Desde hace dos semanas la dinámica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) parece estar suspendida en el aire. La pugna entre los comisionados de la CIDH y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) no solo salpica al secretario ejecutivo, el brasileño Paulo Abrão, sino que deja en entredicho la capacidad de un ente internacional para afrontar problemas como el acoso laboral.
El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, ha ratificado los señalamientos por maltrato laboral contra Abrão y ha dicho tajantemente que no renovará su contrato, que venció el 16 de agosto. Según las normas de la OEA, la CIDH tiene autonomía para escoger a su secretario ejecutivo, pero el secretario del organismo regional tiene la potestad administrativa para hacer las contrataciones de personal.
La CIDH, a través de sus comisionados, que se han pronunciado de forma unánime, ha dicho que la decisión de renovar el mandato de Abrão se comunicó a Almagro desde enero pasado, y que este esperó el último día del contrato vigente para pronunciarse públicamente. Almagro dijo que acudió a Twitter para ventilar la situación por la falta de respuestas internas en el seno de la CIDH al cúmulo de denuncias de empleados y empleadas que señalan al brasileño.
Desde el año 2000, cuando se establecieron parámetros claros de independencia operativa y política de la CIDH, no se había vivido una situación como esta. Para la CIDH, Abrão sigue siendo el secretario ejecutivo y para la OEA no lo es.
Almagro recomendó que para destrabar la situación la CIDH, de forma autónoma, haga una nueva selección, en la que dijo no tendría ninguna incumbencia. Pero ratificó al mismo tiempo que no le renovará el contrato a un personal de confianza, como es el caso de Abrão, sobre el que pesan tantos señalamientos internos.
Un grupo de 400 organizaciones de derechos humanos de las Américas emitió un comunicado en el que tácitamente respalda a Abrão, en aras de que se preserve la autonomía de la CIDH, pero al mismo tiempo exige una investigación imparcial de las acusaciones que pesan sobre el activista de derechos humanos.
Medios de prensa, especialmente en Brasil, han señalado que la pugna entre Almagro y Abrão en realidad está relacionada con la posición de izquierda de este último. Según esas versiones, la relección de Almagro se logró por el papel de países regidos por gobiernos conservadores como Brasil, Colombia, Chile, Perú y el propio Uruguay. Y en ese sentido, se intentaría suavizar los cuestionamientos de la CIDH hacia esos países.
"Hemos estado en las dos últimas semanas bajo mucha presión. Tanto la secretaría ejecutiva de la CIDH como la secretaría general de la OEA nos han estado pidiendo, al personal técnico, que fijemos posición en el conflicto, indicándonos que firmemos cartas en una u otra dirección. El clima es muy agobiante. Prácticamente hemos dejado de trabajar de lleno en los casos de violaciones a los derechos humanos", comentó a DIARIO DE CUBA una abogada sudamericana con largos años de servicio en la CIDH. Esta abogada habló con la condición de que no se revelara su identidad.
Almagro explicó en un comunicado el 28 de agosto que los señalamientos contra Abrão desvelaban "una situación muy seria". Unos 12 denunciantes han publicado una carta en la que explican que las quejas sobre Abrão fueron presentadas ante Almagro y la ombudswoman de la OEA, Neida Pérez.
Los extrabajadores aseguran que, en los últimos años, Abrão fue parte de acciones que desembocaron en "abuso de poder, hostigamientos, retaliaciones, humillación pública, sustracción de funciones injustificadas, pérdida de cargos y discriminación en relación con otras personas de cargos similares".
Almagro se ha quejado de que tales denuncias ya se conocían en el seno de la CIDH antes de enero de 2020, cuando los siete comisionados de la CIDH votaron de forma unánime por la renovación del mandato de Abrão para el período 2020-2024.
Para José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, los señalamientos de la OEA respecto a las denuncias laborales deben ser atendidos con independencia de la operación del organismo.
"Los abusos merecen ser resarcidos, no se pueden quedar solo en chismes. Si hay denuncias tan graves, deben ser investigadas con rigor", dijo.
Empero, Vivanco teme que la forma en la que la OEA ha interferido pueda interpretarse como un "pretexto para bloquear a la Comisión" y para obstaculizar su trabajo en América Latina en un momento crucial para los derechos humanos.
La CIDH es un organismo que promueve, vigila y defiende los derechos humanos en América Latina desde 1959. La institución depende directamente de la OEA y tiene su sede en Washington. Desde el año 2000 tiene un estatuto para garantizar su independencia. La CIDH prepara las acusaciones cuando los estados son presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en los casos más graves de violaciones a los derechos humanos.
