quejas que se hicieron públicas es que Almagro esperó hasta el último día, a mitad de agosto, para anunciar su decisión de dejar sin efecto el contrato de Abrão, generando una situación inédita en las varias décadas de historia de la CIDH.
Almagro respondió a estos señalamientos acusando a la CIDH de no tomar medidas internas, para responder a las denuncias de trabajadores y trabajadores del organismo en contra del brasileño.
"La forma en la que actuó Almagro, a mi juicio, no fue del todo correcta. Tras esta crisis la CIDH queda con plomo en el ala. Además, estamos ante la primera crisis 2.0, ya que se difundió principalmente a través de las redes sociales", comenta a DIARIO DE CUBA una ex funcionaria de la Comisión, veterana defensora de los derechos humanos en Sudamérica, quien pidió no se revele su identidad.
Esta activista, quien conoce de cerca a Abrão, señala que el brasileño "fue un mal gerente al frente de la CIDH, abusivo con el personal subalterno y maltratador. Un contrasentido de que alguien con una imagen de defensor de derechos humanos no respete la dignidad de su equipo de trabajo".
Dos defensores de derechos humanos de Colombia y Venezuela, consultados por DIARIO DE CUBA, manifestaron de forma separada su convencimiento de que detrás de esta crisis no existe un arreglo entre Almagro y gobiernos conservadores, como el de Brasil, para controlar o descalificar a la CIDH, tal y como señalan los Comisionados.
José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, teme que la forma en la que Almagro manejó la situación pueda terminar siendo un "pretexto para bloquear a la Comisión" y para obstaculizar su trabajo en América Latina en un momento crucial para los derechos humanos.
Tras reconocer que no había condiciones administrativas para seguir al frente de la CIDH, el brasileño se separó del cargo con un comunicado que difundió el 17 de septiembre. En esta ocasión, se refirió extensamente por primera vez a las denuncias en su contra, y lo hizo en un tono respetuoso.
La CIDH es un organismo que promueve, vigila y defiende los derechos humanos en América Latina desde 1959. La institución depende directamente de la OEA y tiene su sede en Washington. Desde el año 2000 tiene un estatuto para garantizar su independencia. La CIDH prepara las acusaciones cuando los estados son presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en los casos más graves de violaciones a los derechos humanos.
